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CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS


CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS Y SOCIEDADES  DE AGUAS:   UN DESPILFARRO Y UNA POSIBLE MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS.

ISABEL PÉREZ-ESPINOSA GONZÁLEZ-LOBÓN, Directora General de AcuaNorte
Las Confederaciones hidrográficas son entidades de derecho público adscritas al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo de España como organismos autónomos dependientes de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, cuyas funciones se establecieron por vez primera en el Real Decreto Ley de su constitución en 1926, tienen como misión las tareas de planificación hidrológica, gestión de los recursos del dominio público hidráulico en razón de la cuenca en donde se encuentren, la concesión de derechos de explotación de los recursos acuíferos, la construcción y planeamiento de infraestructuras hidráulicas y la gestión medioambiental de su zona, con especial atención a la preservación de los recursos y a la calidad del agua.
Según la estructura ministerial, las confederaciones/Organismos de Cuenca  existentes en la actualidad  son las siguientes:  Confederación Hidrográfica del Cantábrico - Confederación Hidrográfica del Duero - Confederación Hidrográfica del Ebro-  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Confederación Hidrográfica del Guadiana- Confederación Hidrográfica del Júcar- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil - Confederación Hidrográfica del Segura- Confederación Hidrográfica del Tajo.

Tal como fueron concebidas en la Ley de Aguas de 1985, las Confederaciones Hidrográficas son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado y con plena autonomía funcional, figurando entre sus funciones la administración y control del dominio público hidráulico y la elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico así como la ejecución de las obras hidráulicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Las Sociedades Estatales de Aguas se crearon a partir de 1997, como un nuevo instrumento de la política de obra hidráulica, con el propósito de fomentar  e instrumentar la participación de los usuarios en el desarrollo y explotación de estas infraestructuras, facilitar la obtención de financiación privada y la aplicación de ayudas comunitarias. El objeto social de las Sociedades Estatales del Agua consiste, entre otras actividades, en la contratación, construcción, conservación y explotación de obras hidráulicas. Esas actuaciones pueden realizar en su caso con la colaboración de los beneficiarios de las obras.  El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ejerce la tutela de las sociedades estatales reguladas por el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Posteriormente se han producido fusiones de las mismas, en el proceso de reestructuración del sector público empresarial, que han conducido a que actualmente existan las siguientes Sociedades Estatales de Aguas (Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010): AcuaNorte,  AcuaSur,  AcuaMed y  AcuaEbro.
La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. (AcuaNorte), es el resultado de la fusión por absorción de Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (sociedad absorbida) por Aguas del Duero, S.A. (sociedad absorbente),  en ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010, estando al frente de la misma como Directora General Dña. ISABEL PÉREZ-ESPINOSA GONZÁLEZ-LOBÓN. ¿Cuánto cobra? Pedimos transparencia de los fondos públicos.
http://www.deavila.eu/?p=2747
AcuaNorte desarrolla su actividad en el ámbito de las Cuencas Hidrográficas del Duero, Cantábrico, Miño-Sil e internas de Galicia, movilizando, a estos efectos, los correspondientes recursos y colaboraciones tanto de las diferentes administraciones públicas, como del sector privado, y sirviendo como un instrumento de gestión directa de competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de obras hidráulicas. Hasta su creación todas las obras hidráulicas las proyectaban y ejecutaban las respectivas Confederaciones Hidrográficas.

AcuaNorte  tiene, lógicamente su Consejo de Administración integrado por una pléyade de altos cargos, casi todos viviendo en Madrid, que rematan su sueldo con este y algún otro Consejo de Administración, cuyo coste no lo podemos saber porque ninguna sociedad pública, en contra del principio de transparencia en las finanzas públicas, da información sobre lo que paga a sus consejeros. Estaremos todos de acuerdo que no se debía pagar absolutamente nada a estos consejeros, pues ya tienen su sueldo pagado con cargo a los Presupuestos generales del Estado, por lo que ello supone una fuerte discriminación para el resto de los funcionarios y personal de las Administraciones Públicas.
Pero el meollo de la cuestión radica en las funciones asignadas a las Confederaciones Hidrográficas y a las Sociedades de Aguas en materia de obras hidráulicas. Ambas pueden hacer el mismo tipo de obras hidráulicas, pero con el agravante de que el coste que el ciudadano ha de soportar en las Sociedades de Aguas, todo personal laboral (unos 60 trabajadores en AcuaNorte), con escasa formación administrativa, por no decir nula,  es mucho mayor que el de las Confederaciones, que tienen personal funcionario, con un gran conocimiento de la materia administrativa.  Por otro lado, al haber vaciado el Gobierno a las Confederaciones de su cometido tradicional, la proyección y construcción de las obras hidráulicas, tenemos un número muy importante de Ingenieros de Caminos del Estado, grandes profesionales en este tipo de obras, totalmente desaprovechados, con los brazos cruzados en sus despachos. Y, además, peor pagados que el personal de las Sociedades de Aguas.  
En los tiempos que corren, el Gobierno debe, en un ejercicio de autocrítica, estudiar en profundidad las funciones asignadas a  Sociedades  de Aguas y Confederaciones Hidrográficas, reordenar este sector tan importante para la sociedad,  y evitar el despilfarro  que suponen estas duplicidades para ejecutar lo mismo, activando la valía y seriedad del personal de las Confederaciones Hidrográficas en la administración de los recursos públicos. No podemos permitirnos el lujo de tener a grandes técnicos cruzados de brazos por culpa del Gobierno, porque además de un despilfarro, ello supone, por omisión, una auténtica malversación de los caudales públicos.
A los contribuyentes nos cuesta muchísimo pagar los impuestos para luego despilfarrarlos y malversarlos en empresas públicas innecesarias que, absorbiendo recursos públicos, los convierten en estériles. Los impuestos que pagamos, por supuesto de forma coactiva, deben devolverse por las Administraciones Públicas, lo más rápidamente posible a los ciudadanos en forma de bienes y servicios, procurando, por todos los medios, que los recursos financieros que se pierdan en una gestión intermedia sean los mínimos.
Sr. Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, póngase a la tarea, que los ciudadanos que pagamos los impuestos se lo agradeceremos, a pesar de que sea su obligación y esté totalmente desatendida porque hay que colocar a los del partido que no tienen beneficio alguno si no es con la mamandurria de lo público.



Publicado por Alejandro Mon