Para
que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada (Edmund
Burke)
La "Ley de Contratos del Sector Público" es una ley que, como todas las leyes, hay que cumplir. No hay que olvidar que los contratos públicos se financian con nuestros impuestos, y todo gasto público debe comprometerse, aprobarse y pagarse por los poderes adjudicadores siguiendo un estricto cumplimiento de la ley.
El enjuiciamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias del anómalo comportamiento del exviceconsejero, hoy dipuitado de IU, Angel González, ha de ser un revulsivo frente a la ligereza de los politiquillos del tres al cuarto en el manejo de los fondos públicos, y, si se confirma la ilegalidad del fraccionamiento del contrato de los monolitos en contratos menores de obras, cuando el contrato a tramitar debía haber sido el de suministro, como acertadamente consideró la funcionaria, su inhabilitación debe servir de escarmiento a todos estos advenedizos politiquillos que entran a gestionar fondos públicos con manifiesta vulneración de la ley, metiendo la ley, eso sí, en un cajón por si en tiempos venideros hay que utilizarla, como arma arrojadiza, contra algún insignificante funcionario.
El señor Angel González creyó que la consejeria, con sus fondos, era suya, exclusivamente suya, desde el punto de vista de usufructuario, olvidando que se manejan fondos públicos para cuyo manejo ha de seguirse, INEXCUSABLEMENTE, el procedimiento legalmente establecido.
Sólo los dictadores de pacotilla, estalinistas de procedimiento, echan a un lado las leyes y hacen de su capa un sayo.
A éste respecto, y vista su acendrada ignorancia en materia contractual, hemos de aconsejarle al señor Angel González, paradigma de los falsos y fraccionados contratos menores, la lectura de la muy abundante materia contractual referida a los contratos menores, entre cuyos escritos podemos aconsejarle los siguientes, en los que se da una amplia visión de su estructura y contenido, sin olvidar el proceso contable al que está sometida su tramitación. presupuestaria.
 CONTRATOS MENORES Y RESPONSABLE DEL CONTRATO  |
| El diputado de IU Angel González, según el fiscal, vulneró la Ley de Contratos del Sector Público al fraccionar el famoso contrato de los monolitos y convertirlos en "contratos menores" |
La Fiscalía ha mantenido
hoy su petición de condenar a siete años de inhabilitación para cargo público
al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de
prevaricación al fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar
monolitos en las fosas comunes del franquismo.
Durante la última
sesión de la vista oral que celebra la sala de lo civil y penal del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha
mantenido su petición de condena contra González, así como la de cinco años de
inhabilitación para Roberto Moro, secretario general técnico de la Consejería
cuando el dirigente de IU era viceconsejero de Bienestar Social.
En su escrito de
conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha calificado de
"barbaridad jurídica" la tramitación realizada con el contrato en el
que tanto la Sindicatura como el Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de
delito al vulnerarse "todos los principios" de la contratación
pública.
Para el fiscal,
fueron "las prisas" derivadas de la cercanía de una convocatoria
electoral las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para
señalizar las fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica, "una decisión legítima y encomiable si se quiere".
En las dos sesiones
anteriores, González, que se negó a contestar a las preguntas del fiscal, negó
haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos ni haber
mantenido una conversación con una funcionaria de la Consejería en la que, según
el testimonio de ésta, fue advertido de que el sistema de tramitación que
proponía para el contrato suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal.
Según la Fiscalía, el
entonces viceconsejero "antepuso la urgencia en la necesidad de la
contratación" al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la
adjudicación admitieron que "jamás" habían concurrido a una
licitación "de esa forma".
"No es lo qué se hace sino cómo
se hace", ha apuntado el fiscal tras incidir en que González necesitaba
los contratos estuvieran adjudicados y se comenzasen a colocar antes de que en
marzo de 2011 se convocasen las siguientes elecciones dado que el siguiente Gobierno podía no tener voluntad de
desarrollar este programa.
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El fiscal mantiene su petición de
inhabilitar siete años a Ángel González
La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de condenar a
siete años de inhabilitación para cargo público al portavoz de IU en el
Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de prevaricación al
fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar monolitos en las fosas
comunes del franquismo. Durante la última sesión de la vista oral que celebra
la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha mantenido su petición de condena
contra González, así como la de cinco años de inhabilitación para Roberto Moro,
secretario general técnico de la Consejería cuando el dirigente de IU era
viceconsejero de Bienestar Social.
En su escrito de conclusiones definitivas, el
Ministerio Público ha calificado de "barbaridad jurídica" la
tramitación realizada con el contrato en el que tanto la Sindicatura como el
Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de delito al vulnerarse "todos
los principios" de la contratación pública. Para el fiscal, fueron
"las prisas" derivadas de la cercanía de una convocatoria electoral
las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para señalizar las
fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica, "una decisión legítima y encomiable si se quiere".
En las dos sesiones anteriores, González, que se negó
a contestar a las preguntas del fiscal, negó haber intervenido en el sistema de
contratación de los monolitos ni haber mantenido una conversación con una
funcionaria de la Consejería en la que, según el testimonio de ésta, fue
advertido de que el sistema de tramitación que proponía para el contrato
suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal. Según la Fiscalía, el entonces
viceconsejero "antepuso la urgencia en la necesidad de la
contratación" al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la
adjudicación admitieron que "jamás" habían concurrido a una
licitación "de esa forma".
Publicado por Alejandro Mon