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LA GRAN ESTAFA DE LOS EREs: MAGDALENA ALVAREZ-GRIÑAN-GUERRERO-SINDICATOS … : EL INCESANTE ROBO Y SAQUEO AL CONTRIBUYENTE

La PSOE de Guerrero y Griñán permitió los ERES en Andalucía para "garantizar la paz social"


¿Acaso hay que delinquir para lograr "la paz social"?

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Magdalena Álvarez es imputada por malversación y prevaricación en el caso de los ERE

Maleni y Griñán, a partir un piñón. ¿Delincuentes? 
Griñán, Griñán, Griñán ... ¿¿...??
Muy puntual. Ha llegado a las 8.50 horas y no ha entrado por la puerta principal de los juzgados sevillanos, pese a la gran expectación que había. A las 10.40 horas ha comenzado la esperada comparecencia de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, ante la jueza Mercedes Alaya en el 'caso de los ERE', causa que acumula ya 116 inculpados. La comparecencia ha finalizado a las 13.45 horas. La jueza le imputa presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La exministra y exconsejera  ha defendido la legalidad de las ayudas investigadas en los ERE falsos y ha dicho que las transferencias de financiación eran una trasposición de normas estatales. Magdalena Álvarez ha declarado que su gestión como consejera fue "transparente y clara"

Álvarez ha comenzado a comparecer (asisten una treintena de letrados) pese a que la Audiencia de Sevilla tiene previsto debatir el próximo 21 de octubre el recurso planteado por su defensa contra esta imputación, por lo que ha declarado sin conocer la resolución definitiva de los jueces.

El abogado de la exconsejera, Horacio Oliva, recurrió directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos estaban prescritos, por lo que su imputación "resulta manifiestamente infundada" y "no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad", según se recoge en el documento. Álvarez dice que su gestión fue "transparente" Por su parte, la exministra y exconsejera Álvarez ha declarado que su gestión como consejera de Economía fue "transparente y clara". Y que no tuvo conocimiento de las irregularidades. A la salida de los juzgados, Álvarez ha señalado a los periodistas que se siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más.

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Las excusas de Magdalena Álvarez ante la juez Alaya por el caso de los EREs



La juez de los ERE imputa a la ex ministra Magdalena Álvarez

La juez Alaya

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en calidad de imputada a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves desde 1994 al 2004. Aún no hay fecha prevista para su declaración.


Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones(BEI), forma parte de la veintena de personas que la instructora del caso ha imputado en un auto notificado a las partes este martes. Con éstos, son ya cerca de un centenar los encausados por las irregularidades detectadas en la trama de los ERE.

Junto a la ex consejera de Economía y Hacienda, en cuya etapa se firmó el convenio marco que dio pie al nacimiento del 'fondo de reptiles', la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado también a declarar en calidad de imputado al interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez . Gómez Martínez hizo al menos 15 advertencias de que el procedimiento administrativo que se estaba utilizando para pagar las ayudas a las prejubilaciones era irregular, pero no surtieron efecto.
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La Intervención del Estado insiste en que la Junta debió frenar los ERE




Los fondos nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales (...) La Junta tuvo la posibilidad legal, que no ejerció, de realizar las modificaciones precisas en el presupuesto de la Consejería de Empleo para disponer del crédito presupuestario adecuado”. La Intervención General del Estado ha vuelto a censurar al Gobierno andaluz por el mecanismo utilizado en el fondopara empresas en crisis. Los cuatro interventores han entregado a la juez Mercedes Alaya un segundo informe ampliatorio después del voluminoso análisis (8.245 folios con anexos) que enviaron hace un mes a la magistrada.

En el primer informe los interventores apuntaron al expresidente de la JuntaJosé Antonio Griñán y a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, por permitir como consejeros de Hacienda la existencia del fondo. Los auditores fueron muy críticos con la gestión y vigilancia del fondo por parte del Ejecutivo autónomo. Frente a esta censura, la Junta ha defendido que el fondo fue incluido en la Ley de Presupuestos año tras año, por lo que lograba rango de ley, y una ley no puede ser ilegal.

El principal inconveniente que censuran los auditores es el uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones públicas, cuando su única finalidad debía ser la cobertura de pérdidas de las entidades públicas de la Junta. Además, seis de las modificaciones presupuestarias para elevar el gasto fueron aprobadas por el consejero de Hacienda y 16 se elevaron al Consejo de Gobierno de la Junta.

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Alaya ve “probabilidad cierta” de condena a Álvarez y otros dos altos cargos (Ver auto)


La juez Alaya
Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan”, así arrancan los razonamientos jurídicos del auto de 11 páginas de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en el que impone fianzas millonarias para la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, su exviceconsejero José Salgueiro y el ex secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa.

A partir de ahí, Alaya delimita los indicios que observa para estas imputaciones. En primer lugar, entiende que los tres acusados, “serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones”. Este, según insiste la juez, es la transferencia de financiación, un mecanismo de traspaso de fondos a una partida para financiar “operaciones genéricas” de entidades públicas. Como en el resto de autos, la juez vuelve a defender que este sistema permitía “eludir los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización”.
Alaya considera que “la adopción de este procedimiento al margen de la ley se iniciaría, entre otros, con la autorización de los inculpados” por ser los encargados de elaborar el Presupuesto de la Junta.

La magistrada entiende que el “uso ilegal de fondos públicos se permitiría a sabiendas”, aunque también admite que “el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos no era responsabilidad de los inculpados.”

También achaca la juez en su auto a los imputados la dotación de las partidas de las transferencias de financiación y haber dado “instrucciones, o al menos ser conocedores, de que con este procedimiento era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA”, Instituto de Fomento de Andalucía que recibía los fondos desde la Consejería de Empleo.

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«La fianza está totalmente fuera de lugar y es desproporcionada», dice Malena, pero no dudó en  dar , ilegalmente, subvenciones millonarias, en el caso de los EREs, con cargo a los impuestos de los contribuyentes.
¿Acaso no fueron, además de ilegales, mas que desproporcionadas las millonarias subvenciones sociolaborales dadas para mantenerse en el poder a costa del sufrido contribuyente?

Claro que la fianza es desproporcionada, tenía que ser, cuando menos, el triple.
 
Auto de la juez Alaya
La exconsejera, que insiste su “absoluta inocencia con respecto a los delitos imputados” y su “plena confianza” en que la justicia le dará la razón, muestra su asombro por la millonaria fianza, habida cuenta que su imputación, asegura, "no es firme",ya que está pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial, que deliberará sobre el asunto el próximo 23 de abril. Álvarez, quien recuerda que en junio del pasado año, este mismo órgano declaró nula su primera imputación, insiste en que "queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que” se resuelva un recurso que entra en el “fondo del asunto". O sea, "sobre si existe o no delito".

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Respuestas para entender el caso



Estas son respuestas a preguntas clave para entender qué es el fraude de los ERE, cómo se originó, por qué no se actuó en diez años y quiénes están implicados en el caso por acción u omisión: ¿Qué es el caso ERE?

Maleni, de lujo.
Es la investigación de ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. A estas subvenciones accedieron miles de trabajadores de forma legal, pero también personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas; son los llamados intrusos, que según la Junta fueron 72. Los fondos se tramitaron a través de las organizaciones sindicales de CC OO y UGT y empresas consultoras y aseguradoras, que también están siendo investigadas, así como los responsables de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en todo el procedimiento.¿Quiénes y qué entidades están presuntamente implicados?

El principal de los 144 implicados es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, a quien también se le atribuye el uso de fondos públicos en drogas y alcohol.



La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 porsobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). El fondo de los ERE estuvo dotado con …

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Alaya destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el negocio de las prejubilaciones


UGT y CC.OO van de la mano ... Y no tienen vergüenza ... ¿Delincuentes?
¡Fuera EREs y fuera cursos de formación!
Los "cursos de formación son "contratos de servicios" que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, no por la Ley de Subvenciones, la gran estafa.
La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales".

Así lo asevera la jueza Mercedes Alaya en un auto en el que confirma la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros impuesta al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto y declara la responsabilidad subsidiaria, en lo que supone un dato a destacar, de FIA UGT-A, FIA UGT estatal y Temiqui S.A..

La magistrada asevera que "es un hecho ampliamente reconocido" en la causa que los sindicatos "cobraban de las empresas o de las mediadoras un porcentaje de cada proceso de jubilación", lo cual "se traducía en el percibo de cantidades considerables en una horquilla que oscilaba entre el 0,5 y el 2,5 por ciento". "De ahí" que los sindicatos "estuvieran interesados en que estos procesos se produjeran, en la financiación de los mismos por parte de la Junta y en que el importe de la subvención fuera el más amplio posible, pues eran factores que influían en la cuantificación de sus comisiones", dice la juez.

Uniter y Vitalia  A ello se suma que "también es un hecho ampliamente admitido por los representantes de Vitalia y Uniter que tales comisiones se cobraban, pese a no prestar ningún servicio específico para la empresa o para las mediadoras distinto de lo que eran sus propias obligaciones sindicales", ya que "intervenían como era su obligación en las negociaciones en nombre de los trabajadores".

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El PP pide investigar las ayudas dadas entre 2010 y 2012



El PP ha anunciado que ha presentado un escrito en la causa judicial que instruye la juez Mercedes Alaya sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en el que le ha instado a requerir a la Junta una copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitadas por el Gobierno andaluz entre 2010 y 2012, periodo en el que era presidente José Antonio Griñán. Lo hace a raíz de la declaración, la semana pasada, del ex interventor delegado de Empleo, Juan Luque, en la que aseguró que “no había podido hacer informes de disconformidad en relación a unas ayudas excepcionales que se otorgaban mediante una resolución de 24 de febrero de 2012”, informa Europa Press. Asimismo, los populares han solicitado que Susana Díaz comparezca en el Parlamento para que explique si conocía el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), hecho público el pasado sábado, en el que se achaca a Griñán y a la exministra Magdalena Álvarez que no frenaran el pago de los ERE.

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP, Alicia Martínez, ha explicado que su partido ha solicitado una copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitados por dicha consejería en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario 31L —el conocido como fondo de reptiles— o cualquier otro programa presupuestario. También ha requerido una copia íntegra de todos los expedientes tramitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública durante los mismos años y con cargo a esas partidas. Concretamente, las relacionadas con programas como el utilizado en el caso de los extrabajadores de Delphi.

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Sindicatos en trama criminal de EREs. 

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Publicado por Alejandro Mon