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José Manuel Martínez, de IU, exalcalde de Cangas del Narcea |
El Gobierno del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, con la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2008 , de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, dotado con 3.000 millones de euros, que fue complementado con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008, puso en marcha el Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo ("Plan E")que englobaba 80 medidas económicas, financieras y fiscales. ¡Todas un auténtico desastre y que tuvimos que pagar los contribuyentes!
a) Actuaciones de
I+D+i.
b) Actuaciones en el
sector de automoción.
c)Actuaciones
medioambientales, especialmente en agua, costas, repoblación forestal, limpieza
de montes, etc.
d)Construcción,
adecuación, rehabilitación y mejora de edificios públicos especialmente
casas-cuartel, comisaría y centros penitenciarios.
e) Rehabilitación de
viviendas y rehabilitación de espacios urbanos.
f) Actuaciones en
pequeñas infraestructuras del transporte, tales como pasos a nivel,
conservación de carreteras, etc.
g) Actuaciones
vinculadas con la prestación de servicios sociales: turismo social y atención a
la dependencia.
El «Plan E» incluyó dos fondos para
apresuradas e innecesarias obras en municipios, obras que surgieron por generación espontánea, imprevisibles e innecesarias.
En el
primero, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) realizado en 2009, se
fueron 7.860 millones.
En el
segundo, llamado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL),
en 2010, otros 4.250 millones de euros.
En total, 12.110 millones de euros.
Sólo
con el primero de ellos, con el FEIL, se fueron 37 millones de euros en
carteles, de propaganda socialista. Eran obligatorios, condición imprescindible. Tanto que quien no los
colgó a tiempo hasufrido una corrección financiera, ha tenido que devolver las
subvenciones recibidas y, encima, con intereses. Es el caso del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), que en 2010 se embarcó en la reforma de una
pequeña plaza de su casco antiguo animado por las subvenciones del «Plan E».
El cartel, a veces costaba más el cartel que el
contrato, lo colgó, pero tarde, cuando la obra ya estaba empezada. Lo dejó más
tiempo, por eso de compensar la publicidad que debía hacérsele al Gobierno,
pero ni aun así se le ha perdonado la sanción. El resultado: una obra que costó
92.686 euros y que se hizo porque la pagaba íntegramente el Estado, acaba suponiéndole
al Ayuntamiento 107.319 euros que ahora tiene que abonar al Estado, los 92.686
euros de subvención que debe devolver, más 14.683 euros en concepto de
intereses.
Casi tres de cada cuatro obras y proyectos ejecutados
en el marco del primer ‘Plan E’ de Zapatero, en el año 2009, no
acreditaron ser inversiones “de necesidad pública” para los municipios en
los que se realizaron. Así lo ha constatado la fiscalización llevada a cabo
por el Tribunal de Cuentas del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y que
concluye que el 70% de los proyectos financiados incumplió con lo que era un
requisito básico para la adjudicación de los fondos invertidos. En total, 8.000
millones de euros que suponían el 0,8% del PIB de España en el año 2009.
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Zapatero meditando acerca del disparatado "Plan E" |
El estudio elaborado por el Tribunal de
Cuentas se desarrolla sobre una muestra de 1.270 proyectos
llevados a cabo en 700 ayuntamientos y mancomunidades y pone en entredicho
dos de las principales bases sobre las que se articuló ese primer plan de
estímulo de la economía con el que se intentó atajar los efectos del pinchazo
de la burbuja inmobiliaria: el fondo no sirvió para crear empleo estable a
largo plazo (solo el 4% de los trabajadores contratados seguían trabajando
en la empresa a finales de 2011) ni desarrolló obras consideradas de necesidad
básica para los municipios que, en su mayoría, aprovecharon el ‘Plan E’ para
desarrollar obras ya previstas con anterioridad y no ejecutadas por falta de
fondos.
El Tribunal de Cuentas realizó un segundo informe de
fiscalización sobre el FEIL, firmado por su presidente, Ramón Alvarez de
Miranda, con fecha 25 de abril de 2013, cuyas conclusiones de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aún no se ha publicado en el BOE
y, por tanto deconocemos.
Pues bien, las conclusiones de ambos informes no pueden ser más contundentes la verdad, si bien las conocemos demasiado tarde tal y como nos tiene acostumbrados el Tribunal. Por citar alguna de ellas, aunque es difícil seleccionar entre tanto material podemos destacar tres con graves consecuencias:
1) La normativa
reguladora del FEIL adoleció de fallos básicos: no se exigía que en el criterio
de creación de empleo se valorase el número de trabajadores nuevos contratados
respecto del número de días trabajados. Consecuencia: se otorgó en las
adjudicaciones una mayor puntuación a aquellos proyectos que preveían contratar
un mayor número de trabajadores nuevos independiente del número de días
contratados (en una de las obras de Sevilla, se contrataron más de 500
trabajadores pero por un solo día).
2) En la fiscalización
realizada por el Tribunal se han detectado desviaciones a la baja entre el
número de puestos de trabajo comprometidos en la adjudicación de contratos y su
ejecución real. Además se ha comprobado la contratación de un elevado número de
trabajadores por periodos de tiempo muy cortos. Consecuencia: se crearon menos
empleos de los comprometidos y además con un grado de temporalidad muy elevado.
3) En el 70% de los
expedientes de contratación de obras financiadas con cargo al FEIL no se
acreditó la necesidad pública de la inversión, mientras que en el 30% de los
expedientes no se incluyó el precio como criterio de valoración para la
adjudicación del contrato. Señala el Tribunal que los entes locales al tener
asegurada la financiación de la ejecución de la obra a través del FEIL no
tenían interés directo en que se produjeran bajadas de precio en las
adjudicaciones de contratos. Consecuencia: el 53% de los contratos se
adjudicaron por el importe máximo de la licitación sin bajar un euro.
En ambos casos la gestión no ha podido ser más aberrante para el contribuyente, que ha visto dilapidados, despilfarrados y saqueados 12.000 millones de euros … ¡Ahí es nada! Y el expresidente del Gobierno, Jos Luis Rodriguez Zapatero, tan campante bajo el techo del Consejo de Estado, ´después de haber cometido estas aberraciones con sus conciudadanos los españoles, a los que no se digna , tan siquiera, de pedir perdón por este saqueo digno de los tártaros.
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Asturias (España) |
Pues bien, es en este plano de despilfarro y saqueo de
las arcas públicas donde se encuadra la noticia que ha saltado a la prensa
asturiana del exalcalde de Cangas del
Narcea, José Manuel Martínez, de IU, alcalde entre los años 2007-2011.
El Ayuntamiento ejecutó obras con cargo a los fondos
estatales del "Plan E" (FEIL), pero no
se debieron de hacer bien, ajustadas a la normativa reguladoras de las mismas,
porque el exalcalde, José Manuel
Martínez, de IU, ha sido imputado por la supuesta adjudicación, irregular, de
la obra de acondicionamiento del camino que va de Gedréz a Pidrafita y Jalón,
en el término municipal del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. El asunto por el que ha sido imputado se inició con un
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la
adjudicación de la obra del camino de Piedrafita a Jalón.
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Cangas del Narcea (Asturias) |
La cuestión fundamental de la imputación
radica en la indebida adjudicación de la obra a la empresa “Contratas Regueiro S.L”. por 379.078,18
euros, y un plazo de ejecución de 4 meses y plazo de garantía de 21 meses,
cuando había otra empresa, “Contratas Mecuma
S.L”., que había ofertado ejecutar la misma obra por 322.531,74 euros y un
plazo de ejecución de 3 meses y medio y plazo de garantía de 24 meses.
La obra fue adjudicada por el alcalde a CONTRATAS Y ASFALTOS REGUEIRO S.L. por 379.078,18 € -
IVA incluido. (Ver “perfil de contratante”)
Vistos estos datos, el Ministerio exigió al
Ayuntamiento de Cangas del Narcea el reintegro de 56.546,44 euros. Fue entonces
cuando el actual equipo de gobierno (PP), presidido por el alcalde José
Luis Fontaniella Fernández, acudió a la fiscalía del Principado al entender
que podría haber indicios de delito.
A esta manifiesta vulneración de la ley de contratos,
se suman otros presuntos delitos como certificar obra sin haber sido ejecutada,
es decir, certificar obra por mayor importe del ejecutado.
La fiscalía, opinando en idéntico sentido que gobierno consistorial de Cangas del Narcea, ha
solicitado la imputación del exalcalde José Manuel
Martínez, de IU, en el juzgado de Cangas del Narcea, y ha presentado
una querella por malversación de caudales públicos y
falsedad en documento público en otras seis obras ejecutadas con cargo al
malhadado pla de Zapatero conocido como FEIL:
Pero, aunque no cabe duda de la
responsabilidad del exregidor de la Corporación, José Manuel Martínez, de IU, por la
malversadora y desatrosa ejecución de las obras, no hemos de olvidar a los funcionarios que colaboraron
en las causas de esta querella de la fiscalía, como son los integrantes de la
Mesa de Contratación y el Director facultativo de las obras.
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José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea |
La Mesa de Contratación la presidió, vulnerando la normativa contractual, el propio alcalde José Manuel Martínez, de IU, debiendo
figurar entre sus integrantes el Interventor, el Secretario y otros vocales que
desconocemos, porque dicha información no figura en el “Perfil de Contratante”.
Pues bien, las irregularidades comienzan con este acto
de la Mesa de Contratación, ya que
el Alcalde, órgano de contratación, no puede presidir, jamás, la Mesa de
Contratación. Lo dice claramente la
normativa reguladora de la contratación pública:
Artículo 81. Mesa de
contratación. 1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 12.4, el
órgano de contratación para la adjudicación de los contratos por procedimiento
abierto o restringido estará asistido por una Mesa constituida por un
Presidente, los vocales, que se determinen reglamentariamente, y un Secretario,
designados por el órgano de contratación,
el último entre funcionarios del propio órgano de contratación o, en su
defecto, entre personal a su servicio. En el procedimiento negociado la
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. En la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de
derecho público y Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
deberán figurar necesariamente entre los vocales un funcionario de entre
quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico
del órgano de contratación y un interventor.”(REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000,de 21 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratosde las Administraciones Públicas.)
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Puente colgante (Cangas del Narcea) Obra polémica |
Es decir, es el órgano
de contratación, el Alcalde en este caso, el que tiene que designar a los
integrantes de la Mesa de Contratación,
y lo que no puede hacer es nombrarse a
sí mismo. Por tanto, si ya la selección
del Contratista está mal hecha por la Mesa, todo irá, necesariamente, mal, muy
mal. Pero, de lo que no cabe duda, es que tan
responsable es el Alcalde como el resto de los integrantes de la Mesa, entre ellos
el Interventor y el Secretario, si no salvaron su responsabilidad.
Para rematar la mala gestión del Ayuntamiento, el Director facultativo de la obra, según
la querella, certificó obra no ejecutada. Por tanto, la querella se debe
extender también a estos funcionarios que colaboraron en la adjudicación
indebida y en la falsa certificación de la obra ejecutada.
La FederaciónAsturiana de Concejos (FACC), hasta ahora presidida por el inefable Antonio de Luis Solar, alcalde de Pravia,se tenía que haber ocupado de dar formación en materia contractual a los municipios de Asturias, y al suyo propio, para que no se cometan estas flagrantes vulneraciones de la normativa contractual, ¡Vaya desastre de formación administrativa en estos funcionarios de la Administración Loacal ¡ A ver si el nuevo presidente de la FACC lo remedia. Aunque no lo creo.
La FederaciónAsturiana de Concejos (FACC), hasta ahora presidida por el inefable Antonio de Luis Solar, alcalde de Pravia,se tenía que haber ocupado de dar formación en materia contractual a los municipios de Asturias, y al suyo propio, para que no se cometan estas flagrantes vulneraciones de la normativa contractual, ¡Vaya desastre de formación administrativa en estos funcionarios de la Administración Loacal ¡ A ver si el nuevo presidente de la FACC lo remedia. Aunque no lo creo.
Publicado por Alejandro Mon