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GERENTE DE LA UNIVERIDAD DE OVIEDO, CASO MAREA, Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La supresión de controles internos en la tramitación de los expediente de contratación pública, causa de la enorme corrupción que asola la ejecución de los presupuestos públicos.

En la fase de ejecución del contrato, tanto el Director facultativo de las obras, como el Responsable del contrato, ha de ser personal de las Administraciones Públicas, sometidos a controles internos independientes del Órgano de contratación.

El Gerente de la Universidad de Oviedo, Eusebio González, funcionario del Grupo B en excedencia, exjefe de Contabilidad de la misma, ha sido denunciado, de forma anónima, ante la Comisión Especial No Permanente De Investigación Del Caso Renedo (“Caso MAREA”),que preside Ignacio Prendes (UPyD), al considerarle involucrado en la trama de corrupción en la contratación pública en la etapa en que fue Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias D. Vicente Alberto Álvarez Areces (1999 – 2011).

Un segundo anónimo, enviado a la Comisión Especial, involucra al Gerente de la Universidad de Oviedo en el Caso Renedo, por supuestas facturas pagadas por obras realizadas en bienes de su propiedad.
La lista,  completada hasta ahora,  de los que serán citados a declarar ante la Comisión, la publica El Comercio, en la que figuran como cabecillas de la trama los siguientes políticos:  Maria Jesús Otero Rebollada, Jose Luis Iglesias Riopedre y Marta Renedo Avilés, todos ellos en activo durante el nefasto madato del socialista, antes comunista, Vicente Alvarez Areces.
 

A pesar de las leyes que sobre contratación pública han aprobado los sucesivos gobiernos nacionales, la corrupción campa a sus anchas por nuestro solar patrio porque  se han suprimido los controles en la contratación pública, habiéndose dado excesivos poderes a los políticos, que manejan las Mesas de Contratación a su antojo, nombrando a sus amiguetes, la mayoría de ellos desconocedores  de la normativa contractual.


Buen ejemplo de toda esta corrupción política la tenemos reflejada, día tras día, en los periódicos nacionales:  Cataluña, donde PSC y CiU acaparan la corrupción; la gran trama de corrupción política vinculada al PP; Los 10 casos de corrupción más escandalosos de Andalucía … etc; El Tribunal de Cuentas localiza la semilla de la corrupción: los contratos públicos irregulares de las autonomías; El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupción en las autonomías…etc.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/politica/noticias/4408829/11/12/El-Tribunal-de-Cuentas-localiza-la-semilla-de-la-corrupcion-los-contratos-publicos-irregulares-de-las-autonomias.html 

La normativa sobre contratación pública, bastante actualizada con la publicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre),  no se ha visto acompañada con la publicación del correspondiente Reglamento de Contratación del Sector Público, que el Ministerio de Hacienda se niega a redactar y publicar, y así continúa, como norma reglamentaria el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2001 (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), algo modernizado  (Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo), con ocasión del desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que ya no está en vigor.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
Pero es que los poderes públicos, políticos que se han apoderado de las Administraciones Públicas (Estatal, locales y autonómicas), no tiene el menor interés en que se aplique correctamente la normativa contractual porque, si así se hiciera, no podrían hacer las grandes fortunas  (Caso Bárcenas) que, un día sí y otro también, logran sin parar.  Y, es que, descubierto un caso de corrupción, condenado y convicto el reo, la ley no debería permitir la salida de la cárcel hasta que no hubiera devuelto el último centavo. Pero, esa ley, nunca se aprobará, porque entonces  muchos políticos acabarían su vida pudriéndose en la cárcel.
Si los políticos tuvieran interés en aplicar férreamente la normativa contractual, dejarían en manos de los empleados públicos la tramitación de estos expedientes y no interferirían en la toma de decisiones relativas a la propuesta de adjudicación que ha de formular la Mesa de Contratación.
 

Publicado por Alejandro Mon