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SPAIN: ECONOMIA DE LA CRISIS:MONTORO NO PAGA A LOS PROVEEDORES


SPAIN: ECONOMIA DE LA CRISIS:MONTORO NO PAGA A LOS PROVEEDORES


  1. -LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS NO PAGAN A SUS PROVEEDORES.
  2. -SUBIDA DE IMPUESTOS AL TABACO Y DESTILADOS
  3. -ITALIA APUESTA POR EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO
  4. -BERLUSCONI CONSIDERA UN OPROBIO SU CONDENA
  5. -CHINA, INEXPERADAMNETE, CONOCE LOS FLOJOS RESULTADOS DE  SUS       EXPORTACIONES.
  6. -EL PRECIO DE LA CRUEL MODA DE LA "RESPUESTA RÁPIDA"/Bangladesh

http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/empresas/1368079022_894138.html
Las Administraciones Públicas han sido, y son, en gran medida, las causantes de la grave crisis que padecemos, al vulnerar, de forma flagrante, la normativa financiera y presupuestaria que sanciona la aprobación de presupuestos sin cobertura financiera. Estos gestores políticos, que no pagan a sus acreedores, deberían, como mínimo, ser inhabilitados por los jueces para ocupar puestos públicos durante toda su vida. 

¡Compran, no pagan a sus proveedores, vulneran la ley, y se quedan tan tranquilos...con su coche oficial, su sueldo público y todas sus gabelas...!

 ¡ESTO ES INTOLERABLE ! Estos políticos que cobran su sueldo puntualmente pero no pagan a sus acreedores deben ser expulsados, sin contemplaciones, de la gobernanza de las Administraciones Públicas ...  y sin derecho al paro.
¡POR SU CULPA HAN QUEBRADO MILES DE MPRESAS, miles de empresarios autónomos¡


¡SI NO TIENEN DINERO QUE NO COMPREN ... ! 
Están estafando a los empresarios honrados... !!!
Estos gestores públicos se están convirtiendo en delincuentes al no pagar a los acreedores.

Los intereses comerciales, por no pagar a los treinta dias, plazo obligatorio establecido por la ley, hay que pagarlos "de oficio", es decir, sin que los tenga que reclamar el acreedor. No pagarlos, es una auténtica estafa y robo a los proveedores. Por su culpa han quebrado multitud de empresas. Por su culpa se han perdido miles de puestos de trabajo.En parte, han sido los principales causantes de la profunda crisis económica que estamos sufriendo. 

Pero a estos gestores-delicuentes nadie los mete mano. Hay que inhabilitarlos para ejercer funciones públicas.  Hay que expulsarlos de las Administraciones Públicas. Es más. Hay que juzgarlos, por burlarse de la ley, y encarcelarlos. No pueden quedar impunes estos delincuentes de guante blanco.¿Qué dice la ley de contratos?¿Es ley, o no es ley? ¿No está publicada en el BOE?



Artículo 216 Pago del precio

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido.
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.
3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:
·                      
·                     a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.
·                      
·                     b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y ocho meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.

Artículo 217 Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/07/economia/1367943021_084710.html
http://global.nytimes.com/2013/04/30/world/europe/enrico-letta-italys-new-premier-puts-stimulus-first.html?ref=global



http://www.nytimes.com/2013/05/09/business/global/after-a-strong-recovery-chinas-economy-unexpectedly-stumbles-again.html?ref=business&_r=0
http://www.nytimes.com/video/2013/05/08/business/100000002214634/the-price-of-fast-fashion-.html#100000002214634

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130509/54373933383/derrumbe-bangladesh-900-muertos.html








Publicado por Alejandro Mon

NULOS LOS NOMBRAMIENTOS DE EDILES NO ELECTOS


NULOS LOS NOMBRAMIENTOS DE EDILES NO ELECTOS

El Constitucional confirma que son nulos todos los nombramientos de ediles no electos

Tribunal Constitucional (España)
http://www.tribunalconstitucional.es/en/Pages/Home.aspx

CONSTITUCION ESPAÑOLA
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf


El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado hoy que son nulos e inconstitucionales todos los nombramientos de ediles no electos en los gobiernos locales de las grandes ciudades, por lo que deberán salir de las corporaciones cuando se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Razon

El Pais

Así figura en el auto hecho público hoy por el alto tribunal de garantías constitucionales, en el que declara que no ha lugar a la aclaración solicitada por la abogacía del Estado, que preguntó si quienes ya estaban nombrados en el cargo podía seguir tras esta resolución.

A finales de abril, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional que los ayuntamientos de las grandes ciudades puedan nombrar miembros de sus juntas de gobierno local a personas que no tengan el acta de concejal por no haber resultado elegidas en las elecciones municipales.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo, el inciso "El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde", del párrafo segundo, del artículo 126.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por el artículo primero de la 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para Modernización del Gobierno Local. Ha sido Ponente la Magistrada Encarnación Roca Trías.

1.-La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta ley.
2.-Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos.
En todo caso, para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su Presidente.
…………………………………………………………………………………………………………


Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Grandes Ciudades de España 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l57-2003.html

No obstante, el Constitucional salva "expresamente" la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados ya por los equipos de gobierno en los que existían miembros no electos.


Así figura en el auto hecho público este miércoles por el alto tribunal de garantías constitucionales, en el que declara que no ha lugar a la aclaración solicitada por la abogacía del Estado, que preguntó si quienes ya estaban nombrados en el cargo podía seguir tras esta resolución.

El tribunal considera nulo el artículo de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local de 1985 que establece que el alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no tengan la condición de concejales, "siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde".

La Abogacía del Estado, en su petición de aclaración, preguntó si aquellos que fueron nombrados miembros no electos antes de la sentencia podían seguir ejerciendo sus cargos una vez publicada, "en cuyo caso la nulidad no se extendería a los actos dictados, tras la publicación de la sentencia, por una junta de Gobierno Local no constituida íntegramente por concejales".

El Constitucional señala que todos los actos de las Juntas de Gobierno que sean tomados a partir de la publicación de la sentencia y los que se dicten a partir de entonces mediante delegación de sus miembros "no son, como pretende el Abogado del Estado, situaciones jurídicas preexistentes sino nuevas situaciones jurídicas sobre las que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad despliega todos sus efectos".Y ello, añade, "tanto en lo relativo a la composición de las juntas de gobierno locales que han de estar formadas, únicamente, por concejales electos, como en lo relativo a la validez de sus acuerdos".

El TC ha zanjado esta cuestión al aceptar parte del recurso de inconstitucionalidad que en 2004 interpuso la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, conocida como Ley de Grandes Ciudades.



En su sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que el artículo 140 de la Constitución, sobre la autonomía y democracia municipal, reserva la función de gobierno y administración a los ayuntamientos integrados únicamente por alcaldes y concejales "que deber ser elegidos democráticamente".

La Ley de Bases de Régimen local, en la redacción que les dio la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, regulaba la organización de los municipios de gran población al establecer un régimen organizativo especial para estos municipios.Además, regulaba la existencia preceptiva de una serie de órganos municipales como la Comisión de sugerencias y reclamaciones, el Consejo social de la ciudad, distritos, órgano de asistencia jurídica al alcalde y órgano de apoyo a la Junta de gobierno.


Recurso de inconstitucionalidad núm. 1523-2004 interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local

Sentencia 103/2013, de 25 de abril, del tribunal Constitucional, declarando inconstitucional parte del artículo 126.2 de a Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1523/2004.

VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado  D. Andrés Ollero Tassara, al que se adhiere  el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, respecto a la Sentencia del Pleno de fecha 25 de abril de 2013 dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1523/2004




Publicado por Alejandro Mon