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LA JUDICATURA SE QUEJA DEL SUPREMO: “ESTÁ DE REBAJAS CON LOS POLÍTICOS”

Tribunal Supremo
La manga ancha del Tribunal Supremo con la clase política está dando que hablar. En tan sólo una semana, ha archivado dos investigaciones, la de la presidenta de Navarra Yolanda Barcina y la del exministro socialista José Blanco, y ha rebajado considerablemente la pena al expresidente balear, Jaume Matas. En tono jocoso, fuentes jurídicas señalan a este diario que “el Tribunal Supremo está de rebajas con los políticos”.

Fuentes de la judicatura explican que el Alto Tribunal tiene una manera de actuar distinta al resto. No sienta en el banquillo a un aforado, es decir, dirigente de la clase política nacional o magistrado de altas instancias, si no hay pruebas de cargo muy sólidas para condenarle.

La excepción, Baltasar Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional fue absuelto de un delito de prevaricación por el caso de la Memoria Histórica, pero estas fuentes recuerdan que poco antes ya había sido condenado por ese mismo delito a once años de inhabilitación por grabar ilegalmente a imputados del caso Gürtel y sus abogados en la cárcel. La absolución tuvo un voto particular del magistrado José Manuel Maza, al entender que el acusado "sabía perfectamente" que incurría en un "grave incumplimiento de la Ley" y afirmar lo contrario supone "un insulto a la razón".


El Supremo archiva la causa contra el exministro socialista José Blanco

 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la defensa del exministro del PSOE José Blanco y ha acordado archivar las actuaciones que se tramitaban contra él por un delito de tráfico de influencias en el denominado 'caso Campeón', han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, había propuesto el pasado 7 de junio a la Sala de lo Penal del alto tribunal que tramitara el suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar al exministro de Fomento José Blanco por un delito de tráfico de influencias.

El proceso del llamado 'caso Campeón' se inició tras las acusaciones realizadas por el empresario gallego Jorge Dorribo relativas al supuesto pago de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones. Según Dorribo, imputado en el caso, habría entregado a Blanco 200.000 euros en una gasolinera de Galicia para que mediara a su favor en varios proyectos empresariales.
  

El Tribunal Supremo archiva la causa contra Yolanda Barcina

 La sala del Tribunal Supremo que estudiaba el caso del cobro de dietas de Caja Navarra por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina ha decidido archivar la causa ya que considera que las acusaciones contra la presidenta “no son constitutivos de delito”. Con esta decisión, Yolanda Barcina queda libre de toda acusación y se da el cierre a una campaña orquestada por la oposición contra la presidenta que buscaba apartarla del poder a toda costa. El Tribunal Supremo da la razón a la Fiscalía que había pedido el archivo de la causa y contradice a la juez Mari Paz Benito que investigaba el cobro de dietas de Caja Navarra en los juzgados de Pamplona.
En contra de lo que opinaba la juez de Pamplona, para el Tribunal Supremo, los hechos de los que se acusaba a Yolanda Barcina no son constitutivos de delito. Por un lado, para que sea cohecho impropio, según el Tribunal Supremo debe de haber una bilateralidad, alguien que da y alguien que recibe. Según el auto del Supremo, quien convocaba las reuniones por las que se cobraba dietas era la propia presidenta, no Caja Navarra, por lo que “quien dispone el devengo de la dieta es la misma persona que la recibe y acepta, no es la Caja de Navarra, que se aquieta, dentro de unas limitaciones presupuestarias, a la orden de devengo a la que es ajena”. Es decir, no existe tal bilateralidad.


El Supremo rebaja la pena a Jaume Matas y evita que ingrese en prisión

 El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme por la primera pieza separada del 'caso Palma Arena' que condenó a Jaume Matas a seis años de cárcel por los pagos al periodista Antonio Alemany. Un contrato de comunicación con la agencia Nimbus por un servicio que finalmente prestó este periodista. La Audiencia de Palma le atribuyó los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. La sala de lo penal del Tribunal Supremo en una sentencia que cuenta con un voto particular le rebaja la pena a los nueve meses de prisión porque le absuelve de todos los delitos, salvo del de tráfico de influencias.
Los mayoría señala que no hubo prevaricación porque "las resoluciones se dictaron en el marco de un contrato administrativo para cumplir un servicio público, interés público, que efectivamente se prestó". Los magistrados despachan el delito de malversación de caudales públicos acreditado porque Alemany era quien realizaba los trabajos remunerados a través de la empresa Nimbus con el argumento de que eso se trata de "un acuerdo entre particulares".

¿Esconde el Supremo la corrupción política?

 
La casualidad (¿o la causalidad? ha hecho coincidir en el tiempo diferentes sentencias del Tribunal Supremo que exculpan a exministros y altos cargos (Blanco, Matas, Barcina) de graves casos de corrupción política. Otros muchos asuntos se encuentran en la lista de espera (EREs de Andalucía, caso Bárcenas o caso Oriol Pujol por la trama de las ITV) y afectarán necesariamente a personas aforadas.

Por lo tanto, serán el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia quienes dicten sentencia. Ellos serán los encargados de enjuiciar la corrupción política.

 

Más allá de la crítica razonada sobre los argumentos jurídicos que ha utilizado el Tribunal Supremo para exculpar a la presidenta de Navarra o el hecho de que el delito de tráfico de influencias haya quedado prácticamente desactivado tras las exculpaciones de Blanco y Matas, no es menos relevante la propia figura del aforamiento, una institución de origen medieval que, sin embargo, sigue incrustada en el ordenamiento jurídico.

Algunas estimaciones hablan, incluso, de unos 10.000 cargos públicos amparados por ese privilegio que, como han sostenido exmagistrados del Tribunal Constitucional, sólo acaba protegiendo la corrupción al afectar a delitos que no tienen que ver con la labor política y el funcionamiento de las cámaras legislativas. Máxime cuando quienes tienen que juzgar a los políticos son nombrados, precisamente, por los políticos. Para escarnio general, la ley dice que en las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia, una de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio en la comunidad autónoma, “nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa”. Todo queda en casa.

«Reflejan datos que han sido y son objeto de investigación policial»

El juez de Barcelona Josep Majó ordenó ayer el primero de los sobreseimientos de las querellas con las que el poder político catalán respondió a las informaciones de este diario acerca de las investigaciones policiales que afectan, principalmente, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la familia del ex president Jordi Pujol. Si, como es previsible, los demás juzgados acogen los mismos argumentos, todas seguirán el mismo camino en fechas próximas. 

La primera en decaer ha sido la de Pujol. El juez exculpa de plano a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta -«se desvanecen los indicios de criminalidad»-, tras apenas cuatro meses de instrucción, porque sus informaciones sobre la fortuna en Suiza del líder histórico del nacionalismo catalán «reflejan unos datos que han sido y son objeto de investigación policial». Así lo ha mantenido siempre EL MUNDO. 

La resolución del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona señala que los miembros del equipo de investigación de este diario actuaron «en cumplimiento de su cometido como periodistas, con el afán de informar sobre hechos de interés general» a través de «diversas fuentes testificales y policiales» que «les merecieron total credibilidad». 



Publicado por Alejandro Mon