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PUERTO DE GIJÓN (V): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (V)

LOS CULPABLES
Puerto de Gijón: Fernando Menéndez Rexach (PSOE), expresidente, y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ... ?), exdirector y director de las obras, son los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra de Ampliación del Musel".Fueron patrocinados por Vicente Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunidad autónoma del "Principado de Asturias". Fueron apoyados por el entonces, y ahora también, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP) ...
¿Quedarán impunes estos usufructuarios destructores de lo público?


LOS PROTECTORES DE LOS CULPABLES
Vicente Álvarez Areces, expresidente de Asturias, y José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, entonces y ahora, fueron los tuteladores de la "Obra de Ampliación del Musel" (Gijón-Asturias) ... 
¿Cómo pudieron desbarrar hasta estos extremos, presuntamente delictivos? 
Vicente Alvarez Areces debe dimitir como senador del Reino de España, y José Llorca Ortega debe dimitir como presidente de Puertos del Estado.
Con un plazo inicial de ejecución de 4(cuatro) años, se tardó en ejecutar la obra 6 (seis) años.
La dirección de la obra  por el director del Puerto, Jose Luis Diaz Rato, fue nefasta y una más de las causas, quizás la principal,  de la dilatada y  litigiosa ejecución de la obra de ampliación del Puerto del Musel
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§ En Julio del año 2004, se anuncia en el B.O.E. la resolución de la A.P. de Gijón del Concurso para la ampliación del Puerto.

§ Construcción: Un dique de abrigo de 3.834 metros y un muelle de 1.250 metros con un calado entre 23 y 27 metros. Con un total de 140 Hectáreas de terreno.

§ Presupuesto: 579.241.559 euros, I.V.A. incluido

§ Ejecución: 48 meses

§ Ofertas: Tenían que presentarse antes del 5 de Octubre del 2004.

§ Financiación: Se recibirían 247.500.000 euros del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. El resto sería financiado por el Puerto de Gijón.



Consejo de Administración del Puerto de Gijón (Enero 2005)
¿Por qué asistió a este consejo Vicente Alvarez Areces, convirtiéndo en ilegales y nulos los acuerdos tomados en el mismo?

LICITADORES y OFERTAS
1.-UTE Dragados-Drace, FCC-Alvargonzalez Contratas, Sato.... ..........579.241.559 euros
2.-UTE Ferrovial, Necso, Ceyd, Coprosa, Jan De Nul…………………....579.241.559 euros
3.-UTE Sacyr, Somague, Sanchez y Lago…………………….…..….........517.871.582 euros
4.-UTE Hispánica,Comsa,Sando,Duro Felguera, Rubio………...............506.372.970 euros

Vicente Álvarez Arecespresidente, por entonces,
hoy senador por el PSOE. 
§ Adjudicación: El Consejo adjudica la obra a la UTE de Dragados el 4 Enero 2005.
 NOTA.-En este consejo de administración se sentó, ilegalmente, sin ser consejero,el entonces presidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces, cometiendo prevaricación el presidente del consejo, Fernando Menéndez Rexach, que permitió su presencia a pesar de no formar parte de dicho consejo.

§ Firma del Contrato: Se firma el 4 de Febrero del 2005.

§ Comienzo obra marítima: Mayo del 2005.

§ Proyecto Modificado: Se redacta en Octubre del 2007. Se reciben los permisos de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento en Noviembre y Diciembre del 2007. Se firma el contrato del modificado el 1 de Febrero del 2010. Mediante este modificado se amplia el plazo de terminación de la obra en 22 meses y se autoriza un sobre coste de 250.000.000 de euros incluido el I.V.A.

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El gobierno municipal de Gijón deja clara su "alarma" por El Musel frente al silencio del Principado


Fernando Couto
El Ayuntamiento de Gijón está más que preocupado con la repercusión que puedan tener las denuncias de la Unión Europea sobre graves irregularidades en la obra de ampliación del puerto en el presente y el futuro de El Musel como pieza estratégica de la economía local y asturiana. El edil de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, levantó ayer la voz para hablar de preocupación y alarma. Por los hechos denunciados y por la ausencia de explicaciones a esas denuncias. "Vamos conociendo datos cada vez más preocupantes, pero lo más alarmante de todo es la ausencia de declaraciones de aquellos que han sido responsables de la ejecución de las obras de El Musel", sentenció el edil forista.

Couto le exigió directamente explicaciones a dos socialistas: el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el actual presidente del Principado, Javier Fernández. "No se puede trasladar la responsabilidad. Este es un problema de Gijón, un problema de Asturias. Los clientes del puerto, las empresas de Gijón, los gijoneses y los asturianos necesitan que los responsables den una explicación de lo que conocen y de cómo creen que afecta, que afecta muchísimo, al futuro de la infraestructura industrial pública más importante de Asturias", aseguró el concejal gijonés. El Ayuntamiento de Gijón ya ha solicitado por escrito acceso a los informes de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

El Partido Popular, por su parte, pasó ayer a exigir la depuración de responsabilidades a cuenta del supuesto uso anómalo de ayudas europeas en la financiación de la ampliación de El Musel. Por boca de Luis Venta Cueli, vicesecretario de organización del PP regional, los populares exigen que la gestión de la obra "se aclare hasta sus últimas consecuencias y responsabilidades, sean éstas contables, administrativas o políticas". Su partido, sostiene el diputado, "lleva años reclamando un mayor control sobre los fondos europeos" destinados al puerto gijonés y ahora, a la vista del informe emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), da por cierto que se "demuestra la dejadez de funciones de los responsables" del recrecimiento de El Musel. Pensando en el recién iniciado periodo de programación de ayudas europeas, el del periodo financiero 2014-2020, Venta redobla además su demanda de "fiscalización extrema para que cada euro se destine a la actividad para la que se otorga y no a otras cuestiones".


Durante los seis años que duraron las obras de ampliación de El Musel, las relaciones entre la Autoridad Portuaria y la adjudicataria de los trabajos, la UTE Dique Torres, fueron en su mayor parte cordiales, pero en los últimos meses se gestaron unas diferencias que acabaron en los juzgados, con una reclamación de 329,9 millones de euros.




Esta reclamación tiene pocos visos de prosperar. Otra cosa es la legalidad o ilegalidad, más bien ilegal,  del modificado que provocó los "sobrecostes", y que ha sido puesto en solfa por la OLAF.

NOTA
El contratista sólo tiene derecho al abono de la obra ejecutada a los precios del proyecto aprobado y que esté vigente legalmente en el momento de ejecutar las correspondientes unidades de obra.

¿Qué fue lo que ocurrió? Todo apunta a que la Autoridad Portuaria de Gijón generó unas expectativas de negocio en la UTE constructora que la realidad y los peligrosos antecedentes ocurridos en el puerto de Barcelona desbarataron.

A riesgo de simplificar un conflicto multimillonario, lo que los tribunales de justicia están llamados a dirimir es, básicamente, si la Autoridad Portuaria de Gijón cumplió al abonar las certificaciones de obra presentadas y ratificadas por la consultora correspondiente o si prevalece el presupuesto que, en forma de modificado del contrato que salió a concurso, suscribió con la obra ya en marcha.

Lo sucedido durante las últimas semanas de trabajos de la ampliación portuaria no se entendería sin conocer la polémica que rodeó el 'sobrecoste' o, por decirlo más técnicamente, el modificado que la Autoridad Portuaria firmó aproximadamente en el ecuador de la obra. Los motivos que los responsables de El Musel explicaron tanto ante la opinión pública asturiana como ante la Junta General del Principado se basaron en que la imposibilidad de utilizar la cantera de Aboño para la extracción de áridos, debido a unas obras que tuvo que realizar la térmica, obligó a recurrir a canteras más lejanas, con el consiguiente encarecimiento. Los responsables de El Musel, a la sazón su presidente, Fernando Menéndez Rexach; su director, José Luis Díaz Rato, y el consejero del Principado Francisco González Buendía, argumentaron, además, que pleitear en aquel momento con la UTE para intentar mantener el precio de adjudicación, con la obra a medio hacer, hubiera significado que la mar se llevaría lo ya hecho y, además, que sería imposible concluir en plazo los trabajos, con el riesgo de perder los fondos europeos que se habían concedido con un compromiso de ejecución en tiempo delimitado.

En el centro, Jose Mª Alcoba,
abogado del Estado
El caso es que la aceptación del modificado, tal vez para no correr el riesgo de tener que repetir una operación que sin duda tiene un coste político, se calculó con holgura, como el tiempo se ha ocupado de demostrar, excepto a juicio de la constructora, que por eso reclama una cantidad incluso superior. Y esa holgura quedó documentada y firmada con una cuantificación de 216 millones de euros.