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EL SECTOR PUBLICO AUTONOMICO ASTURIANO SERÁ CONTROLADO POR LEY ESTATAL

EL SECTOR PUBLICO AUTONOMICO ASTURIANO SERÁ CONTROLADO POR LEY ESTATAL






¿Qué es la CORA? Así se denomina la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) creada por el Consejo de Ministros, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap), y estará presidida por el Subsecretario de la Presidencia, JaimePérez Renovales, correspondiendo la Vicepresidencia a la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, Pilar Platero Sanz, mientras que la secretaría será desempeñada por el Director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero Sánchez. Su objetivo: racionalizar las estructuras, procedimientos y recursos de todas las Administraciones Públicas.

El Gobierno ya se comprometió a eliminar algunas competenciasde los ministerios al haber constatado la existencia de duplicidades, totalmente inadmisibles. Pero la reforma del sector público no es sólo algo que afecte sólo al Estado. También afecta, sobremanera, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. 

El Gobierno mueve ficha en su objetivo de adelgazar la administración. Explican fuentes del Ejecutivo que no tiene competencias para eliminar de sopetón los organismos autonómicos existentes pero sí para diseñar una legislación básica a la que se tengan que acoger, sí o sí, las comunidades. El plan ya está diseñado, y verá la luz antes del 30 de junio.

Buzón de sugerencias a la CORA
La más que ocultación del caso SOGEPSA

El PlanCameron es la guía. El Gobierno de Mariano Rajoy ultima ya el informe que dará lugar a la reforma de las administraciones públicas, el programa más ambicioso de los que se propuso el Ejecutivo del PP cuando llegó a la Moncloa. Para hacerlo, el equipo que dirige la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha ido a Londres a ver cómo ha afrontado una reforma de este tipo el primer ministro británico, David Cameron, que tiene como uno de los pilares la reducción del número de empleados públicos.

El Plan Cameron, aprobado el 2010, quiere alcanzar una reducción del gasto público de 80.000 millones de euros a través de un plan de reforma estructural que pretende aprovechar las economías de escala, eliminar las duplicidades, incrementar la estandarización y la simplificación, permitir una mayor comparabilidad y garantizar una mayor transparencia.

Los mismos objetivos que el plan de reformas de las administraciones públicas que prepara el Gobierno español, y que cuando se concrete, el 30 de junio según el compromiso adquirido por Rajoy, seguro que le gusta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien días atrás pidió una "reforma radical de la administración", hasta llegar a proponer su reducción, privatización o eliminación.
El Gobierno intenta que no le pase con la reforma general de laAdministración lo mismo que con la local, que ha tardado un año en encarrilar por la oposición de sus propios alcaldes y no podrá entrar en vigor hasta el próximo ejercicio. Los Gobiernos regionales en manos de dirigentes delPP ya han recibido el aviso de que se tendrán que aplicar los mismos recortes de estructura administrativa e institucional, más los costes en la prestación de servicios que se van a aplicar los ayuntamientos. El problema que tiene en Ejecutivo es que carece de competencias para obligar a las autonomías y se tendrá que apoyar en el 'poder de disuasión' de la asistencia financiera.

Partiendo de la base de que el Gobierno no puede ordenar la “liquidación” de ningún ente que no pertenezca a la red estatal, el equipo que dirige Soraya Sáenz de Santamaría ha ideado la fórmula para controlar y atar en corto a los organismos autonómicos. Así, delimitará por ley la utilidad y eficiencia económica de los entes mediante una norma nacional, extremo que tendrán que cumplir las autonomías. Además, se asegurará de que no proliferen ya que tendrán que cumplir estas directrices.
En caso de mirar para otro lado, el Gobierno se dotará de herramientas de corrección e incluso sancionadoras. Así, entienden, si no se cumplen los requisitos serán las propias comunidades las que procedan a su reestructuración. “En muy pocos casos se ha dado la insumisión, este instrumento servirá para un mayor control y evitar los excesos”, explican a este diario los encargados de la norma.
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas de reestructuración del sector público autonómico (Boletín JGPA 10.01.2013)
En Asturias, en el pleno de la Junta General, celebrado el 24 de mayo, se aprobó el proyecto de ley de reforma del sector público, la primera de las tres iniciativas legislativas que el Gobierno regional tiene previsto poner en marcha para reordenar las empresas, fundaciones y organismos dependientes de la administración autonómica.

La mala calidad del proyecto de ley hizo que saliera adelante sólo con el apoyo de del PSOE, IU y UPyD, mientras que Foro Asturias y PP, que habían presentado sendas enmiendas a la totalidad de este proyecto, votaron en contra del dictamen de la comisión.


La ley no pone en venta la participación autónomica en el Hotel de La Reconquista. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene para una Administración Pública participar en la propiedad de un hotel? ¿Tendrán varias suites reservadas para el presidente y los consejeros del Principado de Asturias y no quieren que nos enteremos los asturianos? No se entiende esta cerrazón. 


Con razón FORO ASTURIAS ha reprochado a los socialistas y sus socios (UPyD y IU) el poco interés en reformar estructuralmente el sector público asturiano al reducir de 83 a 76el número de empresas y entes públicos, por lo que mas que de reforma debemos hablar de una somera reorganización y de un gran “parche” puesto en el sector público asturiano, es decir, se trata de hacer “una reforma sin reformadores”.
Entoces vacas gordas, ahora fámelicas y agónicas


El Principado tiene 83 entes públicos, en una región de un millón de personas, mientras que la Generalitat cuenta con 437, en un territorio de 7,5 millones de habitantes. Para tener el mismo número de entes “per capita” que Asturias, Cataluña debería contar con más de 600. Y eso que todos los días criticamos el sobredimensionado sector público del nacionalismo catalán. La comparación con Madrid es mucho más desfavorable, porque la comunidad autónoma madrileña cuenta sólo con 172 entes -el doble que Asturias- con seis veces más de habitantes que nosotros. Claro que allí Esperanza Aguirre tenía otras ideas. El sector público asturiano está sobredimensionado y experimentó un gran crecimiento en los últimos quince años, con gobiernos socialistas, sin que la mejora de las prestaciones al ciudadano haya crecido en la misma medida que el pago de impuestos.
Antonio Rodriguez Virgili, Director General interino de la TPA

Incluso se ha llegado a monopolizar la TPA con una ley socialista (Art. 7.2), por supuesto anticonstitucional, que exige los dos tercios de la Junta General del Principado para la toma de cualquier decisión que altere el mando socialista en la televisión autonómica asturiana.
Otro despilfarro más en tiempo de crisis. Los cursos de formación, al tratarse de un contrato de servicios, hay que licitarlos.
El desastre de la administración socialistaasturiana durante los últimos treinta años, rayana en la delincuencia por el despilfarro de fondos públicos, ha hecho que Asturias acumule cerca de 1.300 millones de euros invertidos en obras y edificios públicos sin su puesta en servicio, semiabandonados o infrautilizados. ¿Dónde están los responsables de semejante despilfarro? ¿Es que nadie les va a llevar a los tribunales para que indemnicen a los asturianos de semejante saqueo, exigiéndoles la correspondiente responsabilidad patrimonial establecida por la ley?

El dilema es de difícil solución: si desaparece el sector público asturiano, o se adelgaza todo lo necesario, un buen número de socialistas se quedarán en la calle, y eso… no puede ser. ... !!!
¿ ... y qué va a ser del resto de los asturianos si no se reduce el sector público asturiano?





Publicado por Alejandro Mon