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| Joaquín Fernández (PP), el abrelatas ... Ayuntamiento de Oviedo |
Operación Pokemon y los excargos del PP asturiano con implicaciones del PSOE (Salas)
Operación Pokémon: Vinculan a dos excargos populares con amaño de contratos en Asturias
Joaquín Fernández (PP), Carlos Guerrero (PP), Jose Luis Fontaniella (PP) alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea (PP), Jose Manuel Menéndez Fernández (PSOE) exalcalde del Ayuntamiento de Salas ... etc.
El exvicesecretario del PP de Asturias, Joaquín Fernández, y el ex alcalde popular de la localidad de Pravia, Carlos Guerrero,
"se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus
respectivos intereses" en la concesión de tres contratos ligados al
ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde Guerrero desempeña actualmente la
función de asesor del equipo de Gobierno. Al menos eso es lo que sostiene la
juez, que en su último auto vincula a los dos excargos del PP imputados en la
trama con "actividades presuntamente ilícitas" que tienen que ver con
un "contrato de gestión de tráfico y multas", otro del "servicio
de limpieza y recogida de basuras" y con la "compra de un GPS"
para el consistorio cangués.
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| Joaquin Fernández, del PP |
Empresa de la trama Pokemon veía problemas en "puto
secretario" e interventor
El que fuera
directivo de Aquagest José Luis Míguez, imputado en el caso Pokemon, calificaba como "puto secretario" al secretario municipal del Ayuntamiento de
Santiago porque, junto al interventor,
"nos están
parando todo lo que tenemos encauzado" con el gobierno local
para ampliar el contrato.
El sumario, al que ha
tenido acceso Efe, revela como este delegado empresarial se quejaba del
interventor y del "puto secretario" -que fue apartado de su cargo- al
ser los que ponían "peros", los que "nos están parando todo lo
que tenemos encauzado".
En la instrucción, se
evidencia el interés por destituir a ambos de sus puestos, algo en lo que
trabajan el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, que dejó el bastón de mando al
ser condenado por fraude fiscal; su asesor, Ángel Espadas, y el propio José Luis
Míguez, que está imputado, al igual que las otras dos personas.
En el caso de
Espadas, se especifica que son "innumerables las llamadas" para
encontrar personas que sean favorables y que firmen sin problema el informe de
intervención y el de contratación que se precisa, "funcionarios afines que
no pongan reparos" con la rúbrica.
La
magistrada entiende que hay una "serie de estratagemas" hasta que se
produce la destitución, y este es el motivo por el que aceptó que se persone en
la causa el entonces secretario, al considerar que hubo un enredo para lograr
el objetivo ansiado contando incluso con el "beneplácito" de la
oposición, puesto que Aquagest
contrató a la hija del edil socialista Bernardino Rama.
De ‘trepa’político, a ‘comisionista’
Joaquín Fernández Díaz era un ‘trepa’, pero también un ‘conseguidor’ que intermediaba en la adjudicación de contratos públicos para la empresa Aquagest, perteneciente a la multinacional Agbar, con sede en Barcelona.
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| Enrique Fernández (PSOE) alcalde de SMRA |
El ex vicesecretario de Comunicación del PP en Asturias, y ex presidente del Partido Popular en San Martín del Rey Aurelio, fue detenido (14-2-2013) en el marco de la ‘operación Pokémon’ que instruye la juez Pilar de Lara, y está acusado de un delito de tráfico de influencias que la Fiscalía podría ampliar a otros ilícitos penales (maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad contable, y varios delitos contra la Hacienda pública).
Desde su despacho de ‘negociado’ (consultoría) que tiene ubicado en el Centro de Empresas ‘La Curtidora’ (Avilés), Joaquín Fernández participó en todo tipo de operaciones: privatización del servicio del agua, de la zona azul, y del catastro en municipios gobernados por el PP (Cangas del Narcea, Tapia de Casariego, Vegadeo, Coaña…), pero también por el PSOE (Pravia, Navia, Llanes, Langreo, San Martín del Rey Aurelio …); adjudicación y ejecución de obras menores; concesión de una gasolinera en El Entrego; venta de 15 camiones de basura para el gobierno de Colombia; construcción de un astillero en Perú, diseño y producción de la página web de la candidata del PP, Mercedes Fernández; trabajos de pintura en oficinas y naves; trabajos de jardinería para HUNOSA; y hasta trató de vender un rifle telescópico.
Antes de su detención, el alto cargo del Partido Popular, había puesto en marcha una segunda empresa dedicada a la desinfección (desratización) y ropa de trabajo (uniformes), con el fin de “asaltar todos los ayuntamientos del PP”, según figura en el sumario de la ‘operación Pokémon’.
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Carlos Guerrero (PP), exalcalde de Pravia, hasta ahora asesor del alcalde de Cangas del Narcea Jose Luis Fontaniella (PP) |
De profesión, ‘comisionista’
Joaquín Fernández,
vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, tenía información
privilegiada, y de primera mano, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Se la facilitaba, Juan Carlos Guerrero, asesor del alcalde y ex alcalde de
Pravia (PP), con la ‘cooperación’ del interventor municipal. Ambos, están
imputados por un delito de tráfico de influencias, en el marco de la ‘operación
Pokémón’. En su informe, los agentes de Vigilancia Aduanera, reflejan
conversaciones, hechos y actuaciones, entre Fernández y Guerrero, que
podrían ser constitutivos de otros delitos, “uso de información
privilegiada, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, falsedad
documental, tráfico de influencias e intervención fraudulenta en
contrataciones públicas, y blanqueo de dinero”. En el sumario, se
refleja que “Joaquín
Fernández actúa de intermediario entre la empresa GRS (su administrador,
Alexander Ros, también está imputado) y el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea (Juan Carlos Guerrero). Los actos que realizan los tres están destinados
a consumar un presunto delito de prevaricación a través del tráfico
de influencias y la manipulación de concursos municipales”.
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| Jose Luis Fontaniella (PP) alcalde de Cangas del Narcea, se nombró asesor a Carlos Guerrero ... ¿...? ¿Hubo chanchullos? |
Según el sumario,
Joaquín Fernández había encontrado un ‘filón’ en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, donde con la ayuda de Juan Carlos Guerrero, trató de alterar los
pliegos de los contratos (privatización) de la gestión de tráfico
y multas, y del servicio de limpieza viaria y recogida de
basuras; con el fin de allanar la adjudicación a ‘terceros’ (GRS
y Urbaser), además de ofrecer los servicios de su consultoría para
redactar las ‘asistencias técnicas’ de ambos concursos. Además, el ex dirigente
del PP, ‘intervino’ en la compra de GPS y radares, en la seguridad de
accesos y vigilancia, vendió ropa laboral al consistorio, y utilizó
sus influencias para la concesión de obras menores, también a través de
‘terceras empresas’, y otros asuntos relacionados con las depuradoras
gestionadas por Aquagest. En su informe, los agentes de Vigilancia Aduanera,
sostienen que las llamadas intervenidas a Joaquín Fernández Díaz reflejan
un
“tráfico de influencias continuado en diferentes ayuntamientos de Asturias, así
como en otros organismos públicos, y la presunta emisión de facturas
falsas”.
En el momento de su detención (14 de febrero de 2013), Joaquín Fernández estaba
a punto de embarcar, rumbo a la Riviera Maya, donde había reservado
una lujosa habitación (ático) junto a M.R.G.
Golfos y golferías
Joaquín
Fernández, ex dirigente del Partido Popular, dice que no entiende “dónde
están las cuestiones penales que se pueden derivar de las conversaciones”,
en alusión a los ‘pinchazos’ telefónicos que ordenó la juez Pilar de Lara,
en el marco de la ‘operación Pokémon’. Sin embargo, las conversaciones que
fueron intervenidas, y que viene publicando AsturiasDiario,
le delatan. En el sumario del caso, los agentes refleja hechos
y actuaciones, que podrían ser constitutivos de, al menos, media docena de
delitos. En este sentido, el sumario también revela la consideración que tenían
de Joaquín Fernández sus jefes (“es un chorizo”).
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| Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, acompañada de Mª Dolores de Cospedal, presinda de la Comunidad Autónoma de Castilla lLa Mancha |
Aunque muchos de
los trapicheos que se traían entre manos los protagonistas de las
conversaciones que este periódico está ofreciendo, prácticamente de manera
integra, a fin de evitar manoseadas coartadas (“lo
que dije se ha sacado de contexto”); no se llegaron
a consumar; podría existir un delito, o varios delitos, en grado de
tentativa. La detención de Joaquín Fernández y el registro del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ordenado por la juez que instruye el caso,
dio al traste con todas las operaciones que tramaban Joaquín Fernández
y el asesor del alcalde, Juan Carlos Guerrero, también imputado en la
causa. Guerrero, abogado de profesión, en su defensa alegó en los
interrogatorios que “no intervengo en nada relativo
a contratación, no tengo facultades, ni competencias en los procedimientos
administrativos”. Sin embargo, los pinchazos telefónicos
apuntan en otra dirección.
El
asesor de la Alcaldía de Cangas del Narcea niega su implicación en el 'caso
Pokémon'
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| Carlos Guerrero (PP), exalcalde de Pravia |
En el informe de
Vigilancia Aduanera que forma parte del tomo 55 de un sumario de 130 sobre el
que acaba de levantar el secreto de sumario la instructora de la Operación Pokemon, la jueza Pilar de
Lara, se incluyen entre otros aspectos las relaciones entre Joaquín Fernández y Juan Carlos Guerrero, el exalcalde de
Pravia, abogado y ahora asesor del alcalde de Cangas del Narcea e imputado
en el caso, y, en ellas, ven «tráfico de influencias».
Los agentes sostienen que Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, recibía de Guerrero datos de las ofertas de otras empresas «para preparar una bajada mínima para llevarse el contrato». Hablan, en varias ocasiones, de contratos de limpieza viaria, gestión de multas o recogida de basura. De hecho, entre uno de los responsables de Aquagest, Alejandro Ros, y Fernández hablan de que aunque la baja real para competir con la empresa Vieline sea del 20%, «tu baja en el proyecto puede ser del 5% y que le vale perfectamente». Fernández se beneficiaría de la operación a través de un contrato de asesoría, «una asistencia técnica» por la que giraría una factura a la empresa para la que trabajaba de 'abrelatas'. Para ello le pide a Guerrero que frene el contrato unos días para hacer llegar su propuesta. «Estupendo», responde éste.
La detención del alcalde de
Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria Danés (CiU), por su supuesta
vinculación con una trama de sobornos
de empresarios a políticos para la adjudicación
de servicios públicos se produce, según fuentes judiciales, a
partir de las pesquisas derivadas de la operación
Pokémon, que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo.
La operación
Pokémon --que afecta a dirigentes de los tres partidos más importantes de
Galicia --PP, PSG y BNG-- trascendió a la opinión pública a finales de
septiembre del 2012, con la detención, entre otros imputados, de los exalcaldes de Ourense y Boqueixón,
aunque el número de imputados supera ya la treintena.
En
la causa, por ahora han sido detenidas 27 personas. De ellas, la jueza
Pilar de Lara envió a tres a prisión, si bien todas ellas se encuentran ya en
libertad. El último en salir de la cárcel, el mes pasado, fue el expresidente
de la Condeferación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de
Lugo, Francisco Fernández Liñares.
Semanas antes dejaron
la prisión el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez
Acosta, y el encargado de la gestión del sistema de aparcamiento ORA
en Lugo, Javier Reguera, después de que la Audiencia Provincial de Lugo
estimase los recursos que presentaron.
Momento en el que los
agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se incautan de documentos en la diputación de Girona.
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| Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil |
Francisco Fernández
Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, exconcejal
socialista de Lugo y uno de los imputados en la operación Pokemon, contaba en
2012 con 424.000 euros en efectivo, "probablemente del cobro de comisiones
ilegales y sobornos", puesto que sus ingresos no justifican la tenencia de
tal cantidad.
Así figura en un
atestado de la Agencia Tributaria sobre presunto blanqueo de capitales,
incluido en el sumario de esta operación que lleva el juzgado de instrucción
número 1 de Lugo y que investiga presuntos sobornos de empresas para la
obtención de concesiones municipales, cuyo secreto se ha levantado hoy.
Este informe, de
junio de 2013, al que tuvo acceso EFE, reitera que Liñares presuntamente
recibía regalos y sobornos de la empresa Vendex, la principal de la supuesta
trama, y que parte del dinero que percibía se destinaba a la adquisición de un
"importante" patrimonio inmobiliario.
El informe de Aduanas apunta a que, de
su investigación, que recoge un manuscrito del expresidente de la CHMS recabado
en un registro domiciliario, se infiere que Francisco González Liñares tenía en
mayo de 2013 hasta 424.000 euros en efectivo, posiblemente procedente de
comisiones y sobornos, en contraposición a sus cuentas y a las de su esposa que
tenían un saldo de 38.000.
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Detenido el alcalde de Sant Hilari Sacalm por
su presunta vinculación con una trama de adjudicaciones irregulares
Agentes
del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han detenido este jueves al alcalde de Sant Hilari Sacalm (Selva),
Robert Fauria Danés (CiU), por su supuesta
vinculación a una trama
de sobornos
en la que están implicados políticos
y empresarios
para la adjudicación de servicios públicos.
La
detención de Fauria, que también es presidente del Consell Comarcal de La Selva, la ha ordenado
la titular del juzgado de instrucción númeo 1 de Lugo, Pilar de Lara, que
instruye el 'caso
Pokémon'. Durante la actuación policial, que es una derivada de
este caso denominada operación Manga, también ha comportado otras tres
detenciones en Catalunya,
así como cuatro más en Santiago
de Compostela y una en Asturias.
Aguas de
Barcelona, implicada en el caso Pokemon por sobornar a ediles y emitir facturas
falsas
Tras muchos meses de
instrucción bajo secreto del sumario, la jueza Pilar de Lara ha
decidido hacer públicos unos trece tomos del Caso Pokemon, una presunta trama de financiación
ilegal del PP y el PSOE de Galicia a través de sobornos, facturas falsas o
infladas, enchufes y favores de empresas para la obtención de millonarios
contratos públicos.
Lo que comenzó como
una investigación centrada en la trama creada por la empresa Vendex para
conseguir adjudicaciones públicas se ha extendido ahora a otra gran empresa, Aquagest, filial del
gigante Aguas de Barcelona. Según la documentación hecha pública
por la jueza tras el levantamiento parcial del sumario, esta empresa presionó y sobornó a
ediles y funcionarios gallegos para hacerse con los contratos de aguas de
ciudades como Santiago de Compostela y municipios de las provincias de Orense y
Lugo.
La trama establecía, por un lado, pagos y sobornos a políticos y
funcionarios para obtener contratos millonarios, y por otro inflaba facturas
con dinero público para engordar las cuentas de Aquagest y la retribución de
sus directivos
Según la jueza, la
trama de Aquagest no sólo establecía pagos ocultos a representantes públicos
para que facilitaran los contratos. También se produjo movimiento de dinero en
sentido inverso, es decir, de las arcas públicas a las cuentas de la empresa de
gestión de aguas mediante facturas infladas o falsas para enriquecer a los
directivos de ésta.
Si conseguimos renovar
ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, responsable de
Aquagest en Santiago de Compostela, en una conversación intervenida por
Vigilancia Aduanera que aparece recogida en el sumario. La empresa de
aguas presionó para renovar un contrato de 18 millones de euros y la
corporación municipal de Santiago, que dirigía el alcalde Gerardo Conde Roa, le correspondió con
el intento "fraudulento" de sacar adelante la renovación de tan
preciado contrato. Lo que perseguían las dos partes, considera la magistrada De
Lara, era "conseguir un aumento de ingresos de muchas personas, con
perjuicio de los contribuyentes del Concello".
Publicado por Alejandro Mon