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PUERTO DE GIJÓN (X): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (X)

Es proverbial el agitprog, cinismo y desvergüenza de Rosa Aza, presidenta del Puerto de El Musel, y de Belén Fernández, consejera de Fomento, que nada tiene que ver en El Musel, salvo como consejera, con las denuncias de la OLAF.

La constructora no engañó, no pudo engañar por la sencilla razón de que estaba sometida al control del director de la obra, Jose Luis Diaz Rato, salvo que este señor,  por acción o por omisión, único responsable de las tropelías que se pudieron cometer, no cumpliera con sus obligaciones e hiciera la vista gorda.¡ Esa es su responsabilidad !


Es vergonzoso lo que dice la presidenta del Puerto de El Musel: … que todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de El Musel respecto a la obra de ampliación fueron adoptadas por unanimidad y con los informes técnicos y jurídicos favorables a las mismas. …”
El agitprop y el confusionismo que esta señora, incompetente por demás para dirigir y administrar los intereses generales del Puerto, quiere y trata de introducir en la opinión pública asturiana, no tiene parangón en la historia del Puerto.

Claro que las decisiones se adoptaron por unanimidad. ¡No faltaba más! Pero es que ahí es donde está la culpabilidad de ese Consejo de Administración: jamás pidió cuentas ni al entonces presidente, Fernando Menéndez Rexach, que se dedicaba a viajar por el mundo a costa de los dineros públicos portuarios para nada; ni al entonces director, José Luis Díaz Rato, también director de la obra, que no supo dirigir la obra, y permitió, en connivencia con el presidente, las barbaridades ya denunciadas que hicieron ambos con las canteras:
·  En primer lugar, firmando el ilegal convenio de la cantera con Hidroeléctrica del Cantábrico, causa originaria del posterior desastre, probablemente delictivo, en el abastecimiento de áridos a la obra del Puerto.

·  En segundo lugar gastándose cerca de seis (6) millones de euros en la cantera del Alto de Aboño, que quedó para que anidaran las gaviotas (nidos carísimos, como se puede ver).¿Autorizó este gasto el Consejo de Administración del Puerto?¿Nos puede aportar el acta de aquella sesión.... ?

·  En tercer lugar, el total desbarajuste y descontrol que el director de la obra, Jose Luis Díaz Rato, llevó a cabo sobre las pesadas y procedencia de los camiones que transportaban los áridos a la obra. ¿Cómo se redactaban las “relaciones valoradas”, soporte y justificación de las subsiguientes “certificaciones de obra”, si no se controlaba en la obra la entrada y procedencia de los camiones para dejar constancia de la pesada y procedencia de los mismos, es decir, en qué canteras cargaban? ¿Consta en la documentación del director de la obra la procedencia de la carga de los camiones que cargaron en la escombrera de “Mina La Camocha”… o en otras escombreras…? La responsabilidad del control de estos materiales transportados por los camiones es, única y exclusiva, del director de la obra que, para estos menesteres, contaba con el contratista de servicios “UTE Cabo Torres” cuyo objeto contractual fue, nada más y nada menos, la “Asistencia técnica para el control de ejecución y de la calidad para la “Obra de ampliación del Puerto de Gijón. Pero Jose Luis Díaz Rato, director de la obra, se limitaba a firmar lo que le presentaba la asistencia técnica que, como se ve, no sabía tampoco cuáles eran sus obligaciones contractuales. ¡Dios los cría y ellos sólos se juntan! ¡Ignorante el uno e ignorantes los otros! Pero la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

·  En cuarto lugar, para mayor desvergüenza y desacreditación de todos esos personajes que defiende la presidenta Rosa Aza y que tramitaron el expediente de contratación, incluido el servicio jurídico, sin saber nada delo que habla, al contratista de servicios “UTE Cabo Torres”, asistencia técnica a la dirección de la obra, la pagó, casi doce millones de euros, el contratista de la obra “UTE Dique Torres”, cuando el pago de ese contrato de servicios lo tenía que haber hecho el Puerto, como ya ha informado, reiteradamente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. No se puede poner a la zorra a vigilar al gallinero ... se las come.

· En quinto lugar ….hay tantas barbaridades que denunciar … como las “actas de nuevos precios”, completamente ilegales, que, en abril y octubre de2006, firmó con la contrata el director de la obra Jose Luis Díaz Rato, pasando el precio del pedraplén todo uno de7,30 € a 26,34 € el m3; y la escollera de 8,25 € a 29,30 € el m3. ¿Autorizó el Consejo de Administración del Puerto estos cambios de precios? Téngase en cuenta que el director de la obra no tenía competencia para alterar los precios unitarios de la adjudicación, por lo que cometió una auténtica ilegalidad, siendo nula de pleno derecho esa alteración de precios extracontractual. Sólo vía modificación contractual se pueden alterar los precios establecidos en el contrato formalizado. ¿Aprobó esos nuevos precios el Consejo de Administración? Eso es lo que dice la OLAF.

· En sexto lugar, echar la culpa de los supuestos fraudes de las canteras a la contrata “UTE Dique Torres” es de un cinismo inimaginable. La contrata tiene la obligación de ejecutar la obra contratada, pero es obligación y responsabilidad exclusiva del director de la obra controlar a lacontrata cosa que, parece, nohizo JoseLuis Díaz Rato …y, encima, ha sido indemnizado por el Puerto, por haber sido cesado en su puesto de director con unos360.000 €.

· Por último, denunciar los desatinos de Rosa Aza, Belén Fernández … y de todos aquellos que defienden a los verdaderos culpables de este fraude monumental al Puerto de El Musel, y que ahora se hacen las víctimas … cuando han sangrado y siguen sangrando a todos los asturianos. ¡NO TIENEN VERGÜENZA!

La Autoridad Portuaria estudia los datos del IVA aportados por la OLAF para conocer si hubo engaño por parte de las constructoras

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, señaló ayer que está analizando los datos sobre el IVA entre la UTE Dique Torres y sus subcontratistas y suministradores, para considerar si ha habido algún tipo de engaño de las empresas constructoras a la Autoridad Portuaria.
“Eso es lo que estamos estudiando, porque además tengo que recordar que la UTE nos ha puesto una demanda al Puerto reclamando un incremento en los pagos porque no consideró que se le pagó toda la cantidad que satisfacía todos los gastos que tenía. En definitiva, cualquier información de la OLAF puede ser relevante para la contestación a la demanda de la UTE”, señaló ayer la presidenta de El Musel.
Aza indicó que la OLAF tiene capacidad para obtener información que es inaccesible para el Puerto y aludió en concreto a “las declaraciones de IVA, que para el Puerto es imposible obtenerlas. Por lo tanto, eso hay que estudiarlo”, en especial “las declaraciones de IVA de los subcontratistas con la UTE y por lo tanto de las compras realizadas por la UTE”, que pueden clarificar si los sobrecostes reclamados por Dique Torres tienen o no un sustento real.
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LOS CULPABLES
Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, y, Jose Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto y director de las obras ejecutadas por la contrata "UTE Dique Torres", principales responsables de las denuncias de la OLAF
La ampliación de El Musel se llevó a cabo con decisiones políticas, pero en todo momento estuvieron avaladas por informes de técnicos cualificados y por la unanimidad en el órgano rector de la Autoridad Portuaria de Gijón. Es la primera respuesta del Principado, a través de la consejera Belén Fernández, y del propio puerto, a través de su presidenta, Rosa Aza, a las acusaciones de la OLAF sobre presuntas irregularidades en la tramitación y ejecución de los trabajos.

Ni Fernández ni Aza entraron en pormenores del contenido del informe, pero adelantaron que, de momento, no han detectado irregularidad alguna, al menos achacable a la Autoridad Portuaria de Gijón, porque todas sus decisiones se caracterizaron por la unanimidad y el respaldo explícito de los técnicos, sin que conste reparo ni reserva alguna.

En clave política, Belén Fernández reprochó a la ministra Ana Pastor que haya responsabilizado directamente a la gestión de los socialistas de los problemas de El Musel. Por una parte, porque, dijo, en alguna fase de la ampliación, concretamente el diseño, el protagonismo correspondió al PP y, por otra, porque, a su juicio, no es justo ni razonable «poner en tela de juicio a profesionales públicos», ingenieros o juristas, que avalaron o indujeron las decisiones políticas. «Estamos en precampaña y es difícil sustraerse a la tentación de buscar rédito político -dijo la consejera-, pero espero que el Gobierno del Estado realice una defensa firme y certera de los intereses de España». Sobre la entrega a los grupos políticos parlamentarios de una copia del informe, Belén Fernández supeditó la decisión al informe que haga al respecto el Consejo Consultivo, ya que, al parecer, el documento contiene datos confidenciales de algunas empresas.

El posicionamiento de la presidenta portuaria fue más técnico y económico. Aza dejó claro, por una parte, que no acudirá a la Junta General del Principado, como solicitó el PP, porque «Hacienda es la autoridad competente en este caso».

Sobre las quejas de la OLAF por el control de la obra, la presidenta de El Musel manifestó: «Por lo que he visto hasta ahora, creo que el control y las actuaciones fueron las adecuadas». Dicho esto, hizo hincapié en que la OLAF dispuso para su informe de 2014 de datos, declaraciones de impuestos, por ejemplo, a los que la Autoridad Portuaria no podía tener acceso en 2008, ya sea por ser ajenos a sus competencias o por falta de perspectiva temporal.
En ese sentido, Aza indicó que se «está estudiando si hubo engaño de las empresas al puerto» y defendió que si otros cometieron irregularidades, «la Autoridad Portuaria sólo sería responsable si pudo saberlo, pero entiendo que no fuera así».

En el mismo sentido, Rosa Aza indicó que el informe de la OLAF puede ser utilizado en la demanda presentada por la UTE Dique Torres para reclamar 350 millones de euros más al puerto, y dijo que si hay indicios de que la constructora actuó ilícitamente contra los intereses de la Autoridad Portuaria de Gijón, sería beneficiosa la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene una copia del informe, enviada por la OLAF, y estudia si puede contener materia supuestamente delictiva.

En dicha demanda, el papel de El Musel sí es protagonista, pero en el caso de la OLAF Rosa Aza indicó que Hacienda, Fomento y la Autoridad Portuaria de Gijón van de la mano y «estamos encontrando respuestas» para algunas sospechas.

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Publicado por Alejandro Mon