La PSOE de
Guerrero y Griñán permitió los ERES en Andalucía para "garantizar la paz
social"
¿Acaso hay que delinquir para lograr "la paz social"?
Magdalena Álvarez es imputada por malversación y prevaricación en el
caso de los ERE
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| Maleni y Griñán, a partir un piñón. ¿Delincuentes? Griñán, Griñán, Griñán ... ¿¿...?? |
La exministra y exconsejera ha defendido la
legalidad de las ayudas investigadas en los ERE falsos y ha dicho que las
transferencias de financiación eran una trasposición de normas estatales.
Magdalena Álvarez ha declarado que su gestión como consejera fue
"transparente y clara"
Álvarez ha comenzado a comparecer (asisten una
treintena de letrados) pese a que la Audiencia de Sevilla tiene previsto
debatir el próximo 21 de octubre el recurso planteado por su defensa contra
esta imputación, por lo que ha declarado sin conocer la resolución definitiva
de los jueces.
El abogado de la exconsejera, Horacio Oliva,
recurrió directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos
estaban prescritos, por lo que su imputación "resulta manifiestamente
infundada" y "no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin
caer en la arbitrariedad", según se recoge en el documento. Álvarez dice
que su gestión fue "transparente" Por su parte, la exministra y
exconsejera Álvarez ha declarado que su gestión como consejera de Economía fue
"transparente y clara". Y que no tuvo conocimiento de las irregularidades.
A la salida de los juzgados, Álvarez ha señalado a los periodistas que se
siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le
han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más.
Las excusas de
Magdalena Álvarez ante la juez Alaya por el caso de los EREs
La juez de los ERE imputa a la ex ministra Magdalena Álvarez
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| La juez Alaya |
La juez
que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares,
Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en calidad de imputada a la ex ministra
de Fomento Magdalena Álvarez, que
fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves desde 1994
al 2004. Aún no hay fecha prevista para su declaración.
Álvarez, actual vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones(BEI), forma parte de la veintena de
personas que la instructora del caso ha imputado en un auto notificado a las
partes este martes. Con éstos, son ya cerca de un centenar los encausados por
las irregularidades detectadas en la trama de los ERE.
Junto a la ex consejera de Economía y
Hacienda, en cuya etapa se firmó el convenio marco que dio pie
al nacimiento del 'fondo de reptiles', la titular del Juzgado de Instrucción 6
de Sevilla ha citado también a declarar en calidad de imputado al interventor general de la Junta de
Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez . Gómez Martínez hizo al menos
15 advertencias de que el procedimiento administrativo que se estaba utilizando
para pagar las ayudas a las prejubilaciones era irregular, pero no surtieron
efecto.
La Intervención del
Estado insiste en que la Junta debió frenar los ERE
Los
fondos nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales (...) La Junta
tuvo la posibilidad legal, que no ejerció, de realizar las modificaciones
precisas en el presupuesto de la Consejería de Empleo para disponer del crédito
presupuestario adecuado”. La Intervención General del Estado ha vuelto a
censurar al Gobierno andaluz por el mecanismo utilizado en el fondopara
empresas en crisis. Los cuatro interventores han entregado a la juez Mercedes Alaya un segundo informe ampliatorio después del
voluminoso análisis (8.245 folios con anexos) que enviaron hace un mes a la
magistrada.
En el primer informe los interventores apuntaron al expresidente
de la JuntaJosé Antonio
Griñán y a la
vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, por
permitir como consejeros de Hacienda la existencia del fondo. Los auditores
fueron muy críticos con la gestión y vigilancia del fondo por parte del
Ejecutivo autónomo. Frente a esta censura, la Junta ha defendido que el fondo
fue incluido en la Ley de Presupuestos año tras año, por lo que lograba rango
de ley, y una ley no puede ser ilegal.
El principal inconveniente que censuran los auditores es el uso de
las transferencias de financiación para conceder subvenciones públicas, cuando
su única finalidad debía ser la cobertura de pérdidas de las entidades públicas
de la Junta. Además, seis de las modificaciones presupuestarias para elevar el
gasto fueron aprobadas por el consejero de Hacienda y 16 se elevaron al Consejo
de Gobierno de la Junta.
Alaya ve “probabilidad cierta” de
condena a Álvarez y otros dos altos cargos (Ver auto)
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| La juez Alaya |
A
partir de ahí, Alaya delimita los indicios que observa para estas imputaciones.
En primer lugar, entiende que los tres acusados, “serían promotores, en
connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones”.
Este, según insiste la juez, es la transferencia de financiación, un mecanismo
de traspaso de fondos a una partida para financiar “operaciones genéricas” de
entidades públicas. Como en el resto de autos, la juez vuelve a defender que este
sistema permitía “eludir los férreos requisitos legales de tramitación y
fiscalización”.
Alaya
considera que “la adopción de este procedimiento al margen de la ley se
iniciaría, entre otros, con la autorización de los inculpados” por ser los
encargados de elaborar el Presupuesto de la Junta.
La
magistrada entiende que el “uso ilegal de fondos públicos se permitiría a
sabiendas”, aunque también admite que “el uso que le dio la Consejería de
Empleo a estos fondos públicos no era responsabilidad de los inculpados.”
También
achaca la juez en su auto a los imputados la dotación de las
partidas de las transferencias de financiación y haber dado “instrucciones, o
al menos ser conocedores, de que con este procedimiento era necesario alterar
la realidad del presupuesto de explotación del IFA”, Instituto de Fomento de
Andalucía que recibía los fondos desde la Consejería de Empleo.
«La fianza está totalmente fuera de lugar y es desproporcionada», dice Malena, pero no dudó en dar , ilegalmente, subvenciones millonarias, en el caso de los EREs, con cargo a los impuestos de los contribuyentes.
¿Acaso no fueron, además de ilegales, mas que desproporcionadas las millonarias subvenciones sociolaborales dadas para mantenerse en el poder a costa del sufrido contribuyente?
Claro que la fianza es desproporcionada, tenía que ser, cuando menos, el triple.
¿Acaso no fueron, además de ilegales, mas que desproporcionadas las millonarias subvenciones sociolaborales dadas para mantenerse en el poder a costa del sufrido contribuyente?
Claro que la fianza es desproporcionada, tenía que ser, cuando menos, el triple.
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| Auto de la juez Alaya |
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Respuestas para
entender el caso
Es la investigación de ayudas concedidas por parte de la Junta de
Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. A estas subvenciones
accedieron miles de trabajadores de forma legal, pero también personas que ni
siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas; son los llamados intrusos, que
según la Junta fueron 72. Los fondos se tramitaron a través de las
organizaciones sindicales de CC OO y UGT y empresas consultoras y aseguradoras,
que también están siendo investigadas, así como
los responsables de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías
implicadas en todo el procedimiento.¿Quiénes y qué entidades están presuntamente implicados?
Respuestas para
entender el caso
Estas son
respuestas a preguntas clave para entender qué es el fraude de los ERE, cómo se
originó, por qué no se actuó en diez años y quiénes están implicados en el caso
por acción u omisión: ¿Qué es el caso ERE?
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| Maleni, de lujo. |
El principal de los 144 implicados es el exdirector
general de Trabajo Javier Guerrero, a quien también se le
atribuye el uso de fondos públicos en drogas y alcohol.
Las
consultoras Vitalia y Uniter, que recibieron 68 millones en comisiones.
De estos fondos, la Guardia
Civil estima ilegales 50 millones.
En la trama de
corrupción figura el intermediario Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, y la
cúpula de la consultora Vitalia. ¿A cuánto asciende el fraude?
La investigación del caso considera que los fondos públicos
defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 porsobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades
que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta
de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las
mismas y 12,3 millones entregados a intrusos (prejubilados ajenos a las
compañías beneficiadas). El fondo de los ERE estuvo dotado con …
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Alaya destaca "la
participación lucrativa" de los sindicatos en el negocio de las
prejubilaciones
La jueza que investiga el caso de los expedientes
de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que destaca
"la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran
negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de
Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus
obligaciones o cometidos sindicales".
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Alaya destaca "la
participación lucrativa" de los sindicatos en el negocio de las
prejubilaciones
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| UGT y CC.OO van de la mano ... Y no tienen vergüenza ... ¿Delincuentes? ¡Fuera EREs y fuera cursos de formación! Los "cursos de formación son "contratos de servicios" que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, no por la Ley de Subvenciones, la gran estafa. |
Así lo asevera la jueza Mercedes Alaya
en un auto en el que confirma la fianza de responsabilidad civil de 471.352
euros impuesta al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de
CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto y declara la responsabilidad subsidiaria, en
lo que supone un dato a destacar, de FIA UGT-A, FIA UGT estatal y Temiqui S.A..
La magistrada asevera que "es un hecho
ampliamente reconocido" en la causa que los sindicatos "cobraban de
las empresas o de las mediadoras un porcentaje de cada proceso de
jubilación", lo cual "se traducía en el percibo de cantidades
considerables en una horquilla que oscilaba entre el 0,5 y el 2,5 por
ciento". "De ahí" que los sindicatos "estuvieran
interesados en que estos procesos se produjeran, en la financiación de los
mismos por parte de la Junta y en que el importe de la subvención fuera el más
amplio posible, pues eran factores que influían en la cuantificación de sus
comisiones", dice la juez.
Uniter y Vitalia
A ello se suma que "también es
un hecho ampliamente admitido por los representantes de Vitalia y Uniter que
tales comisiones se cobraban, pese a no prestar ningún servicio específico para
la empresa o para las mediadoras distinto de lo que eran sus propias
obligaciones sindicales", ya que "intervenían como era su obligación
en las negociaciones en nombre de los trabajadores".
El PP pide investigar las ayudas
dadas entre 2010 y 2012
El PP ha
anunciado que ha presentado un escrito en la causa judicial que instruye la
juez Mercedes
Alaya sobre el fraude de los
expedientes de regulación de empleo (ERE) en el que le ha instado a requerir a la Junta
una copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitadas
por el Gobierno andaluz entre 2010 y 2012, periodo en el que era presidente José Antonio
Griñán. Lo hace a raíz de la declaración, la semana pasada, del ex
interventor delegado de Empleo, Juan Luque, en la que aseguró que “no había
podido hacer informes de disconformidad en relación a unas ayudas excepcionales
que se otorgaban mediante una resolución de 24 de febrero de 2012”, informa
Europa Press. Asimismo, los populares han solicitado que Susana Díaz comparezca
en el Parlamento para que explique si conocía el informe de la Intervención
General del Estado (IGAE), hecho público el pasado sábado, en el que se
achaca a Griñán y a la exministra Magdalena Álvarez que no frenaran el pago de
los ERE.
La vicesecretaria de Territorio,
Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP, Alicia Martínez, ha
explicado que su partido ha solicitado una copia íntegra de todos los
expedientes de ayudas sociolaborales tramitados por dicha consejería en los
años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario 31L —el conocido
como fondo de reptiles— o cualquier otro programa presupuestario. También ha
requerido una copia íntegra de todos los expedientes tramitados por la
Consejería de Hacienda y Administración Pública durante los mismos años y con
cargo a esas partidas. Concretamente, las relacionadas con programas como el
utilizado en el caso de los extrabajadores de Delphi.
Sindicatos en trama criminal de EREs.