DEL GRAN DESPRECIO DE
LA CASTA POLITICA POR LA FUNCION PUBLICA
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Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional
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-Con
el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las
víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de
su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles
mano al bolsillo y al horario laboral de
quienes inútilmente proclaman su inocencia.
Con el funcionariado
está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son
presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para
desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de
quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al
ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración
pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como
parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes
sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los
funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de
los gobernantes por ver ratificada su decisión.
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas
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Detrás de todo ello
hay una ignorancia supina del origen del
funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la
estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de
precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de
ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien
gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En
coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función
pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en
propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar»
o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca
por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios
consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se
apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito
sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar
aquella garantía del Estado de derecho.
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| Jose Mª Gancedo,responsable de la función pública en el Gobierno del Principado de Asturias |
El Principado recurre la sentencia que anula la
jornada de 40 horas a más de dos mil funcionarios. El PP prevé un coste de
nueve millones si reclaman todos los afectados.
http://www.lne.es/asturias/2013/04/17/principado-recurre-sentencia-anula-jornada-40-horas-mil-funcionarios/1398542.html |
| http://www.lne.es/asturias/2013/04/16/principado-recurrira-sentencia-anula-aumento-jornada-funcionarios/1398255.html |
Los que más
contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el
partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar
no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como
un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles
legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes
de la soberanía popular.
En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a
la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una
deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio
de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número,
los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas
salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre
designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en
alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán
como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo
de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta
de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la
convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en
la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la
Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción
económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
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| Pérdida inflacionaria de poder adquisitivo de los funcionarios. |
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| Peso de los funcionarios % sobre la población asalariada en el año 2007. |
En contraste, los políticos en el poder no renuncian a
sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas,
que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la
empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que
no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los
malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Francisco J.
Bastida.
Catedrático de
Derecho Constitucional.
Universidad de Oviedo.