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| Oficina de Lucha contra el fraude (OLAF) |
De la OLAF (UE) al FISCAL
GENERAL DEL ESTADO (ESPAÑA) y FISCALIA ANTICORRUPCIÓN
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| La ingenieria financiers de Rosa Aza, actual presidenta del Musel, es proverbial. ¿Con cargó a qué ingresos devolverá los 25 millones de euros al Banco de Bilbao pero no provisionados, y que habrán de ir directamente a pérdidas en la cuenta de resultados portuaria? |
El Puerto de
Gijón tendrá que devolver los 199 millones de euros cobrados de la UE, y
amortizar, además, con cargo a sus propios fondos el préstamo de 25 millones, cobrados y no provisionados contablemente, que obtuvo del Banco de Bilbao en tiempos de Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, y avalados con los
50 millones que consideraba pendientes de cobro de la subvención comunitaria, pero que ya jamás cobrará. La ingeniería
financiera de Rosa Aza , actual presidenta del Puerto, manipulando la contabilidad portuaria y reformulando cuentas para dar unas
pérdidas mínimas, pero falsas, se le viene abajo. Ya no podrá ser engañando a
su Consejo de Administración, al que le veda toda información, persiguiendo a
los que no son de su cuerda, en la medida estalinista de sus posibilidades. En
el Puerto todo es ocultación y falta de transparencia. Pero la falsedad y la mentira,
con la pasiva complicidad de la presidenta del Puerto, Rosa Aza, y el su
periódico cómplice LNE, no tardando mucho, se esclarecerá.
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Puerto de Gijón: Fernando
Menéndez Rexach (PSOE), expresidente , y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ...
?), Director, los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra
de Ampliación del Musel", patrocinados por Vicente
Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunida
autónoma "Principado de Asturias" y apoyados por el entonces, y
ahora, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP)
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Vicente Álvarez Areces, expresidente
de Asturias, y José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, entonces y
ahora, los tuteladores de la "Obra de Ampliación del Musel"
(Gijón-Asturias) ... ¿Cómo pudieron desbarar hasta estos extremos?
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La Oficina Contra el Fraude
remite al fiscal general del Estado su informe para que actúe
La OLAF considera que se han podido cometer delitos que afectan a
los intereses financieros de la UE
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| El PSOE, con Vicente Alvarez Areces, expresidente de Asturias, celebra la terminación de la presunta fraudulenta y delictiva "Obra de Ampliación del Musel" ¿En qué manos, de gestores inútiles e ignorantes de su cometido, se puso la ejecución de una infraestructura tan innecesaria, pero tan costosa? ¿Cómo pudo ser que el servicio jurídico del Puerto no alertara a sus gestores jefes de tamañas y posibles irregularidades? Los culpables han de indemnizar al Puerto por los daños causados a su patrimonio. De ello se encargará la Fiscalia Anticorrupción . La función no ha hecho nada más que comenzar. |
La OLAF ha entregado en la oficina del fiscal
general del Estado una copia de su informe sobre la ampliación del puerto de El
Musel, según han confirmado fuentes comunitarias. El informe de la OLAF propone
tanto la toma de medidas administrativas como de corte judicial ante las
supuestas irregularidades y fraudes detectados en la obra de ampliación de El
Musel, en especial en su contratación.
Según personas
conocedoras del informe, el motivo de remitir el mismo al fiscal general es que
la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude considera que "existen
motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los
intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea".
Antifraude ha
remitido su informe a la Dirección General de Política Regional, al Ministerio
de Hacienda y al fiscal general del Estado, recomendando a los dos primeros
medidas de tipo financiero y al último el ejercicio de acciones judiciales.
Además del reintegro
de los 198 millones de euros de fondos de cohesión comunitarios, la OLAF
también considera que España debería recuperar todo el "gasto
elegible", que asciende a 531 millones de euros.
Aparte de las medidas
que pueda tomar de oficio la Fiscalía, si así lo considera, el Ministerio de
Fomento también ha recurrido a la abogacía general del Estado para que estudie
la fórmula para "depurar posibles responsabilidades y también recuperar el
patrimonio público que pudiera haberse visto perjudicado", según había
explicado el martes un portavoz del Ministerio.
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El
Puerto tranquiliza a su plantilla y a los clientes, a los que garantiza
actividad
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| Rosa Aza, presidenta del Puerto, engaña a los empleados y a los clientes del Puerto. El informe de la OLAF es letal y puede dar la puntilla al Puerto por culpa, exclusivamernte, de los socialistas que estuvieron al frente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach y Jose Luis Díaz Rato, de los que ella es heredera. Que no engañe al personal. |
El informe de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que recomienda a la Comisión
Europea que recupere los 198 millones de euros en subvenciones con que financió
la obra de ampliación de El Musel, movió ayer a la presidenta de la Autoridad
Portuaria, Rosa Aza, a contactar con los principales clientes del puerto
gijonés para tranquilizarlos y garantizarles que no se verán afectadas sus
actividades en la dársena gijonesa. Entre los usuarios del Puerto con los que
contactó la presidenta está Arcelor-Mittal, que genera el mayor volumen de
tráficos portuarios en Gijón y para el que El Musel y sus costes son claves
para mantener la competitividad.
El proceso de
reclamación de subvenciones será largo y antes de ponerlo en marcha, la Dirección General de Política Regional de
la Comisión Europea evaluará tanto el informe de la OLAF y los de sus otros servicios, como la información remitida por
España. Contra su decisión, el Gobierno español podrá formular alegaciones en
un plazo de dos meses y si no hay acuerdo al respecto, quedaría la opción de
impugnar judicialmente el recorte de los fondos de cohesión. Además de la
devolución de los 198 millones de euros, la propuesta del informe de la OLAF
también supone, de aceptarla la Comisión, que el Puerto tampoco recibiría los
49 millones de ayudas inicialmente concedidas y aún no abonadas por la UE a El
Musel.
Aza no sólo se
dirigió a los grandes usuarios del puerto gijonés, sino que también explicó la
situación telefónicamente a los miembros del consejo de administración de la
Autoridad Portuaria y, en persona, a 156 trabajadores de la Autoridad
Portuaria. Esto último tuvo lugar a la una de la tarde en una reunión a la que
los convocó y en la que Aza estuvo acompañada del director del Puerto, José
Antonio Lago.
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Rosa Aza dice falsedades: el Reino de España, si es sancionado a reintegrar la subvención por la
Unión Europea, irá, en vía de regreso, contra
el Puerto de Gijón, que ha sido el beneficiario
de la subvención comunitaria. Señora Aza, nos trata de tontos a los
asturianos, pero la necia es usted.
Aza aprecia en el
Organismo Público Puertos del Estado voluntad de «pelear hasta el final» y
considera imprescindible esa actitud, siempre que se cuente con la conformidad
de la Abogacía del Estado, para defender una financiación de El Musel ya de por
sí complicada sin perder los 49,5 millones que están pendientes de liquidar ni,
mucho menos, devolver los 198 millones cobrados.
Teoría y práctica parecen dar la razón
a la presidenta de El Musel en cuanto a que el espinoso asunto debe ser tratado
entre Bruselas y Madrid. En lo teórico, porque las ayudas europeas son
tramitadas por el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y
porque las autoridades portuarias, así como los puertos que gestionan, son de
titularidad estatal. En lo práctico, no parece casual que la Oficina de Lucha
Contra el Fraude haya enviado su informe al Ministerio de Hacienda, ni que
Puertos del Estado haya dejado al Gobierno regional sin copia de las
acusaciones presentadas por Europa contra la tramitación del expediente de
ampliación del puerto gijonés. La encomienda directa a la Abogacía del Estado
del estudio del informe de la Onlaf es otra muestra de que la Administración
central no sólo no debe, sino que tampoco quiere, compartir la búsqueda de
soluciones al problema.
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La investigación concluye que la adjudicación no respetó las normas europeas. La Comisión Europea otorgó una subvención de 247,5 millones de euros con cargo a los fondos comunitarios.
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| Los Verdes, socios entonces del Gobierno del Principado, presentaron una denuncia, por posible fraude en las obras de amoliación del Puerto de Gijón, ante la OLAF. |