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LOS GESTORES PÚBLICOS CORRUPTOS SON LA CAUSA ÚLTIMA DE LA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y DEBEN SER JUZGADOS





La causa última de toda malversación de fondos públicos radica en los gestores públicos que otorgan discrecionalmente esos fondos públicos. 

Un claro ejemplo lo tenemos en el "Caso Iñaki Urdangarín": tan culpable es Urdangarín como los políticos que le dieron, a dedo, sin licitación y justificación alguna, ilegalmente, esos fondos púbicos. ... 

Pero esos gestores públicos no están procesados ... ni lo estarán ... ¿Eso es justo?

Nada ha cambiado en España: la antigestión de lo público equivale a la ruina del país

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción

La teoría de la lucha de clases se encuentra actualmente obsoleta aunque determinadas organizaciones sindicales y políticas, también desfasadas ideológicamente, pretendan seguir utilizándola para abanderar sus interesadas e injustas protestas. En España, este concepto ha evolucionado y su significado apunta en la actualidad a un enfrentamiento entre un grupo extractor y minoritario, compuesto por la élite financiera y la oligarquía político-sindical, y los damnificados del sistema, que evidentemente son los empleados privados por cuenta ajena, los autónomos, los profesionales liberales y las pymes. (Y por supuesto, los parados).
El origen de este conflicto radica en la politización de la Administración, que se ha convertido en el enemigo de las empresas y los ciudadanos y en una de las causas por las que el país está en ruinas, ya que el coste de mantenimiento de la misma no deja de crecer.

La antigestión de lo público

Y todo ello por no hablar de la malversación de caudales públicos, un ilícito penal que se ha convertido en un jocoso término denominado "despilfarro" y apenas tiene consecuencias gracias al secuestro de la Justicia por parte de la casta política. 

Porque el problema de la economía española, al margen de las crisis globales que afectan a todos los países, es sistémico, es de origen interno y de índole política.


A lo largo de la historia, multitud de regímenes dictatoriales, totalitarios y corruptos han llegado a su ocaso justamente en el momento en el que una tiranizada servidumbre, carente de los derechos fundamentales y saqueada por sus gobernantes hasta la saciedad, se decide a enfrentarse al poder con el objetivo de alcanzar la libertad porque ya no tiene nada que perder. Sin llegar a tal extremo, nuestro actual sistema pseudodemocrático se encuentra en una situación límite. El bipartidismo (sistema que, aunque en otros países funcione, en España se ha convertido en una dictadura partitocrática) está arruinando a millones de familias españolas y, por el contrario, mantiene a los dos principales partidos políticos millonariamente subvencionados.

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Corrupción en la vida pública: La malversación de caudales públicos

Se trata de unos delitos (malversación de caudales públicos) contra la Administración Pública (Título XIX del Libro II del Código Penal).  

En el Código Penal anterior estos delitos se recogían bajo otra rúbrica, “Delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos”.  El cambio de título sugiere una modificación en el objeto de protección, lo cual sin embargo no siempre se percibe con nitidez en la redacción de los diferentes tipos penales.   En ellos de alguna manera subsiste el carácter de infracción de un deber de lealtad del funcionario público en relación con las funciones que le han sido conferidas.   Hay que señalar que si de lo que se trata es de proteger a la Administración tipificando una serie de conductas, no se hace sino en función de la acción de ésta en cuanto ente prestador de servicios públicos y en la medida en que sirve los intereses de los ciudadanos. El correcto funcionamiento de la Administración Pública es el objetivo perseguido por el legislador (principio de eficacia de la Administración); en  este sentido se trata de delitos cuyo objeto es la protección de intereses supraindividuales.

¿Qué es la malversación de fondos públicos ... ?

Destaca en los alarmantes tiempos que vivimos el hecho de que se trata de uno de los delitos que, al menos en el tipo básico, recae directamente sobre las prácticas de corrupción de funcionarios y autoridades, con la intervención de terceros.  Vemos que la conducta de quien se apropia de caudales públicos, o permite que otro lo haga, ha dejado de ser algo puntual o al menos que afectaba a un solo funcionario infiel, para convertirse en centro de preocupación y atención de la sociedad entera por su frecuencia y por la trascendencia pública de las personas que aparecen envueltas en estos delitos.  Además, el modo de comisión de estos delitos (como otros, por ejemplo, el cohecho) de manera triangular (funcionario, particular, partido político o sindicato) dificulta mucho la investigación y el castigo de estos comportamientos.

Los rasgos esenciales de la Administración se establecen en el art. 103 de la Constitución Española,  que señala que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

Por tanto,  este tipo de delitos -con carácter general- lesiona a la Administración en cuanto prestadora de servicios públicos, de acuerdo con los principios que se recogen en dicho artículo de la Constitución.  Dado que el delito de malversación es un delito patrimonial, la protección de la actuación de la Administración aquí se protege de manera mediata, a través de los bienes necesarios para la prestación de estos servicios. Ello no obstante la jurisprudencia ha destacado el carácter pluriofensivo de este delito; así la STS de 24 de octubre de 2012, leemos lo siguiente: 
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Publicado por Alejandro Mon