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OPERACIÓN POKÉMON Y CORRUPCIÓN EN ASTURIAS: JOAQUIN FERNÁNDEZ (PP) – JUAN CARLOS GUERRERO (PP) - JOSE MANUEL MENÉNDEZ (PSOE) ...¿QUIÉNES SON? ¿QUIENES LES PROTEGEN?



Joaquín Fernández (PP), el abrelatas ... Ayuntamiento de Oviedo

Operación Pokemon y los excargos del PP asturiano con implicaciones del PSOE (Salas)

Operación Pokémon: Vinculan a dos excargos populares con amaño de contratos en Asturias

 

Joaquín Fernández (PP), Carlos Guerrero (PP), Jose Luis Fontaniella (PP) alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea (PP), Jose Manuel Menéndez Fernández (PSOE) exalcalde del Ayuntamiento de Salas ... etc.

El exvicesecretario del PP de Asturias, Joaquín Fernández, y el ex alcalde popular de la localidad de Pravia, Carlos Guerrero, "se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses" en la concesión de tres contratos ligados al ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde Guerrero desempeña actualmente la función de asesor del equipo de Gobierno. Al menos eso es lo que sostiene la juez, que en su último auto vincula a los dos excargos del PP imputados en la trama con "actividades presuntamente ilícitas" que tienen que ver con un "contrato de gestión de tráfico y multas", otro del "servicio de limpieza y recogida de basuras" y con la "compra de un GPS" para el consistorio cangués.



Joaquin Fernández, del PP

Empresa de la trama Pokemon veía problemas en "puto secretario" e interventor

El que fuera directivo de Aquagest José Luis Míguez, imputado en el caso Pokemon, calificaba como "puto secretario" al secretario municipal del Ayuntamiento de Santiago porque, junto al interventor, "nos están parando todo lo que tenemos encauzado" con el gobierno local para ampliar el contrato.

El sumario, al que ha tenido acceso Efe, revela como este delegado empresarial se quejaba del interventor y del "puto secretario" -que fue apartado de su cargo- al ser los que ponían "peros", los que "nos están parando todo lo que tenemos encauzado".
En la instrucción, se evidencia el interés por destituir a ambos de sus puestos, algo en lo que trabajan el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, que dejó el bastón de mando al ser condenado por fraude fiscal; su asesor, Ángel Espadas, y el propio José Luis Míguez, que está imputado, al igual que las otras dos personas.

En el caso de Espadas, se especifica que son "innumerables las llamadas" para encontrar personas que sean favorables y que firmen sin problema el informe de intervención y el de contratación que se precisa, "funcionarios afines que no pongan reparos" con la rúbrica.

La magistrada entiende que hay una "serie de estratagemas" hasta que se produce la destitución, y este es el motivo por el que aceptó que se persone en la causa el entonces secretario, al considerar que hubo un enredo para lograr el objetivo ansiado contando incluso con el "beneplácito" de la oposición, puesto que Aquagest contrató a la hija del edil socialista Bernardino Rama.

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De ‘trepa’político, a ‘comisionista’

Joaquín Fernández Díaz era un ‘trepa’, pero también un ‘conseguidor’ que intermediaba en la adjudicación de contratos públicos para la empresa Aquagest, perteneciente a la multinacional Agbar, con sede en Barcelona.

Enrique Fernández (PSOE) alcalde de SMRA

El ex vicesecretario de Comunicación del PP en Asturias, y ex presidente del Partido Popular en San Martín del Rey Aurelio, fue detenido (14-2-2013) en el marco de la ‘operación Pokémon’ que instruye la juez Pilar de Lara, y está acusado de un delito de tráfico de influencias que la Fiscalía podría ampliar a otros ilícitos penales (maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad contable, y varios delitos contra la Hacienda pública).

 Desde su despacho de ‘negociado’ (consultoría) que tiene ubicado en el Centro de Empresas ‘La Curtidora’ (Avilés), Joaquín Fernández participó en todo tipo de operaciones: privatización del servicio del agua, de la zona azul, y del catastro en municipios gobernados por el PP (Cangas del Narcea, Tapia de Casariego, Vegadeo, Coaña…), pero también por el PSOE (Pravia, Navia, Llanes, Langreo, San Martín del Rey Aurelio …); adjudicación y ejecución de obras menores; concesión de una gasolinera en El Entrego; venta de 15 camiones de basura para el gobierno de Colombia; construcción de un astillero en Perú, diseño y producción de la página web de la candidata del PP, Mercedes Fernández; trabajos de pintura en oficinas y naves; trabajos de jardinería para HUNOSA; y hasta trató de vender un rifle telescópico.

 Antes de su detención, el alto cargo del Partido Popular, había puesto en marcha una segunda empresa dedicada a la desinfección (desratización) y ropa de trabajo (uniformes), con el fin de “asaltar todos los ayuntamientos del PP”, según figura en el sumario de la ‘operación Pokémon’.

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Carlos Guerrero (PP), exalcalde de Pravia, hasta ahora asesor del alcalde de Cangas del Narcea Jose Luis Fontaniella (PP)


De profesión, ‘comisionista’

Joaquín Fernández, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, tenía información privilegiada, y de primera mano, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Se la facilitaba, Juan Carlos Guerrero, asesor del alcalde y ex alcalde de Pravia (PP), con la ‘cooperación’ del interventor municipal. Ambos, están imputados por un delito de tráfico de influencias, en el marco de la ‘operación Pokémón’. En su informe, los agentes de Vigilancia Aduanera, reflejan conversaciones, hechos y actuaciones, entre Fernández y Guerrero, que podrían ser constitutivos de otros delitos, “uso de información privilegiada, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental, tráfico de influencias e intervención fraudulenta en contrataciones públicas, y blanqueo de dinero”. En el sumario, se refleja que “Joaquín Fernández actúa de intermediario entre la empresa GRS (su administrador, Alexander Ros, también está imputado) y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Juan Carlos Guerrero). Los actos que realizan los tres están destinados a consumar un presunto delito de prevaricación a través del tráfico de influencias y la manipulación de concursos municipales”.


Jose  Luis Fontaniella (PP) alcalde de Cangas del Narcea, se nombró asesor a Carlos Guerrero ... ¿...? ¿Hubo chanchullos?

Según el sumario, Joaquín Fernández había encontrado un ‘filón’ en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde con la ayuda de Juan Carlos Guerrero, trató de alterar los pliegos de los contratos (privatización) de la gestión de tráfico y multas, y del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras; con el fin de allanar la adjudicación a ‘terceros’ (GRS y Urbaser), además de ofrecer los servicios de su consultoría para redactar las ‘asistencias técnicas’ de ambos concursos. Además, el ex dirigente del PP, ‘intervino’ en la compra de GPS y radares, en la seguridad de accesos y vigilancia, vendió ropa laboral al consistorio, y utilizó sus influencias para la concesión de obras menores, también a través de ‘terceras empresas’, y otros asuntos relacionados con las depuradoras gestionadas por Aquagest. En su informe, los agentes de Vigilancia Aduanera, sostienen que las llamadas intervenidas a Joaquín Fernández Díaz reflejan un “tráfico de influencias continuado en diferentes ayuntamientos de Asturias, así como en otros organismos públicos, y la presunta emisión de facturas falsas”. En el momento de su detención (14 de febrero de 2013), Joaquín Fernández estaba a punto de embarcar, rumbo a la Riviera Maya, donde había reservado una lujosa habitación (ático) junto a M.R.G.

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Golfos y golferías

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, acompañada de Mª Dolores de Cospedal, presinda de la Comunidad Autónoma de Castilla lLa Mancha
Joaquín Fernández, ex dirigente del Partido Popular, dice que no entiende “dónde están las cuestiones penales que se pueden derivar de las conversaciones”, en alusión a los ‘pinchazos’ telefónicos que ordenó la juez Pilar de Lara, en el marco de la ‘operación Pokémon’. Sin embargo, las conversaciones que fueron intervenidas, y que viene publicando AsturiasDiario, le delatan. En el sumario del caso, los agentes refleja hechos y actuaciones, que podrían ser constitutivos de, al menos, media docena de delitos. En este sentido, el sumario también revela la consideración que tenían de Joaquín Fernández sus jefes (“es un chorizo”).

Aunque muchos de los trapicheos que se traían entre manos los protagonistas de las conversaciones que este periódico está ofreciendo, prácticamente de manera integra, a fin de evitar manoseadas coartadas (“lo que dije se ha sacado de contexto”); no se llegaron a consumar; podría existir un delito, o varios delitos, en grado de tentativa. La detención de Joaquín Fernández y el registro del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ordenado por la juez que instruye el caso, dio al traste con todas las operaciones que tramaban Joaquín Fernández y el asesor del alcalde, Juan Carlos Guerrero, también imputado en la causa. Guerrero, abogado de profesión, en su defensa alegó en los interrogatorios que “no intervengo en nada relativo a contratación, no tengo facultades, ni competencias en los procedimientos administrativos”. Sin embargo, los pinchazos telefónicos apuntan en otra dirección.


El asesor de la Alcaldía de Cangas del Narcea niega su implicación en el 'caso Pokémon'

Carlos Guerrero (PP), exalcalde de Pravia 

En el informe de Vigilancia Aduanera que forma parte del tomo 55 de un sumario de 130 sobre el que acaba de levantar el secreto de sumario la instructora de la Operación Pokemon, la jueza Pilar de Lara, se incluyen entre otros aspectos las relaciones entre Joaquín Fernández y Juan Carlos Guerrero, el exalcalde de Pravia, abogado y ahora asesor del alcalde de Cangas del Narcea e imputado en el caso, y, en ellas, ven «tráfico de influencias».


Los agentes sostienen que Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, recibía de Guerrero datos de las ofertas de otras empresas «para preparar una bajada mínima para llevarse el contrato». Hablan, en varias ocasiones, de contratos de limpieza viaria, gestión de multas o recogida de basura. De hecho, entre uno de los responsables de Aquagest, Alejandro Ros, y Fernández hablan de que aunque la baja real para competir con la empresa Vieline sea del 20%, «tu baja en el proyecto puede ser del 5% y que le vale perfectamente». Fernández se beneficiaría de la operación a través de un contrato de asesoría, «una asistencia técnica» por la que giraría una factura a la empresa para la que trabajaba de 'abrelatas'. Para ello le pide a Guerrero que frene el contrato unos días para hacer llegar su propuesta. «Estupendo», responde éste.

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Operación Pokémon- Juzgado de Instrucción 1 de Lugo: sobornos para conseguir adjudicaciones públicas

La detención del alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria Danés (CiU), por su supuesta vinculación con una trama de sobornos de empresarios a políticos para la adjudicación de servicios públicos se produce, según fuentes judiciales, a partir de las pesquisas derivadas de la operación Pokémon, que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo.

La operación Pokémon --que afecta a dirigentes de los tres partidos más importantes de Galicia --PP, PSG y BNG-- trascendió a la opinión pública a finales de septiembre del 2012, con la detención, entre otros imputados, de los exalcaldes de Ourense y Boqueixón, aunque el número de imputados supera ya la treintena. 

En la causa, por ahora han sido detenidas 27 personas. De ellas, la jueza Pilar de Lara envió a tres a prisión, si bien todas ellas se encuentran ya en libertad. El último en salir de la cárcel, el mes pasado, fue el expresidente de la Condeferación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares.
 
Semanas antes dejaron la prisión el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, y el encargado de la gestión del sistema de aparcamiento ORA en Lugo, Javier Reguera, después de que la Audiencia Provincial de Lugo estimase los recursos que presentaron.

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Momento en el que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se incautan de documentos en la diputación de Girona.


 
Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
 
Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, exconcejal socialista de Lugo y uno de los imputados en la operación Pokemon, contaba en 2012 con 424.000 euros en efectivo, "probablemente del cobro de comisiones ilegales y sobornos", puesto que sus ingresos no justifican la tenencia de tal cantidad.
 
Así figura en un atestado de la Agencia Tributaria sobre presunto blanqueo de capitales, incluido en el sumario de esta operación que lleva el juzgado de instrucción número 1 de Lugo y que investiga presuntos sobornos de empresas para la obtención de concesiones municipales, cuyo secreto se ha levantado hoy.
 
Este informe, de junio de 2013, al que tuvo acceso EFE, reitera que Liñares presuntamente recibía regalos y sobornos de la empresa Vendex, la principal de la supuesta trama, y que parte del dinero que percibía se destinaba a la adquisición de un "importante" patrimonio inmobiliario.
 
El informe de Aduanas apunta a que, de su investigación, que recoge un manuscrito del expresidente de la CHMS recabado en un registro domiciliario, se infiere que Francisco González Liñares tenía en mayo de 2013 hasta 424.000 euros en efectivo, posiblemente procedente de comisiones y sobornos, en contraposición a sus cuentas y a las de su esposa que tenían un saldo de 38.000.
 

Detenido el alcalde de Sant Hilari Sacalm por su presunta vinculación con una trama de adjudicaciones irregulares


Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han detenido este jueves al alcalde de Sant Hilari Sacalm (Selva), Robert Fauria Danés (CiU), por su supuesta vinculación a una trama de sobornos en la que están implicados políticos y empresarios para la adjudicación de servicios públicos.

La detención de Fauria, que también es presidente del Consell Comarcal de La Selva, la ha ordenado la titular del juzgado de instrucción númeo 1 de Lugo, Pilar de Lara, que instruye el 'caso Pokémon'. Durante la actuación policial, que es una derivada de este caso denominada operación Manga, también ha comportado otras tres detenciones en Catalunya, así como cuatro más en Santiago de Compostela y una en Asturias.

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Aguas de Barcelona, implicada en el caso Pokemon por sobornar a ediles y emitir facturas falsas


Tras muchos meses de instrucción bajo secreto del sumario, la jueza Pilar de Lara ha decidido hacer públicos unos trece tomos del Caso Pokemon, una presunta trama de financiación ilegal del PP y el PSOE de Galicia a través de sobornos, facturas falsas o infladas, enchufes y favores de empresas para la obtención de millonarios contratos públicos.

Lo que comenzó como una investigación centrada en la trama creada por la empresa Vendex para conseguir adjudicaciones públicas se ha extendido ahora a otra gran empresa, Aquagest, filial del gigante Aguas de Barcelona. Según la documentación hecha pública por la jueza tras el levantamiento parcial del sumario, esta empresa presionó y sobornó a ediles y funcionarios gallegos para hacerse con los contratos de aguas de ciudades como Santiago de Compostela y municipios de las provincias de Orense y Lugo.

La trama establecía, por un lado, pagos y sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos millonarios, y por otro inflaba facturas con dinero público para engordar las cuentas de Aquagest y la retribución de sus directivos

Según la jueza, la trama de Aquagest no sólo establecía pagos ocultos a representantes públicos para que facilitaran los contratos. También se produjo movimiento de dinero en sentido inverso, es decir, de las arcas públicas a las cuentas de la empresa de gestión de aguas mediante facturas infladas o falsas para enriquecer a los directivos de ésta.

Si conseguimos renovar ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago de Compostela, en una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que aparece recogida en el sumario. La empresa de aguas presionó para renovar un contrato de 18 millones de euros y la corporación municipal de Santiago, que dirigía el alcalde Gerardo Conde Roa, le correspondió con el intento "fraudulento" de sacar adelante la renovación de tan preciado contrato. Lo que perseguían las dos partes, considera la magistrada De Lara, era "conseguir un aumento de ingresos de muchas personas, con perjuicio de los contribuyentes del Concello".

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Publicado por Alejandro Mon