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PUERTO DE GIJÓN (IX): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (IX)


El Musel, una ampliación sin fondo

Vista panorámica de El Musel. Al fondo, la Obra de Ampliación
  • La UE advierte incumplimientos de la normativa en la contratación y el sobrecoste de la obra
  • Europa cuestiona de nuevo el precio pagado a las canteras por el material de relleno
La Comisión Europea cerrará en los próximos meses con una previsible multa la investigación abierta en 2008 por irregularidades en las obras // El informe de la OLAF ve materia penal en el caso y pide la devolución de los 198 millones de euros de fondos de cohesión aportados hasta ahora

La enorme dársena está inmensamente vacía. De vez en cuando atraca algún barco. El dique rompe el horizonte de la costa gijonesa y puede verse a kilómetros, desde los concejos vecinos. El impacto que se le presuponía al superpuerto de El Musel, criticado y defendido durante años con excesivo fervor, supera las previsiones más agoreras.

En lo económico parece un pozo sin fondo, que ya costó más de 700 millones de euros (sin IVA) y que ha dejado a la Autoridad Portuaria de Gijón con deudas que en 2012 rozaban los 460 millones de euros.

La obra de la ampliación del puerto de Gijón está en el punto de mira de Europa desde 2008 y la investigación iniciada entonces parece a punto de resolverse. La Comisión Europea (CE), a través de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio), dará a conocer en los próximos meses la decisión con la que se cerrará una investigación en la que no faltan ingredientes de presunto fraude y en la que se presume una sanción económica.

El último paso dado hasta el momento ha sido el informe realizado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en el que se corroboran las irregularidades ya detectadas por la CE en cuanto al incumplimiento de las normativas europeas de contratación pública y en el que se aprecian, además, indicios de delito que podrían afectar a los intereses de la Unión Europea, que subvencionó con fondos de cohesión parte del proyecto. El documento, para cuya elaboración inspectores de la OLAF visitaron en dos ocasiones el puerto de Gijón, está siendo analizado ahora por la DG Regio con el objetivo de enviar una propuesta de cierre sobre el asunto a las autoridades españolas.


La OLAF es muy dura en sus observaciones: recomienda que el Gobierno de España reclame a la UTE adjudicataria de la obra de ampliación de El Musel los 198 millones de euros de fondos de cohesión aportados hasta el momento por la Unión Europea y que no se abonen los 49,5 millones que aún quedan pendientes


El informe no es vinculante y la DG Regio podría suavizar el impacto pretendido por la OLAF y dejarlo en “una eventual corrección financiera”. Es decir, o se solicita la devolución del importe o se establece una sanción. Una vez que la CE comunique su resolución, las autoridades españolas tendrán un plazo de dos meses para aceptarla. Si la rechazaran, se iniciaría un procedimiento contradictorio con audiencia de las autoridades españolas, que podría desembocar en una decisión de corrección financiera si el desacuerdo persiste. Existe margen para negociar, pero la contundencia de las acusaciones, que ya se ponían de manifiesto cuando se denegaron nuevos fondos europeos en 2008, no hace presagiar una solución favorable. España podría presentar un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, cuyas sentencias tienen carácter vinculante entre los estados miembros.



El informe de la OLAF es confidencial y, en España, fue remitido al Ministerio de Hacienda y al Fiscal General del Estado, que lo ha derivado a la Fiscalía Anticorrupción para la consiguiente apertura de diligencias. El Gobierno del Principado desconoce su contenido salvo por lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación. 


Supuestas irregularidades en una de las mayores obras civiles de España, el fiscal general manda a Anticorrupción el informe europeo sobre la obra de El Musel

José Blanco, a la izquierda, y Vicente Álvarez Areces, en el momento en el que descubren la placa conmemorativa de la inauguración de la ampliación de El Musel, el 11 de enero de 2011
¿Qué commemoraban? ¿La NADA?

La oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del puerto exterior gijonés.

Anticorrupción "está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en los juzgados, si considera que hay materia para ello.

Entre las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados, Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres, la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.

La OLAF remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha sido remitido a las administraciones comunitaria y española.

Un inútil , totalmente inacepatable, despilfarro más de los culpables del Puerto.
Las obras públicas, una vez terminadas, no necesitan de corruptas inauguraciones: se entregan al suso público, y punto. Las han pagado los contribuyentes.
El contribuyente ya paga demasiados impuestos como para tener que aguantar semejantes corruptelas para acrecentar falsos méritos a quienes, aunque inmerecidamente,  ya les pagamos el sueldo. 
Los fastos en la inauguración de las obras públicas son propios de sátrapas y dictadores que viven del sudor de  los contribuyentes. Las inauguraciones por los políticos son totalmnte innecesarias.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria.

El informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su mayor parte anexos.



La Abogacía del Estado avaló la obra del puerto de Gijón, con un sobrecoste de 250 millones

La ampliación del puerto de Gijón, El Musel -cuestionada ahora por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al cifrar su sobrecoste en 250 millones- contó en todo momento con el respaldo de la Abogacía General delEstado, que emitió hasta ocho informes que ayudaron a avalar la obra ante las autoridades comunitarias, que a los pocos años de iniciarse ya mostró sus dudas al respecto.

Como publicó la semana pasada la prensa asturiana, los informes de la Abogacía del Estado se encargaron por orden del Gobierno central con la intención de despejar todas las dudas tanto sobre la contratación de la obra como de la modificación del contrato.

Entre los otros organismos que respaldaron la ampliación de ElMusel estaban Puertos delEstado, la auditora KPMG y el Tribunal de Cuentas Europeo. En ninguno de los controles que ejercieron detectaron errores o irregularidades en el procedimiento de contratación ni en el modificado. Hasta la Fiscalía, que realizó algunas comprobaciones tras la denuncia de un particular, acabó archivando las diligencias.

Además de la modificación del contrato, las objeciones de la OLAF guardan relación con la gestión de las canteras utilizadas para acometer los rellenos.

LOS CULPABLES
Puerto de Gijón: Fernando Menéndez Rexach (PSOE), expresidente, y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ... ?), Director, son los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra de Ampliación del Musel".Fueron patrocinados por Vicente Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunidad autónoma del "Principado de Asturias". Fueron apoyados por el entonces, y ahora también, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP) ...
¿Quedarán impunes estos destructores de lo público?
LOS PROTECTORES DE LOS CULPABLES
Vicente Álvarez Areces, expresidente de Asturias, y José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, entonces y ahora, fueron los tuteladores de la "Obra de Ampliación del Musel" (Gijón-Asturias) ... 
¿Cómo pudieron desbarrar hasta estos extremos, presuntamente delictivos? 
Vicente Alvarez Areces debe dimitir como senador del Reino de España, y José Llorca  Ortega debe dimitir como presidente de Puertos del Estado.





Publicado por Alejandro Mon