La malversación de caudales públicos, el blanqueo de capitales y el desvío de
fondos de todos estos casos suman ya una cantidad que se acerca a los 1.200
millones de euros.
Ayer lunes saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce
empresarios por blanquear dinero en Suiza. El pasado jueves 6 de junio le tocó a
la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por
irregularidades en la compra del City National Bank of Florida. 15 días atrás
los protagonistas fueron los ERE de Andalucía: la juez Alaya encarcela a cuatro
detenidos, entre ellos el sindicalista de UGT Juan Lanzas, por cobro de
comisiones... No hay semana en España que no salga a la luz un nueva imputación
o caso de corrupción vinculado a dinero público.
Paro, corrupción y economía no dejan dormir
 |
La corrupción va en aumento por la tolerancia de los gobiernos de turno, los grandes culpables de la corrupción existente en España, y porque los corruptos no son castigados de forma ejemplar.
La endogamia política ha fagocitado la sociedad civil |
 |
Small-Town Mayor’s Millions as Exhibit A on Graft in Spain
La corrupción en España, portada en el ´New York
Times´. Destaca
un artículo que apunta al escaso "control" sobre el "enorme
poder de las autoridades locales"
|
 |
Leopoldo Calvo Sotelo
|
1.-La Transición Española: Gobiernos de Adolfo
Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)
Caso del aceite de colza: Venta fraudulenta de
aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la
muerte de 700.
Caso Fidecaya: Un agujero en esta entidad
de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una
presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación
que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la
empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la
mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por
el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya
comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a
petición de la Fiscalía en 1989.
 |
Felipe Gonzalez Márquez
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/1961/Felipe%20Gonzalez%20Marquez |
2.-Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)
Durante
los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V
Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
Caso Flick: Trama española de un gran
caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por
parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación
Friedrich Ebert , próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de
millón de marcos para financiar al PSOE.
Caso KIO: Suspensión de pagos por
valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de
esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado,
según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de
euros).
Caso Wardbase: Una causa separada del
anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a
Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
Caso de los fondos
reservados:
Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico
por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado,
enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos
funcionarios del ministerio del Interior.10
Caso Rumasa: Expropiación, venta y
liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total,
debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos
.
Caso Filesa: Financiación ilegal del
PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre
1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios
de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca
llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se
encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el
responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.
Caso Ave: Cohecho y falsedad en
relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación
del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Caso Seat: Pago de 175 millones de
pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la recalificación
irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente
al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los
acusados por haber prescrito el delito.
Otros 3 sumarios.
Caso Osakidetza: En las oposiciones al Servicio
Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes
que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado
cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron
detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras
tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar
a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones
de responsabilidad.
Caso Cesid: Escuchas ilegales practicadas
por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
Operación Mengele: Presunto secuestro y
expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte
del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que
debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que
se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue
sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra: Condena de Juan Guerra,
hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude
fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y
usurpación de funciones.
Caso Casinos: Desvío de unos 3.000
millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente,
Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal
de Convergencia i Unió.
Caso Ibercorp: Especulación bursátil con
valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de
España.
Caso Urbanor: Una serie de
irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres
KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid,
al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo
absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la
Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio
Supremo, por falsedad documental en su defensa.
Caso Sarasola: Gestión irregular por
parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la
concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de
bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.22
Caso Urralburu: Una trama de prevaricación
y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas
por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre
1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio
Aragón.
Caso Bardellino: La liberación bajo fianza y
huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
Caso Godó: Escuchas ilegales o
espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del
periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue
finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar
la red.
Caso BFP: En 1992 se descubrió un
delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de
BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas.
En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU
y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre
ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Caso Gran Tibidabo: Causa contra el empresario
Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de
Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la
compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de
delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la
Hacienda Pública.
Caso Estevill: Trama de corrupción
judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial,
Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
Caso Turiben: Una presunta red de
facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para
estafar al Estado justificando dietas.
Caso Salanueva: Detención de la ex
directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el
29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel
prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al
del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y
Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por
imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con
cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
Caso Expo'92: Cohecho, prevaricación y
un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras
siete años de instrucción.
Caso Roldán: Llamado así por Luis
Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido
ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y
1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.Caso Paesa:
Vinculado al anterior.
Caso Banesto: Un agujero patrimonial de
3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a
siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y
50 empresas en las que la entidad participaba.
Caso Palomino: El cuñado de Felipe
González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta
de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por
Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente,
una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de
Sevilla.
Caso GAL: Creación y financiación
ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de
ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos
cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José
Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador
civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en
Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor
X", el dirigente del entramado GAL.
Petromocho: Fraude perpetrado por un
tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de
100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de
petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía
recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo
provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis
Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Caso Naseiro: Financiación ilegal del
Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV: Fraude y apropiación
indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y
financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su
gestora, IGS.
Caso Hormaechea: Prevaricación y
malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex
alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994
a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería: Subvención ilegal de
compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP
y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a
ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Caso Sóller: Prevaricación y cohecho en
la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de
Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los
tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.
 |
Jose Mª Aznar López
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/1976/Jose%20Maria%20Aznar |
3.-Gobierno de José María Aznar López (1996-2004) (VI y
VII Legislatura de España)
Caso Zamora: Iniciado en 1997 para
investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a
través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8%
de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33
personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu
archivado en 2002.
Caso Pallerols: En 1997 salió a la luz
pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a
través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas
por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación
laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la
Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
Caso del Lino: En 1999 la Junta de
Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo
lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre
ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año,
la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante,
el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe
denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de
6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18
imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las
conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de
control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134
millones de euros cobrados.
Caso Sanlúcar: En 1999 miembros del PSOE
y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en
Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de
influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y
Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.
Caso Villalonga: Presunto tráfico de
influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció
mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de
Telefónica.
Caso Tabacalera: Presunto enriquecimiento
ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por
parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un
sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse
prescrito el delito.
Caso Forcem: Presunto fraude en la
Fundación para la Formación Continua (FORCEM),
constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE,
CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los
trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de
las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y
alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de
100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al
Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos
responsables.
Caso Gescartera: Un agujero patrimonial de
50 millones de euros en esta sociedad de inversión.
 |
Jose Luis Rodriguez
Zapatero
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/6091/Jose%20Luis%20Rodriguez%20Zapatero |
3.-Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
(VIII y IX Legislatura de España)
GIL Andalucía / Caso Malaya
(desde 1991 hasta 2006) : El saqueo a Marbella es de 500 millones. La red de
testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca 500 M€
robados. 671,4 M€ blanqueados.
GIL Andalucía / Deudas con
Hacienda y la Seguridad Social : Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la
mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 M€
PSOE 17 ayuntamientos /
Tramas urbanísticas : Varios municipios del PSOE, investigados por tramas
urbanísticas .
PSOE Andalucía / Casos de
corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y
33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos.
PP Madrid / Valencia Caso
Gürtel : La
'Gürtel' costó 120 millones al erario público 120 M€ recaudados por la trama.
48,1 M€ blanqueados.
PP Baleares / Gobierno de
Jaume Matas
: La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados. 46,9 M€ sólo en 8
casos de los investigados.
PP Diversos ayuntamientos/Recalificaciones
y adjudicaciones presuntamente irregulares: Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP.
PSC(PSOE)+CIU Cataluña /
Caso Pretoria
: El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada
"pelotazo" (Total : 44 M€).
PP Salamanca / Constructores
con trato de favor
: El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo
del alcalde 1.160.000€.
PP Salamanca / Constructores
con trato de favor
: El Ayuntamiento de Salamanca perdona 20 millones de euros a los constructores
20 M€.
Caso Zarrafaya: En 2005 el alcalde socialista
de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de
cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años
de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un
complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también
socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por
desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.
Caso de la Ciudad del Golf: Presuntos delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un
complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los
imputados fueron absueltos.
Caso Bolín: Condena del ex alcalde
popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como
al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al
conceder licencias de obra ilegales (2008).
Caso Salmón: En 2008, el presidente del
PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue
archivado al no encontrarse pruebas de delito.
Caso Sayalonga: En 2009 José Luis Navas
(PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de
inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en
2000.
Caso Matsa: En 2009, la Junta de
Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de
minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias
denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de
incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz
Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos
querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún
delito.
Caso Alzoaina: El ex alcalde de Alozaina,
Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por
dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.
Caso Plasenzuela: Presunta Prevaricación,
malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de
esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4
millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una
residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista,
el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo
Galán Encina, del Partido Popular.
Caso Castelfullit: Presunta falsedad de
documento público por parte del alcalde de Castellfullit de la Roca, Moisés
Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo
ayuntamiento.
Caso de los EREs falsos
(Andalucia):
Una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que
saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se
detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones
de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían,
presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y
Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía.
El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de
Cuentas.
Caso Marea (Asturias).: En enero de 2011 el ex
consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno
Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de
prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y
negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de
adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.
Caso Campeón: Una presunta trama
dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas,
que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se
investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde
socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de
Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de
influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una
apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado
400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.
Caso ITV: Derivado del anterior, una
presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo
a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los
convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e
Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres
empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos
delitos.
Caso Millet: Presunto desfalco de 35,1
millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del
presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi
Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían
sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de
Catalunya.
Caso Cambril: Condena a 15 meses de
prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad
jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra.
Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.
Caso Porcuna: La ex alcaldesa socialista
de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21
años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres
licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales
fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460
euros.
Caso Nueva Rumasa: Quiebra y venta de este
grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por
parte de la familia Ruiz-Mateos .
Caso Nóos o Caso Urdangarin: Derviación del caso Palma
Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y
duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de
euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta
Cristina.
Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe
de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre
otros.
Operación Biblioteca : Detenido el Alcalde de
Aledo (Murcia) y otros.
Caso Brugal
 |
Mariano Rajoy Brey
|
4.-Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...) (X Legislatura
de España)
Caso Berzosa: Presuntas irregularidades
detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la
Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5
millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como
57 viajes en coche a Atenas, que obviamente no son tales, sino 57 entradas
contables diferentes del mismo viaje). Por ello la Asamblea de Madrid ha
reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo,
ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales
públicos e, incluso, tráfico de influencias. José Carrillo, actual rector, ha
rendido cuentas ante la Asamblea de Madrid. La Fundación de la UCM ha defendido
la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.
Caso Garzón: Baltasar Garzón es
condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por un
delito de prevaricación, al ordenar la escucha ilegal de los abogados
defensores de Francisco Correa durante la instrucción judicial de otra trama de
corrupción, el caso Gürtel.
Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos
15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de
la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11
comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy
singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias
de detectives privados.
Caso Dívar: El presidente del Poder
Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol,
con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares,
y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar
presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja
el cargo.
Caso de la cooperación: Presunto desvío de más de
6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y
Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no
gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular
Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda
humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.
Caso Alcorcón: Según un informe del
Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de
España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique
Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la
aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la
actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.
Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El
Mundo publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre
5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros
del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad
y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario
exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales.
según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009. Publicaciones posteriores
muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual
cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que
estos eran pagados por empresarios.
Caso Amy Martin: En enero de 2013, salía a
los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas ,
vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se
descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la
Fundación, Carlos Mulas.
 |
| Así debían acabar todos los corruptos, encarcelados hasta que devolvieran el último centavo robado a los contribuyentes. ¡Nos han destrozado la vida ! |
Corrupción en España
Corrupción en
España, un suma y sigue
La
corrupción "sacude casi todas las instituciones" en España, según
'The New York Times'