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PUERTO DE GIJÓN (I): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (I)


De la OLAF (UE) a la FISCALIA ANTICORRUPCION (ESPAÑA)
¿Cuánto habrá que devolver de los cerca de 200 millones de euros entregados al Puerto de Gijón?
¿Habrá delito penal?
Puerto de Gijón: Fernando Menéndez Rexach (PSOE), expresidente , y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ... ?), Director, los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra de Ampliación del Musel", patrocinados por Vicente Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunida autónoma "Principado de Asturias" y apoyados por el entonces, y ahora, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP)

Vicente Álvarez Areces y José Llorca Ortega, los tuteladores de los culpables de la "Obra de Ampliación del Musel" (Gijón-Asturias)

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
Oficina de Lucha contra el Fraude (UE)

Aunque la OLAF es autónoma en lo que respecta a su función de investigación, forma parte de la Comisión Europea bajo la responsabilidad de Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude.

La misión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es triple:
·    protege los intereses financieros de la Unión Europea investigando el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales,
· detecta e investiga casos graves relacionados con el desempeño de actividades profesionales por parte de sus miembros y su personal que puedan dar lugar a procedimientos disciplinarios o penales
·  y colabora con las instituciones de la UE, en particular con la Comisión Europea, en la elaboración y aplicación de la normativa y las políticas de lucha contra el fraude.
Cumpliendo su misión lo más eficazmente posible, la OLAF contribuye al esfuerzo de las instituciones de la UE por garantizar la mejor utilización del dinero del contribuyente.
Para ser operativamente independiente, la OLAF tiene autonomía presupuestaria y administrativa.

La OLAF está facultada para llevar a cabo, con total independencia:
·                     Investigaciones internas, dentro de las instituciones europeas o los organismos financiados con el presupuesto de la UE.
·                     Investigaciones externas, en el ámbito nacional, siempre que esté en juego el presupuesto de la UE. Para ello, la OLAF puede realizar controles e inspecciones sobre el terreno en los locales de los agentes económicos, en estrecha cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros y los terceros países.
La OLAF recibe y recopila información sobre posibles fraudes e irregularidades de muy diversas fuentes, en la mayoría de los casos como resultado de controles de los responsables de la gestión de los fondos de la UE en las instituciones o en los Estados miembros.
Todas las denuncias que recibe la OLAF se someten a una evaluación inicial para determinar cuáles de ellas son de su competencia y reúnen las condiciones para iniciar una investigación.


Cuando se abre un caso, se clasifica en uno de los cuatro tipos siguientes:
·                     Investigación interna. Las investigaciones internas son investigaciones administrativas dentro de las instituciones y organismos de la Unión Europea con objeto de detectar fraudes, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, incluidos los casos graves relacionados con el desempeño de actividades profesionales.
·                     Investigación externa. Las investigaciones externas son investigaciones administrativas fuera de las instituciones y organismos de la Unión Europea con objeto de detectar fraudes u otra conducta irregular por parte de personas físicas o jurídicas. Los casos se clasifican dentro de este tipo cuando la OLAF contribuye de manera mayoritaria a la investigación.
·                     Coordinación. La OLAF contribuye a las investigaciones que efectúan las autoridades nacionales u otros departamentos de la UE facilitando la puesta en común y el intercambio de información y de contactos.
·                     Asistencia penal. Son casos en los que las autoridades competentes de un Estado miembro o un tercer país llevan a cabo una investigación penal con asistencia de la OLAF.

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"Obra Ampliación del Musel (Gijón-Asturias) ... ¿Para qué ... ? ¿Para almacenar carbón térmico?

La UE exige la devolución de los 198 millones con que financió la ampliación de El Musel

Cuervas-Mons pide la dimisión de Areces como senador tras pedir la UE la devolución de ayudas a El Musel


 La Autoridad Portuaria de Gijón tendrá previsiblemente que devolver los 198 millones de euros de subvenciones europeas que recibió para ejecutar la obra de ampliación de El Musel.


Foro cree que la devolución de ayudaseuropeas del Puerto es una "gravísima" noticia para El Musel y laciudad


La Comisión Europea acaba de remitir un escrito al Ministerio de Hacienda en el que plantea la devolución de esos fondos de cohesión, según informaron fuentes solventes y confirmaron ayer personas próximas al Gobierno. Ese escrito, no obstante, no es la conclusión del procedimiento sancionador, que se prevé que aún tarde unos meses en formularse.
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El Principado pide cautela ante la posible sanción de la UE al puerto de Gijón

 

Belén  Fernández, consejera de Fomento, no sabe lo que dice, y, además, no tiene ninguna competencia en el Puerto de Gijón, pues éste puerto, de interés nacional, depende de Puertos del Estado (Gobierno de España)

 El Gobierno asturiano se encuentra a la espera de conocer el contenido del informe que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha realizado sobre las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel que, según la consejera de Fomento, Belén Fernández, tampoco tiene un carácter definitivo.

Fernández se ha pronunciado en estos términos a raíz de que la presidenta de la autoridad portuaria de El Musel, Rosa Aza, anunciase en el consejo de administración celebrado ayer en Gijón que la OLAF había finalizado su informe y lo había trasladado a las instituciones penitenciarias.
No obstante, la titular de Fomento ha incidido en que, a pesar que algunos medios de comunicación hablan de que el informe plantea la devolución de decenas de millones de euros de las ayudas recibidas por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato, desde el Gobierno del Principado no conocen el contenido del informe.
De hecho, ha señalado que la presidenta de El Musel había sido convocada por el presidente de puertos del Estado del Ministerio de Fomento para abordar hoy ese tema y que espera que tras esa reunión el Gobierno asturiano pueda conocer el contenido concreto de ese informe para poder opinar.

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Rosa Aza, presidenta del Puerto de Gijón .
Ocultación y falta de transparencia, como buena marxista, presiden su presidencia.

¿De dónde va a obtener los 223 millones que tiene que devolver?

¿De las tasas portuarias?
«Los servicios de la Comisión Europea están analizando la información proporcionada por las autoridades españolas para el cierre del proyecto Puerto de Gijón, junto con el informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude (Olaf), y están preparando una carta de cierre». De esta manera informaban ayer fuentes de la representación en España de la Comisión respecto al estado actual de la tramitación del expediente relativo a la subvención concedida a la obra de ampliación de El Musel (247,5 millones, de los que ya fueron abonados 198 millones).
Las expectativas no son muy halagüeñas habida cuenta de que la Olaf recomienda la «recuperación» de las cantidades abonadas, ya que considera que la Autoridad Portuaria de Gijón ha cometido irregularidades tanto en la adjudicación de los trabajos como en la aportación de algunos registros contables que considera imprescindibles para efectuar un control adecuado de los pagos.
En todo caso, las citadas fuentes de la CE indicaron ayer que «una vez enviada la propuesta de cierre, las autoridades españolas tendrán dos meses para aceptarla, incluyendo cualquier corrección financiera propuesta por la Comisión. Si la rechazaran se empezaría un procedimiento contradictorio que consistiría en un intercambio de puntos de vista en una audiencia». En el caso de que persista el desacuerdo, «la Comisión adoptaría una decisión para aplicar (o no) la hipotética corrección financiera. Esta decisión podría ser objeto de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia».

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Publicado por Alejandro Mon