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LA LEY PARA PODER CESAR A LASECRETARIA DE GIJON LA APROBO EL PSOE, AHORA ADALID DE LA LEY DEL EMBUDO


Miguel Conde ha recordado que esa decisión se ha tomado amparada por leyes aprobadas por gobiernos del PSOE, los mismos socialistas que "aplicando su particular "ley del embudo" no admiten que pueda hacer lo mismo, con todo derecho, por razones organizativas, Carmen Moriyón". 
La pinza PP_PSOE sigue viva como vivo sigue el “pacto del duernu”. Que se lo pregunten a  Cherines que ha hundido el PP asturiano. …  echándose la soga al cuello.  
¿Qué han hecho los socialistas con los funcionarios durante estos treinta años que han gobernado Asturias? Precisamente lo que AHORA REPROCHAN a Carmen Moriyón. Han removido de sus puestos de funcionarios hasta a los conserjes … ¡Hay que ser hipócritas, falsos y mentirosos ¡ Vean las sentencias  … que sistemáticamente incumple el Gobierno socialista asturiano!
 ¿Cómo puede ser tan hipócrita y falsa LNE, tabloide que ha protegido y sigue protegiendo a los socialistas callando sus tropelías … innumerables tropelías en estos sus treinta años de gobierno? Pues ahora sale diciendo que  …” Urgen leyes que devuelvan la independencia a los funcionarios”… Mayor falsedad e hipocresia no se ha visto nunca…!!! Su agitrop no tiene parangón en la historia del sectarismo.

Dice LNE en su editorial: "Urgen leyes que devuelvan la independencia a los funcionarios": el cinismo e hipocresía de LNE no tienen límite...Ahora bien,  maneja como nadie el agitprop ...



Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón

Artículo 130. Órganos superiores y directivos.
1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes:
A) Órganos superiores:
a) El Alcalde.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
B) Órganos directivos:
a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma.
d) El titular de la asesoría jurídica.
e) El Secretario general del Pleno.
f) El interventor general municipal.
g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.
2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b).
3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1 c), permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.” (Art. 130   Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local)

Funcionarios con habilitación de carácter estatal/ Municipios de gran población/Libre designación.-Excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. No obstante, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición, será precisa la autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera. Igualmente, será necesario informe preceptivo de la Administración de tutela para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese.”(Apdo 5.2 Disposición Adicional Segunda/Funcionarios con habilitación de carácter estatal/ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)

Urgen leyes que devuelvan la independencia a los funcionarios

En un hecho insólito, la alcaldesa casquista de Gijón, Carmen Moriyón, ha destituido a la secretaria del Ayuntamiento, la funcionaria de mayor rango, aduciendo razones de organización interna. Sin más explicación que una presumible pérdida de confianza, las mínimas condiciones para una remoción, abandono de las funciones o prácticas que pongan en peligro el patrimonio, parecen no existir. La decisión puede considerarse así un capricho propio de actitudes caciquiles, que de la forma más grosera explica el proceso que ha ido minando la independencia que garantizaba la legalidad y la fiscalización en la Administración pública y que se remonta a 1979, cuando los partidos tomaron posesión de las corporaciones locales.

En 1979, con el pretexto de desterrar la ineficaz burocracia franquista, la izquierda, pionera en el desembarco en los ayuntamientos, se puso manos a la obra para empedrar el camino que llevaría a ejercer incontroladamente un albedrío proveniente de la legitimidad del voto que se fue anteponiendo a cualquier otra consideración, incluida las propias leyes.

Flamante premio «Príncipe de Asturias» de las Letras, el escritor jienense Antonio Muñoz Molina ha descrito mejor que nadie en su ensayo «Todo lo que era sólido» esta desviación que, a corto, medio y largo plazo, acabaría facilitando en España desde las pequeñas corruptelas hasta los más grandes pelotazos urbanísticos.

Una vez despejado el tránsito a la discrecionalidad sectaria, con unos funcionarios de los cuerpos del Estado, secretarios e interventores, desprovistos de la potestad que otorga la ley y sometidos al control de sus superiores, políticos de todos los partidos emprendieron una carrera desbocada que aún no ha cesado de tropelías más o menos camufladas en una legalidad cada vez más acomodada a sus intereses, y que ahora en Gijón alcanza su cénit en cuanto a desfachatez.

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Dora Alonso Riesgo, exSecretaria municipal de Gijón
Comunicado de ForoAsturias 

Foro dice que la ley para destituir a la secretaria la aprobó el PSOE en 2007 (Apdo 5.2 Disposición Adicional Segunda/Funcionarios con habilitación de carácter estatal/ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)

Funcionarios con habilitación de carácter estatal/ Municipios de gran población/Libre designación.-Excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. No obstante, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición, será precisa la autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera. Igualmente, será necesario informe preceptivo de la Administración de tutela para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese.”(Apdo 5.2 Disposición Adicional Segunda/Funcionarios con habilitación de carácter estatal/ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)

En Foro Asturias de Gijón ha llamado la atención la iniciativa de PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida-Los Verdes de solicitar un pleno extraordinario en el que se trate la restitución de la exsecretaria municipal, Dora Alonso, máxime cuando, según el secretario general del partido en Gijón, Miguel Conde, la destitución se ha hecho en base a la Ley 7/2007, de Modernización de la Administración Local, que «fue elaborada por un Gobierno socialista y aprobada por un parlamento con mayoría socialista», al tiempo que recuerda que esa normativa la aplicó «el alcalde de Vitoria, del PP, en julio del año pasado».

Miguel Conde secretario general de Foro Gijón

Conde fue especialmente crítico con el PSOE a cuyos miembros calificó de «especialistas en abusar de las libres designaciones ilegales que tuvo que anular el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)», al tiempo que les acusó de negar «hipócritamente a la alcaldesa Carmen Moriyón el derecho a realizar una libre designación al amparo de la legislación vigente».

El secretario general de Foro en Gijón rechaza los planteamientos de los grupos de la oposición municipal porque «no estamos ante una crítica respetable por una mera decisión de gobierno». Apunta que el grupo municipal socialista hizo uso de este derecho a la libre designación entre funcionarios con habilitación de



 carácter estatal para nombrar a la secretaria del Ayuntamiento en 2006

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El secretario general de Foro Gijón, Miguel Conde, ha afirmado hoy que "los socialistas, especialistas en abusar de las libres designaciones ilegales que tuvo que anular el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, niegan hipócritamente a la alcaldesa Carmen Moriyón el derecho a realizar una libre designación al amparo de la legislación vigente".

Tras el cese de la secretaria municipal del Ayuntamiento, Dora Alonso, el dirigente de Foro Gijón ha advertido en declaraciones a los medios que se trata de una decisión respaldada por la ley amparada por las competencias que tiene la alcaldesa.

"Nadie se atrevería a comentar ni palabra, en un estado de derecho, cuando la máxima autoridad de cualquier institución, toma las decisiones que puede y debe tomar al amparo de las facultades que le concede la ley, si considera que así contribuye mejor a la misión que le ha sido encomendada por el cuerpo electoral", ha señalado.

 Conde ha recordado que esa decisión se ha tomado amparada por leyes aprobadas por gobiernos del PSOE, los mismos socialistas que "aplicando su particular "ley del embudo" no admiten que pueda hacer lo mismo, con todo derecho, por razones organizativas, Carmen Moriyón".

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Los foristas acusan al PP de aliarse con la izquierda para derribarlos de la Alcaldía

Foro arremetió ayer contra el Partido Popular (PP), la formación que con los votos de sus cinco concejales le dio la Alcaldía de Gijón a la forista Carmen Moriyón Entrialgo tras las elecciones municipales de 2011, y por medio de su secretario general en la ciudad, Miguel Ángel Conde León, acusó a los populares de protagonizar «un nuevo episodio de la alianza con el PSOE, en su único afán de acoso y derribo al gobierno de Foro».

Miguel Conde, en una conferencia de prensa que protagonizó en la sede de Foro en la ciudad al día siguiente de que los tres partidos de la oposición municipal (PSOE, PP e IU-LV) unieran sus fuerzas para forzar un Pleno que restituya en su puesto a la secretaria municipal, Dora Alonso, destituida el pasado martes por la Junta de Gobierno, consideró «un ejemplo más de la actuación hipócrita y sin escrúpulos del Partido Popular en Asturias y en Gijón» la decisión de los populares de unir sus fuerzas con la izquierda en contra de Foro.


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PP y PSOE refuerzan su lucha por restituir a la secretaria municipal tras el ataque de FAC

"Foro saca a pasear alianzas imposibles para justificar comportamientos imprudentes y caprichosos. La única alianza que tiene el PP es con la transparencia y la legalidad". Ángeles Fernández-Ahuja, presidenta de la gestora del PP gijonés, contestaba ayer con esta contundencia a Miguel Conde. El secretario general de Foro Asturias en Gijón había acusado públicamente un día antes al PP de haber formalizado una alianza con la izquierda municipal, y más en concreto con el PSOE, "con un único afán de acoso y derribo al gobierno de Foro". La alianza a la que hacía referencia Conde era la petición -firmada por los tres partidos de la oposición municipal en detrimento del posicionamiento del gobierno de Foro- de la convocatoria de un Pleno extraordinario para instar a la Junta de Gobierno a restituir a Dora Alonso en su puesto de secretaria general del Ayuntamiento.

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El Partido Socialista acabó definitivamente con el viejo modelo de secretario general que tenía un gran poder en las urbes españolas, al aprobar la Ley de Grandes Ciudades, vigente desde el 1 de enero del 2004. El PSOE convirtió lo que tradicionalmente era un cargo blindado desde el Estado, en un puesto de libre designación por parte de los alcaldes. Con mucha pompa, sí, con un concursillo entre funcionarios con habilitación nacional, cierto, pero al fin y al cabo, libre designación, que es lo que importa. Lo demás son milongas.

Conviene recordar, para evitar equivocaciones innecesarias, que el llamado secretario del ayuntamiento ya no existe en las grandes ciudades. Hablamos, en realidad, del secretario general del pleno, un puesto diferente al histórico secretario, pero no menos estratégico, puesto que de él depende la asistencia al alcalde “para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones”. Compete también al secretario general del pleno el “asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones”.

En coherencia con este modelo político establecido legalmente por los socialistas en 2004, que es el ahora vigente en toda España, la alcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso nombró en 2006 secretaria general en Gijón a Dora Alonso. La nombró mediante el procedimiento de libre designación, porque podía nombrarla así, y la nombró ella, la entonces alcaldesa socialista de Gijón, porque, hay que insistir, podía nombrarla. Eso es todo.

Ahora, la alcaldesa de Foro, cesa a la secretaria general del pleno de Gijón, porque es la autoridad competente para cesarla, porque puede cesarla, y porque considera oportuno hacerlo, dentro de sus legítimas funciones como presidenta de la Corporación. Carmen Moriyón puede y quiere cesar a la secretaria que Paz Fernández Felgueroso pudo y quiso nombrar. Todo ello mediente el procedimiento de libre designación.

 ¿A qué viene, pues esta tremolina organizada por la oposición gijonesa de lo que queda en aquella ciudad de la izquierdona heredera de Vicente Álvarez Areces, que venía gobernando Gijón desde los albores de la democracia?
Pues eso, se trata única y exclusivamente de desgastar a la alcaldesa organizando un barullo donde nada hay que embarullar, porque nada más pueden decir de esta decisión los señores de la izquierdona, que no sea que Moriyón ha cesado una secretaria general del pleno nombrada por los socialistas.

 
 
Artículo 130. Órganos superiores y directivos.
1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes:
A) Órganos superiores:
a) El Alcalde.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
B) Órganos directivos:
a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma.
d) El titular de la asesoría jurídica.
e) El Secretario general del Pleno.
f) El interventor general municipal.
g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.
2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b).
3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1 c), permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.” (Art. 130   Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local)





Publicado por Alejandro Mon