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EL PSOE DE CUDILLERO DICE QUE LOS PAGOS A LA SECRETARIA SON POR DEFENDER AL MUNICIPIO



El Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local no tiene asignada la función de representación y defensa en juicio de los Ayuntamientos.
La representación y defensa en juicio o se externaliza (Contrato de servicios - modalidad Acuerdo Marco) o se encarga a la respectiva Diputación Provincial, Comunidad Autónoma en el caso de Asturias.



El gobierno del PSOE pagó a la secretaria municipal de Cudillero una productividad irregular, según el PP

Carmen Pérez García de la Mata (PP)



El Alcalde no puede asignar funciones a la Secretaria que vulneren la ley, y, menos aún, pagárselas. Es ilegal.



Paula Fernández, Secretaria del Ayuntamiento de Cudillero

 El PSOE de Cudillero defendió ayer el pago de 8.200 euros a la secretaria municipal por la defensa letrada del Ayuntamiento.
 El portavoz municipal socialista, Ignacio Fernández, indicó que la técnico hace este trabajo además de su tarea como secretaria y por eso ve normal y ajustado a la legalidad el pago de esta factura.

El PP denunció la irregularidad que esto conlleva, ya que según los populares pagar el plus de productividad es ilegal ya que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de ajuste.

La alcaldesa en funciones, la socialista Olga Fernández, indicó por su parte que no conoce en profundidad este pago ni tampoco el concepto. Pero sí destacó que la secretaria se hace cargo de los juicios que enfrentan al Ayuntamiento con terceros "porque así se acordó en un pleno y eso lo sabe la oposición. Es la fórmula para ahorrar un bufete externo".

El portavoz socialista criticó, además, que esta denuncia se produzca en medio de la situación de inestabilidad que vive el Ayuntamiento, donde los tribunales han anulado por tercera vez el nombramiento del alcalde.


 


La secretaria del Ayuntamiento de Cudillero, Paula Fernández, anunció ayer la adopción de acciones legales contra la portavoz del PP, Carmen Pérez García de la Mata, por afirmar que ha recibido un pago en concepto de productividad prohibido por el Plan de Ajuste municipal. La funcionaria desmintió, punto por punto, las palabras de la edil, que considera parte de «una campaña de acoso de esta persona hacia mí y una medida de presión por todo lo que está pasando en Cudillero, que es ajeno a mi trabajo».

De hecho, la dirigente popular insinuó la existencia de una relación entre las interpretaciones que la secretaria ha hecho de la legislación y las sentencias judiciales que han convulsionado la escena política de Cudillero en los últimos meses y la emisión de un decreto de Alcaldía que autoriza el pago de 8.200 euros a la funcionaria por desempeñar la defensa letrada del Ayuntamiento en varios procesos judiciales.


Fernández explicó ayer que este servicio «no está dentro de mis funciones como secretaria», pero desde el pasado mes de octubre, «por resolución y decreto», se le ha asignado esa responsabilidad. De este modo, el Ayuntamiento evitaba recurrir a los servicios de una asesoría jurídica externa y, por tanto, conseguía reducir el gasto.

La funcionaria subrayó que de esas decisiones adoptadas por la Alcaldía «se dio cuenta al Pleno y en ningún momento ha habido ningún reparo ni alegación por parte de ningún miembro de la oposición».


http://aladino.webcindario.com/temas/tema24.pdf


“1 El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.  A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.  2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.  A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. 3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia” (Art. 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas)




Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local

Bajo tal rúbrica han de diferenciarse entre: Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local; Secretarios de Ayuntamiento a extinguir y Secretarios habilitados.

1. Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local: creado en el Estatuto Municipal de 1924 (arts. 231, 232, 233) y provincial de 1925 (art. 139), respetado por la Ley municipal de 1935 y estructurado por los textos articulado de 1950 y refundido de 1955. La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, extingue el Cuerpo nacional e integra a sus miembros en la Escala de funcionarios con habilitación nacional (Disposición Transitoria 7.ª). Su estatuto profesional vigente lo constituye el R.D. 781/1986, de 18 de abril. artículos 161, 162, 166 y desarrolla reglamentariamente el régimen estatutario de los funcionarios de habilitación nacional, a que se refieren los artículos 92.3, 98 y 99 de la Ley 7/1985, en el R.D. 1.174/87, de 18 de septiembre y en el R.D. 1.732/94, de 9 de julio, la provisión de puestos de trabajo reservados a los mismos.

Tienen como funciones principales y exclusivas las de asesoramiento legal preceptivo de la Corporación, así como de su presidencia y Comisiones, y la fe pública de todos los actos y acuerdos, con el alcance que reglamentariamente se determina por la Administración del Estado, en el R.D. citado en el párrafo anterior.

Estructurados en dos subescalas (Secretaría y Secretaría-Intervención), desempeñan las Secretarías, respectivamente, de entidades locales de más de 5.000 habitantes (o reclasificadas como tales) o las Secretarías, intervención en los menores de la indicada cifra.

Su selección, formación y perfeccionamiento corresponde al Instituto de Estudios de Administración Local (INAP). Escala Nacional, su dependencia es del Ministerio de Administraciones Públicas y la provisión de vacantes en las Corporaciones, mediante concurso de ámbito nacional.

A los efectos de su defensa y representación profesional, se agrupan en el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, creado por R.D. de 6 de noviembre de 1925 (V. funcionarios de administración local).

2. Secretarios de Ayuntamiento a extinguir: secretarios habilitados, en propiedad, que superaron las pruebas selectivas convocadas por el Ministerio del Interior y realizadas en el Instituto de Estudios de Administración Local (INAP), y les corresponde el desempeño de la Secretaría. Intervención de las plazas clasificadas como habilitadas en las entidades locales menores de 2.000 habitantes con funciones análogas a las atribuidas a los Secretarios de 3.ª categoría a extinguir.
Su régimen jurídico está regulado en el R.D. 2.656/1982, de 15 de octubre, y R.D. 1.174/87, de 18 de septiembre, disp. transit. 1.ª, 2.ª, cuerpo que depende del Ministerio de Administraciones Públicas.
3. Secretarios habilitados en propiedad: Los vecinos que por venir desempeñando las funciones de secretario habilitado, conforme al artículo 130 y 202 del Reglamento de funcionarios de 30 de mayo de 1952, fueron confirmados en propiedad por los gobernadores civiles, al amparo y de conformidad con las previsiones del R.D. 2.725/1977, de 15 de octubre. Estos funcionarios quedan incorporados a las plantillas de los Ayuntamientos respectivos para los que fueron nombrados y desempeñan análogas funciones a las atribuidas a los Secretarios de 3.ª categoría a extinguir.
Legislación local: Ley 7/185, de 2 de abril.







Publicado por Alejandro Mon

LA JUEZ CORO CILLÁN CONDENADA A 15 AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN

La Juez María del Coro Cillán García
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán García, a una pena de inhabilitación por 15 años, al haberla encontrado culpable de un delito de prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.
El Consejo General del Poder Judicial suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra ella.
La sanción supone que la juez no podrá ejercer como juez durante ese tiempo y la pérdida definitiva de su destino actual, lo que en la práctica implica casi con toda seguridad que resultará apartada de la carrera.
La sentencia considera que la conducta de la juez debe ser calificada de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y la condena por ese delito a la pena de 18 meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros, y a la inhabilitación especial para empleo y cargo públicos por 15 años y un día.

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La juez Cillán niega haber cometido prevaricación en el cierre de una discoteca

Con la voz temblorosa, andar renqueante y mirada cabizbaja, la juez Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, conocida por reabrir en falso el caso del 11-M o llevar la investigación del caso Ussía, ha negado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haber cometido el delito de prevaricación en la administración judicial del que se la acusa por haber precintado la discoteca Moma en septiembre de 2011. La magistrada ha declarado que acordó cerrar el local a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Álvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.

"No me confieso autora de los hechos tal como están relatados. No he cometido ningún delito de prevaricación", ha subrayado en el primer día del juicio oral la acusada, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación a petición de la Fiscalía, que ha quedado en soltario después de que uno de los exsocios del Moma retirara sorprendentemente su acusación. El relato del que discrepa es el siguiente: El 21 de septiembre de 2011, cuando Cillán se encontraba de guardia, recibió una denuncia de Alberto Vos, socio de la discoteca Moma 56 S. L., contra Fernando Robes, también socio. En ella se pedía el precinto del local y un cambio de administradores.

En contra del criterio de la fiscal de guardia, que alegó una falta de comprobación de los hechos denunciados, Cillán cerró y siguió tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado, como recogen las normas de reparto de asuntos vigentes entre juzgados de instrucción. Al día siguiente, nombró a un administrador judicial y dos días después nombró a otros tres administradores, entre ellos Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto “novio”, según declaró después la fiscal que estaba de guardia el primer día, Soledad García, durante la inspección que realizó el Consejo General del Poder Judicial.




Publicado por Alejandro Mon