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PUERTO DE GIJÓN (X): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (X)

Es proverbial el agitprog, cinismo y desvergüenza de Rosa Aza, presidenta del Puerto de El Musel, y de Belén Fernández, consejera de Fomento, que nada tiene que ver en El Musel, salvo como consejera, con las denuncias de la OLAF.

La constructora no engañó, no pudo engañar por la sencilla razón de que estaba sometida al control del director de la obra, Jose Luis Diaz Rato, salvo que este señor,  por acción o por omisión, único responsable de las tropelías que se pudieron cometer, no cumpliera con sus obligaciones e hiciera la vista gorda.¡ Esa es su responsabilidad !


Es vergonzoso lo que dice la presidenta del Puerto de El Musel: … que todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de El Musel respecto a la obra de ampliación fueron adoptadas por unanimidad y con los informes técnicos y jurídicos favorables a las mismas. …”
El agitprop y el confusionismo que esta señora, incompetente por demás para dirigir y administrar los intereses generales del Puerto, quiere y trata de introducir en la opinión pública asturiana, no tiene parangón en la historia del Puerto.

Claro que las decisiones se adoptaron por unanimidad. ¡No faltaba más! Pero es que ahí es donde está la culpabilidad de ese Consejo de Administración: jamás pidió cuentas ni al entonces presidente, Fernando Menéndez Rexach, que se dedicaba a viajar por el mundo a costa de los dineros públicos portuarios para nada; ni al entonces director, José Luis Díaz Rato, también director de la obra, que no supo dirigir la obra, y permitió, en connivencia con el presidente, las barbaridades ya denunciadas que hicieron ambos con las canteras:
·  En primer lugar, firmando el ilegal convenio de la cantera con Hidroeléctrica del Cantábrico, causa originaria del posterior desastre, probablemente delictivo, en el abastecimiento de áridos a la obra del Puerto.

·  En segundo lugar gastándose cerca de seis (6) millones de euros en la cantera del Alto de Aboño, que quedó para que anidaran las gaviotas (nidos carísimos, como se puede ver).¿Autorizó este gasto el Consejo de Administración del Puerto?¿Nos puede aportar el acta de aquella sesión.... ?

·  En tercer lugar, el total desbarajuste y descontrol que el director de la obra, Jose Luis Díaz Rato, llevó a cabo sobre las pesadas y procedencia de los camiones que transportaban los áridos a la obra. ¿Cómo se redactaban las “relaciones valoradas”, soporte y justificación de las subsiguientes “certificaciones de obra”, si no se controlaba en la obra la entrada y procedencia de los camiones para dejar constancia de la pesada y procedencia de los mismos, es decir, en qué canteras cargaban? ¿Consta en la documentación del director de la obra la procedencia de la carga de los camiones que cargaron en la escombrera de “Mina La Camocha”… o en otras escombreras…? La responsabilidad del control de estos materiales transportados por los camiones es, única y exclusiva, del director de la obra que, para estos menesteres, contaba con el contratista de servicios “UTE Cabo Torres” cuyo objeto contractual fue, nada más y nada menos, la “Asistencia técnica para el control de ejecución y de la calidad para la “Obra de ampliación del Puerto de Gijón. Pero Jose Luis Díaz Rato, director de la obra, se limitaba a firmar lo que le presentaba la asistencia técnica que, como se ve, no sabía tampoco cuáles eran sus obligaciones contractuales. ¡Dios los cría y ellos sólos se juntan! ¡Ignorante el uno e ignorantes los otros! Pero la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

·  En cuarto lugar, para mayor desvergüenza y desacreditación de todos esos personajes que defiende la presidenta Rosa Aza y que tramitaron el expediente de contratación, incluido el servicio jurídico, sin saber nada delo que habla, al contratista de servicios “UTE Cabo Torres”, asistencia técnica a la dirección de la obra, la pagó, casi doce millones de euros, el contratista de la obra “UTE Dique Torres”, cuando el pago de ese contrato de servicios lo tenía que haber hecho el Puerto, como ya ha informado, reiteradamente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. No se puede poner a la zorra a vigilar al gallinero ... se las come.

· En quinto lugar ….hay tantas barbaridades que denunciar … como las “actas de nuevos precios”, completamente ilegales, que, en abril y octubre de2006, firmó con la contrata el director de la obra Jose Luis Díaz Rato, pasando el precio del pedraplén todo uno de7,30 € a 26,34 € el m3; y la escollera de 8,25 € a 29,30 € el m3. ¿Autorizó el Consejo de Administración del Puerto estos cambios de precios? Téngase en cuenta que el director de la obra no tenía competencia para alterar los precios unitarios de la adjudicación, por lo que cometió una auténtica ilegalidad, siendo nula de pleno derecho esa alteración de precios extracontractual. Sólo vía modificación contractual se pueden alterar los precios establecidos en el contrato formalizado. ¿Aprobó esos nuevos precios el Consejo de Administración? Eso es lo que dice la OLAF.

· En sexto lugar, echar la culpa de los supuestos fraudes de las canteras a la contrata “UTE Dique Torres” es de un cinismo inimaginable. La contrata tiene la obligación de ejecutar la obra contratada, pero es obligación y responsabilidad exclusiva del director de la obra controlar a lacontrata cosa que, parece, nohizo JoseLuis Díaz Rato …y, encima, ha sido indemnizado por el Puerto, por haber sido cesado en su puesto de director con unos360.000 €.

· Por último, denunciar los desatinos de Rosa Aza, Belén Fernández … y de todos aquellos que defienden a los verdaderos culpables de este fraude monumental al Puerto de El Musel, y que ahora se hacen las víctimas … cuando han sangrado y siguen sangrando a todos los asturianos. ¡NO TIENEN VERGÜENZA!

La Autoridad Portuaria estudia los datos del IVA aportados por la OLAF para conocer si hubo engaño por parte de las constructoras

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, señaló ayer que está analizando los datos sobre el IVA entre la UTE Dique Torres y sus subcontratistas y suministradores, para considerar si ha habido algún tipo de engaño de las empresas constructoras a la Autoridad Portuaria.
“Eso es lo que estamos estudiando, porque además tengo que recordar que la UTE nos ha puesto una demanda al Puerto reclamando un incremento en los pagos porque no consideró que se le pagó toda la cantidad que satisfacía todos los gastos que tenía. En definitiva, cualquier información de la OLAF puede ser relevante para la contestación a la demanda de la UTE”, señaló ayer la presidenta de El Musel.
Aza indicó que la OLAF tiene capacidad para obtener información que es inaccesible para el Puerto y aludió en concreto a “las declaraciones de IVA, que para el Puerto es imposible obtenerlas. Por lo tanto, eso hay que estudiarlo”, en especial “las declaraciones de IVA de los subcontratistas con la UTE y por lo tanto de las compras realizadas por la UTE”, que pueden clarificar si los sobrecostes reclamados por Dique Torres tienen o no un sustento real.
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LOS CULPABLES
Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, y, Jose Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto y director de las obras ejecutadas por la contrata "UTE Dique Torres", principales responsables de las denuncias de la OLAF
La ampliación de El Musel se llevó a cabo con decisiones políticas, pero en todo momento estuvieron avaladas por informes de técnicos cualificados y por la unanimidad en el órgano rector de la Autoridad Portuaria de Gijón. Es la primera respuesta del Principado, a través de la consejera Belén Fernández, y del propio puerto, a través de su presidenta, Rosa Aza, a las acusaciones de la OLAF sobre presuntas irregularidades en la tramitación y ejecución de los trabajos.

Ni Fernández ni Aza entraron en pormenores del contenido del informe, pero adelantaron que, de momento, no han detectado irregularidad alguna, al menos achacable a la Autoridad Portuaria de Gijón, porque todas sus decisiones se caracterizaron por la unanimidad y el respaldo explícito de los técnicos, sin que conste reparo ni reserva alguna.

En clave política, Belén Fernández reprochó a la ministra Ana Pastor que haya responsabilizado directamente a la gestión de los socialistas de los problemas de El Musel. Por una parte, porque, dijo, en alguna fase de la ampliación, concretamente el diseño, el protagonismo correspondió al PP y, por otra, porque, a su juicio, no es justo ni razonable «poner en tela de juicio a profesionales públicos», ingenieros o juristas, que avalaron o indujeron las decisiones políticas. «Estamos en precampaña y es difícil sustraerse a la tentación de buscar rédito político -dijo la consejera-, pero espero que el Gobierno del Estado realice una defensa firme y certera de los intereses de España». Sobre la entrega a los grupos políticos parlamentarios de una copia del informe, Belén Fernández supeditó la decisión al informe que haga al respecto el Consejo Consultivo, ya que, al parecer, el documento contiene datos confidenciales de algunas empresas.

El posicionamiento de la presidenta portuaria fue más técnico y económico. Aza dejó claro, por una parte, que no acudirá a la Junta General del Principado, como solicitó el PP, porque «Hacienda es la autoridad competente en este caso».

Sobre las quejas de la OLAF por el control de la obra, la presidenta de El Musel manifestó: «Por lo que he visto hasta ahora, creo que el control y las actuaciones fueron las adecuadas». Dicho esto, hizo hincapié en que la OLAF dispuso para su informe de 2014 de datos, declaraciones de impuestos, por ejemplo, a los que la Autoridad Portuaria no podía tener acceso en 2008, ya sea por ser ajenos a sus competencias o por falta de perspectiva temporal.
En ese sentido, Aza indicó que se «está estudiando si hubo engaño de las empresas al puerto» y defendió que si otros cometieron irregularidades, «la Autoridad Portuaria sólo sería responsable si pudo saberlo, pero entiendo que no fuera así».

En el mismo sentido, Rosa Aza indicó que el informe de la OLAF puede ser utilizado en la demanda presentada por la UTE Dique Torres para reclamar 350 millones de euros más al puerto, y dijo que si hay indicios de que la constructora actuó ilícitamente contra los intereses de la Autoridad Portuaria de Gijón, sería beneficiosa la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene una copia del informe, enviada por la OLAF, y estudia si puede contener materia supuestamente delictiva.

En dicha demanda, el papel de El Musel sí es protagonista, pero en el caso de la OLAF Rosa Aza indicó que Hacienda, Fomento y la Autoridad Portuaria de Gijón van de la mano y «estamos encontrando respuestas» para algunas sospechas.

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Publicado por Alejandro Mon

MANUEL MENENDEZ: LA TALÁ: FRAUDE 47 MILLONES EUROS: CAJASTUR: LIBERBANK




LIBERBANK: Felipe Fernández y Manuel Menéndez: CAJASTUR

El juez y la Policía investigan al presidente de Liberbank por un fraude de 47 millones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha abierto una investigación contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el exdirector general de Cajastur, Felipe Fernández, para esclarecer unpresunto fraude societario de más de 47 millones de eurossupuestamente urdido por ambos. La investigación ha sido ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que acusa a los dos directivos de haber autorizado una 
operación urbanística de compraventa a sabiendas de que era ruinosa.


La promotora Nozar Masaveu adquirió en octubre de 2007, por 35 millones de euros, unos terrenos de 28 hectáreas en la franja costera de Llanes (Asturias). La compra de la finca, conocida como La Talá, fue financiada mediante un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur, hoy integrada en Liberbank. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó a Nozar Masaveu 47,5 millones de euros por la finca, pese a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya habían declarado nulo, mediante sendas sentencias, el Plan Urbanístico de La Talá.


Aquellas sentencias "reducían drásticamente el valor de la propiedad, haciendo inviable la recuperación de la inversión", sostienen los denunciantes, que aseguran que los 47,6 millones de euros que Cajastur desembolsó por la finca "en modo alguno se correspondían con el valor de mercado de la propiedad". La dirección de Cajastur –encabezada entonces por Menéndez y Fernández– "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra".
Un portavoz oficial de Liberbank manifestó ayer a El Confidencial: "Sobre este asunto, y cualquier otro que esté en manos de los jueces, no vamos a hacer ningún comentario". La entidad es el banco resultante de la fusión de Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y ha recibido ayudas públicas directas del Estado por más de 120 millones de euros.


INVESTIGAN AL PRESIDENTE DE LIBERBANK POR EL CASO LA TALÁ DE LLANES 

Manuel Menéndez, presidente de LiberbanK, Cajaastur, EDP ... etc.
Un juez y la policía investigan al presidente de Liberbank por un presunto fraude en torno al caso de La Talá en Llanes.

La denuncia la realizó el verano pasado la sección sindical de CSI en Liberbank, que acusa al entonces presidente de Cajastur,  Manuel Menéndez, y al que era su director general, Felipe Fernández, de causar un grave daño a la entidad con esta operación. Según explica el portavoz del sindicato, Marco Antuña, el proyecto de urbanización de La Talá lo promovía la empresa Nozar Masaveu, con un crédito de 28 millones de euros financiado por la Caja. En 2008, cuando la anulación del Plan Urbanístico de Llanes ya había hecho inviable el proyecto, la Caja acude al rescate y compra la finca a través de una filial por 47 millones y medio de euros.

Desde Liberbank, sin embargo, restan importancia a la denuncia y aseguran que la operación contaba con todos los informes favorables. Aunque ningún responsable del banco quiere hacer declaraciones, aseguran que la denuncia forma parte de la estrategia sindical para presionar a la entidad que tiene Junta de Accionistas a finales de mes.



El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo, Ángel Sorando, ordenó el pasado día uno de abril una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para el esclarecimiento de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, sobre la operación de compra de los terrenos de la Talá, en Llanes.
 
Angel Srando Pinilla
La promotora Nozar-Masaveu, con el empresario astur mexicano Luis Nozaleda al frente, adquirió en octubre de 2007, por 38 millones de euros, las 28 hectáreas en la franja costera de Llanes, que fue financiada mediante un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur.

Según la denuncia de la CSI, apenas 11 meses después, en septiembre de 2008, Cajastur pagó a Nozar-Masaveu 47,5 millones de euros por la finca, pese a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya habían declarado nulo, mediante sendas sentencias, el Plan Urbanístico de La Talá.

El pasado mes de febrero de 2014 los terrenos fueron transferidos a la Sareb, como un tóxico más de la banca española, por un valor que rondó los 18 millones de euros.

Los representantes de CSI en Cajastur interpusieron en junio de 2013 una denuncia criminal en los juzgados de Oviedo, por presunto delito societario y falsedad documental. El pasado día 1, el juez Sorando envió una copia de la denuncia a la UDEF «para que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos».

El "corralito asturiano"



Antonio Trevín, exalcalde de Llanes ... La Talá

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA: La Talá de Llanes (Asturias) 


En Asturias están pasando cosas muy raras. Se persigue la opinión libre, se cierran medios de comunicación díscolos, se expulsa a los militantes de los partidos políticos que discrepan, se encarcela a los sindicalistas que estorban, se ataca violentamente a los periodistas que no entran en la rueda. Todo en medio de un profundo silencio. Es como si se estuviese produciendo una auténtica mutación autoritaria de sistema, en medio de una aparente indiferencia, condicionada por la actitud de colaboración de las empresas periodísticas con estos devaneos autoritarios del poder político.


Ahora tenemos otro ciudadano inculpado, el secretario de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), Domingo Goñi Tirapu, por un presunto delito de resistencia a la autoridad y por las supuestas faltas de perturbación del orden público, lesiones a un policía local y maltrato de obra al tener que ser desalojado de un pleno municipal por orden de la alcaldesa del Partido Socialista por llevar una camiseta con la inscripción de “La Talá es ilegal”, referida a una urbanización de Llanes (Asturias), zona que se está “marbellizando”.

La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), está desarrollando una lucha contra la especulación siendo ésta una de las pocas entidades cívicas que defiende el interés general ante el avance imparable de los negocios impulsados por la clase política.

 

La ruta de La Talá hasta el «banco malo»



Los ambiciosos planes pergeñados por diferentes promotores inmobiliarios y por el propio Ayuntamiento de Llanes para La Talá se han quedado en nada. La finca, emblema de la política urbanística del Gobierno socialista llanisco, quedará en los próximos días en manos de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el denominado «banco malo», que asumirá los activos «tóxicos» de la banca española.

La Talá, propiedad desde 2008 de Cajastur (ahora Liberbank), fue adquirida en su día en 47,56 millones de euros, pero será transferida a Sareb por una cantidad que no ha sido desvelada, aunque no alcanzará los 18 millones. Y servirá para que Liberbank obtenga un impacto positivo en su capitalización de unos pocos millones de euros.

Sentencia del Tribunal Supremo declarando nulo el planemiento urbanístico de La Talá.

La Talá empezó a ser objeto de deseo por parte de los promotores inmobiliarios a finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando el Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el socialista Antonio Trevín, inició la redacción del plan urbanístico más polémico de la historia de Asturias. La Talá era propiedad de la familia Vega, que la vendió a Inmobiliaria Los Llanos, integrada por tres promotores madrileños, en 320 millones de pesetas (1,92 millones de euros). Aquellos promotores eran actores principales de un entramado de sociedades, creadas sólo unos meses antes y por medio de las que compraron diferentes propiedades rústicas en el concejo, que el PSOE recalificó a urbanizables sólo unos meses más tarde, tras haber firmado unos polémicos convenios urbanísticos, uno de ellos, con La Talá como protagonista.

El escándalo surgido al desvelar LA NUEVA ESPAÑA aquella maraña de empresas con los mismos accionistas, la misma sede social y escaso capital desembolsado generó un debate nunca antes visto por una operación urbanística en Asturias. El planeamiento, basado en aquellos convenios, fue aprobado en 1992 y declarado nulo por el Tribunal Supremo diez años después. La situación urbanística del municipio y la imposibilidad de desarrollar el plan parcial de La Talá obligó a los promotores madrileños, ahogados por los bancos, a vender la finca. La adquirió, en 1996, el empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez-Simón, por unos 500 millones de pesetas (alrededor de 3 millones de euros).






Publicado por Alejandro Mon

PUERTO DE GIJÓN (IX): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (IX)


El Musel, una ampliación sin fondo

Vista panorámica de El Musel. Al fondo, la Obra de Ampliación
  • La UE advierte incumplimientos de la normativa en la contratación y el sobrecoste de la obra
  • Europa cuestiona de nuevo el precio pagado a las canteras por el material de relleno
La Comisión Europea cerrará en los próximos meses con una previsible multa la investigación abierta en 2008 por irregularidades en las obras // El informe de la OLAF ve materia penal en el caso y pide la devolución de los 198 millones de euros de fondos de cohesión aportados hasta ahora

La enorme dársena está inmensamente vacía. De vez en cuando atraca algún barco. El dique rompe el horizonte de la costa gijonesa y puede verse a kilómetros, desde los concejos vecinos. El impacto que se le presuponía al superpuerto de El Musel, criticado y defendido durante años con excesivo fervor, supera las previsiones más agoreras.

En lo económico parece un pozo sin fondo, que ya costó más de 700 millones de euros (sin IVA) y que ha dejado a la Autoridad Portuaria de Gijón con deudas que en 2012 rozaban los 460 millones de euros.

La obra de la ampliación del puerto de Gijón está en el punto de mira de Europa desde 2008 y la investigación iniciada entonces parece a punto de resolverse. La Comisión Europea (CE), a través de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio), dará a conocer en los próximos meses la decisión con la que se cerrará una investigación en la que no faltan ingredientes de presunto fraude y en la que se presume una sanción económica.

El último paso dado hasta el momento ha sido el informe realizado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en el que se corroboran las irregularidades ya detectadas por la CE en cuanto al incumplimiento de las normativas europeas de contratación pública y en el que se aprecian, además, indicios de delito que podrían afectar a los intereses de la Unión Europea, que subvencionó con fondos de cohesión parte del proyecto. El documento, para cuya elaboración inspectores de la OLAF visitaron en dos ocasiones el puerto de Gijón, está siendo analizado ahora por la DG Regio con el objetivo de enviar una propuesta de cierre sobre el asunto a las autoridades españolas.


La OLAF es muy dura en sus observaciones: recomienda que el Gobierno de España reclame a la UTE adjudicataria de la obra de ampliación de El Musel los 198 millones de euros de fondos de cohesión aportados hasta el momento por la Unión Europea y que no se abonen los 49,5 millones que aún quedan pendientes


El informe no es vinculante y la DG Regio podría suavizar el impacto pretendido por la OLAF y dejarlo en “una eventual corrección financiera”. Es decir, o se solicita la devolución del importe o se establece una sanción. Una vez que la CE comunique su resolución, las autoridades españolas tendrán un plazo de dos meses para aceptarla. Si la rechazaran, se iniciaría un procedimiento contradictorio con audiencia de las autoridades españolas, que podría desembocar en una decisión de corrección financiera si el desacuerdo persiste. Existe margen para negociar, pero la contundencia de las acusaciones, que ya se ponían de manifiesto cuando se denegaron nuevos fondos europeos en 2008, no hace presagiar una solución favorable. España podría presentar un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, cuyas sentencias tienen carácter vinculante entre los estados miembros.



El informe de la OLAF es confidencial y, en España, fue remitido al Ministerio de Hacienda y al Fiscal General del Estado, que lo ha derivado a la Fiscalía Anticorrupción para la consiguiente apertura de diligencias. El Gobierno del Principado desconoce su contenido salvo por lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación. 


Supuestas irregularidades en una de las mayores obras civiles de España, el fiscal general manda a Anticorrupción el informe europeo sobre la obra de El Musel

José Blanco, a la izquierda, y Vicente Álvarez Areces, en el momento en el que descubren la placa conmemorativa de la inauguración de la ampliación de El Musel, el 11 de enero de 2011
¿Qué commemoraban? ¿La NADA?

La oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del puerto exterior gijonés.

Anticorrupción "está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en los juzgados, si considera que hay materia para ello.

Entre las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados, Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres, la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.

La OLAF remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha sido remitido a las administraciones comunitaria y española.

Un inútil , totalmente inacepatable, despilfarro más de los culpables del Puerto.
Las obras públicas, una vez terminadas, no necesitan de corruptas inauguraciones: se entregan al suso público, y punto. Las han pagado los contribuyentes.
El contribuyente ya paga demasiados impuestos como para tener que aguantar semejantes corruptelas para acrecentar falsos méritos a quienes, aunque inmerecidamente,  ya les pagamos el sueldo. 
Los fastos en la inauguración de las obras públicas son propios de sátrapas y dictadores que viven del sudor de  los contribuyentes. Las inauguraciones por los políticos son totalmnte innecesarias.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria.

El informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su mayor parte anexos.



La Abogacía del Estado avaló la obra del puerto de Gijón, con un sobrecoste de 250 millones

La ampliación del puerto de Gijón, El Musel -cuestionada ahora por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al cifrar su sobrecoste en 250 millones- contó en todo momento con el respaldo de la Abogacía General delEstado, que emitió hasta ocho informes que ayudaron a avalar la obra ante las autoridades comunitarias, que a los pocos años de iniciarse ya mostró sus dudas al respecto.

Como publicó la semana pasada la prensa asturiana, los informes de la Abogacía del Estado se encargaron por orden del Gobierno central con la intención de despejar todas las dudas tanto sobre la contratación de la obra como de la modificación del contrato.

Entre los otros organismos que respaldaron la ampliación de ElMusel estaban Puertos delEstado, la auditora KPMG y el Tribunal de Cuentas Europeo. En ninguno de los controles que ejercieron detectaron errores o irregularidades en el procedimiento de contratación ni en el modificado. Hasta la Fiscalía, que realizó algunas comprobaciones tras la denuncia de un particular, acabó archivando las diligencias.

Además de la modificación del contrato, las objeciones de la OLAF guardan relación con la gestión de las canteras utilizadas para acometer los rellenos.

LOS CULPABLES
Puerto de Gijón: Fernando Menéndez Rexach (PSOE), expresidente, y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ... ?), Director, son los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra de Ampliación del Musel".Fueron patrocinados por Vicente Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunidad autónoma del "Principado de Asturias". Fueron apoyados por el entonces, y ahora también, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP) ...
¿Quedarán impunes estos destructores de lo público?
LOS PROTECTORES DE LOS CULPABLES
Vicente Álvarez Areces, expresidente de Asturias, y José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, entonces y ahora, fueron los tuteladores de la "Obra de Ampliación del Musel" (Gijón-Asturias) ... 
¿Cómo pudieron desbarrar hasta estos extremos, presuntamente delictivos? 
Vicente Alvarez Areces debe dimitir como senador del Reino de España, y José Llorca  Ortega debe dimitir como presidente de Puertos del Estado.





Publicado por Alejandro Mon

LACORRUPCION ES INDULTADA POR EL GOBIERNO ...¿¿ ... ??

Indultos: un Fraude de Ley en Democracia. 

Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto.


El indulto es una medida de gracia excepcional , consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey de España a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros de España. Leído así no queda mal.

Desde 1975 a 2012 llevamos   17.825 indultos ;lo que supone una media de 469 indultos al año o de1,3 indultos al día.

Mediante el indulto, un reo condenado en un juicio con garantías jurídicas se libra de la cárcel por decisión del Ministro de Justicia. En España indulta el Jefe del Estado a propuesta del Ministro de Justicia.



Para conceder un indulto, no hay condiciones: se indulta tras deliberación en el consejo de ministros y punto.

Los indultos perdonan cualquier tipo de delito por grave que este sea: robos con violencia, tráfico de drogas,   agresión con lesiones, secuestros, cohecho,  estafas, prevaricación, malversación de fondos públicos, homicidios, abusos sexuales, torturas, secuestros, coacción para la prostitución.   

La conclusión es clara, el que indulta lo hace a quien quiere, cuando quiere y como quiere.

Las medias de indultos por días, oscilan entre 0,6 de la época a Suárez a 2,1 con Aznar. González, zapatero y Rajoy llevan una media de alrededor de 1,2 indultos al días.

¿Por qué durante la legislatura de Aznar se batieron todos los records y dobló la media de indultos por día?

Indulto2.14.21

Hay que reconocer que le "tocó" indultar a los condenados del PSOE durante la etapa de Felipe González ( Filesa, Malesa, Time Export, Gal, Fondos Reservados.. más todos los perseguidos y condenados por deserción al negarse a hacer el servicio militar y que Aznar terminó definitivamente por convertir la mili obligatoria en voluntaria y profesional)


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Alberto Ruiz-Gallardón

"Este Gobierno no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción". Así de contundente se mostraba ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras anunciar que hasta su salida del Ejecutivo el mismo no avalaría ningún perdón a quienes hayan sido condenados por esas prácticas. Sin embargo, el exalcalde de Madrid faltaba a la verdad con esas declaraciones, porque desde que el PP llegó al Ejecutivo son decenas (ver El Indultómetro) los indultos que se han concedido a políticos o empresarios corruptos, del total de 700 perdones que se han producido en esta misma legislatura. 


Uno de los casos más sonados se produjo hace exactamente dos años, en marzo de 2012, cuando el Gobierno indultaba al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya Josep Maria Servitje y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña.Servitje, militante de Unió, había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por desviar fondos de la Generalitat a través de la contratación de estudios inútiles, mientras que el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña estaba pendiente de cumplir una pena de dos años y tres meses de cárcel por su implicación en los casos de malversación Treball yTurisme.


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El PP ha perdonado a siete corruptos en dos años

Alberto Ruiz-Gallardón manifestó el pasado 13 de marzo que, mientras él sea ministro de Justicia, no dará ningún indulto a corruptos. Los datos le desmentían, puesto que el Consejo de Ministros perdonó durante 2012 y 2013 a siete personas condenadas por “delitos contra la administración”. Gallardón se vio obligado al día siguiente a precisar que se refería a políticos que se meten dinero público en el bolsillo.

Alberto Ruiz-Gallardón manifestó el pasado 13 de marzo que, mientras él sea ministro de Justicia, no dará ningún indulto a corruptos

El Gobierno del PP concedió 501 indultos en 2012 y 190 en 2013. Siete de ellos afectaron a funcionarios o cargos públicos condenados por corrupción. Entre ellos, está el caso de Josep Maria Servitje, de Uniò Democràtica y ex número dos de Trabajo en la Generalitat de Cataluña. Fue indultado en marzo de 2012 y evitó así cumplir cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación. La condena fue por pagar a un empresario afín a su partido 46.158 euros por informes sin valor alguno.

Otros indultados, en 2012, han sido el exalcalde malagueño de Abdalajís (PP) Tomás Gómez Arrabal, y otros tres ediles de ese partido. Todos ellos condenados por prevaricación urbanística: dieron licencias de obra ilegales (sin proyecto arquitectónico) a locales comerciales. El pasado septiembre, el Gobierno indultó de una pena de tres años de cárcel por malversación de bienes públicos a una funcionaria y miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. También se le conmutó la pena a una funcionaria del Ayuntamiento de Alicante que despachó un informe de servicios sociales a una persona con la que tenía una relación.

Y en mayo de 2012, se le dio un indulto parcial a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado por vender permisos falsos a inmigrantes. El Gobierno le dejó la pena en dos años para que no ingresara en prisión.

Existe la errática creencia de que los condenados a dos o menos años no van a la cárcel si carecen de antecedentes penales y no vuelven a delinquir durante el periodo que fije el juez. Y suele ser así, pero no siempre. El artículo 80 del Código Penal deja esa decisión en manos del tribunal sentenciador. “Los jueces o tribunales podrán”, dice el precepto, “dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto”. 

Es decir, “podrán”. En el caso del empresario andorrano Fidel Pallarols y el exsecretario de Organización de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Vicenç Gavaldà, ambos condenados a siete meses de cárcel por desvío de fondos públicos, la Audiencia de Barcelona, tras conocer que el Gobierno les ha denegado el indulto, ha optado por no aplicarles la remisión condicional de la pena y ha ordenado que ingresen en prisión.

Hay muchos casos en que, aun cumpliendo los reos los requisitos para que se les suspenda la ejecución de la pena, el tribunal se inclina por su cumplimiento. El caso del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, condenado a dos años por el vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, exdirector de El Mundo, es uno de ellos.

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Corrupción bajo el mandato de Duran


El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC)Josep Antoni Duran Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, lleva en el cargo desde hace 30 años. Bajo su mandato, dos altos responsables de Unió, el exdirector de Treball de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y su hermano y exsecretario de Organización del partido, Vicenç, “orquestaron una trama dirigida a que parte de los fondos públicos” europeos fuesen desviados a fines distintos de los formativos. Con estos se pagó mobiliario de sedes de Unió y a algunos militantes del partido, según la sentencia que aceptaron con un pacto de conformidad. El partido fue condenado como responsable civil subsidiario porque se consideró “partícipe a título lucrativo”, y tuvo que devolver 388.484 euros.


Durante los 14 años que ha durado el proceso, Duran, diputado en el Congreso, afirmó en al menos dos ocasiones que si se demostraban los hechos, dimitiría. “Si hubiese financiación irregular, aunque no la conociese, yo me sentiría responsable, claro que sí”, afirmó en la cadena SER en 2000. Dos años después, lo repitió: “Si fuese el responsable de esa financiación, sí dimitiría, ¿por qué no?”. Pero tras conocerse la sentencia, en la que los propios condenados admiten los hechos, el líder de Unió dio un giro, y alegó que el partido no había sido imputado, algo que no puede ocurrir porque se imputan a personas, y esgrimió que en la condena no se especifica que hubiese financiación ilegal.

Jose Antonio Duran Lérida, se llama a andanas


Unió (uno de los socios de la coalción CiU) organizó una colecta para reunir el dinero ya pagado, para lo que el partido pidió un crédito. Según un portavoz de Unió, algunos militantes donaron dinero de forma voluntaria, pero no especificó cuánto llegaron a reunir.

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Publicado por Alejandro Mon