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PUERTO DE GIJÓN (XIV): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (XIV)


El Puerto estudia acciones penales contra Dique Torres tras el informe de la OLAF (LNE)

Lo que debe hacer el Puerto es estudiar acciones penales contra los gestores de la “Obra de Ampliación del Puerto de El Musel”





 

Andecha Astur amplía su denuncia sobre la obra de El Musel

 

Andecha Astur ha presentado nuevos datos para ampliar su denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a irregularidades en la ampliación de El Puerto de El Musel, en Gijón. En esta ocasión, según ha informado la organización, ha presentado documentación relativa a "una operación urbanística irregular con acoso a un particular".

La organización asturiana ha ampliado la denuncia aprovechando el periodo de seguimiento que el informe de la OLAF establece en sus Recomendaciones. La ampliación va dirigida al director general de la OLAF, Giovanni Kessler, y al investigador responsable del caso, José Mata Blanco. 
 
 Se trata en concreto de un particular afectado por las obras de El Musel que fue "presionado" para vender su finca en Jove (Gijón), que estaba destinada a Apartahotel, con licencia municipal concedida, y que, tras "una serie de amenazas y presiones por parte de la Autoridad Portuaria", se vio "obligado" a vender la finca, según señala Andecha Astur.

 Los hechos se remontan a 2007 cuando se pagó 597.400 euros, por una finca de 860 metros cuadrados que le valió 120.000 euros el año anterior, es decir, una cantidad cinco veces superior (cerca de 700 euros el metro cuadrado). "Dándose la irregular circunstancia de que la operación se realizó por parte de la Autoridad Portuaria sin tasación previa", señalan.

Andecha sostiene que Fernando Ménendez Rexach, en calidad de presidente de la Autoridad Portuaria, "extendió un cheque al propietario de la finca por esa cantidad haciéndose cargo incluso de todos los impuestos, gastos notariales y plusvalías de la compraventa, cuando este impuesto lo suele pagar la parte vendedora".

 
Rosa Aza, socialista, presidenta del Puerto de El Musel, debe estudiar acciones penales, si hay causa para ello,  contra los gestores socialistas exportuarios, responsables de la "Obra de Ampliacion", obra que no supieron gestionar, y no contra la UTE Dique Torres. 
En el agitprop de ésta socialista, siempre encaramada a oportunistas consejos de administración, lanza la bufonada de arremeter contra la empresa contratista "UTE Dique Torres", y, en su desvergüenza, no dice nada de los gestores del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, siempre viajando con cargo al Puerto, y Jose Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto y director de la "Obra de Ampliación", responsable directo de todos los desmanes, irregularidades y posibles fraudes que se hayan cometido o podido cometer en la ejecución de la obra. Fue incapaz de controlar el pesajede los camiones que transportaban los áridos (pedraplén, escollera. estériles de escombreras ...etc)
Señora presidenta, vd. que ha tardado meses en reunir a su Consejo de Administración (no sé si aún lo hareunido, probablemente NO) para informarle de lo que ha dicho la OLAF, parece que : o no lo ha leído, o ha entendido mal lo que dice.  
Señora Aza, lo que tiene que hacer es exigir responsabilidades a los causantes, en su caso, de tanto daño al Puerto, 198 millones de euros,  cuyos propietarios somos todos los ciudadanos de España. Pero Vd calla de una forma desvergozada, y, encima, quiere desviar las culpas al Contratista. 
¡¡¡Eso, o es una sinvergonzada, o acaso, probablemente, sea pura prevaricación...!!! La Fiscalia calificará los hechos ...señora presidenta.
El Puerto estudia acciones penales contra Dique Torres tras el informe de la OLAF
"No cabe descartar la promoción de acciones legales ante la jurisdicción penal, si hubiera causa para ello". La frase forma parte de la contestación que el pasado 26 de septiembre dio la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF),...

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La Fiscalía de Asturias deja el informe de la OLAF en manos de Anticorrupción
 
Esa placa, que costó la intemerata, como se puede ver más abajo, debe ser demolida, en acto público,  por la presidenta del Musel, la también socialista señora Rosa Aza. Estos señores no son dignos de figurar en un espacio público como es la "Obra de Ampliación" , cuyos únicos propiestarios somos los ciudadanos españoles que hemos pagado la obra con nuestros impuestos. Este acto inaugural, como mantenemos contra viento y marea, sobra porque, además del despilfarro que supuso para los dineros públicos, es una gran ofensa y una gran estafa a  los ciudadanos españoles por generar gastos indebidos, gastos que no debemos soportar los contribuyentes. De calificarse esta malversación de fondos como "prevaricación", el delito no habría prescrito al ser de diez años la prescripción.

La sección gijonesa de la Fiscalía General de Asturias deja que sea la Fiscalía Anticorrupción a escala estatal la que siga estudiando si procede abrir diligencias penales como consecuencia del informe emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre presuntas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel.


La Fiscalía asturiana abrió hace pocas semanas diligencias contra los exministros Magdalena Álvarez y José Blanco; contra el expresidente asturiano Vicente Álvarez Areces, el exconsejero Francisco González Buendía, y los exresponsables de El Musel Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, como consecuencia de una iniciativa de la organización Manos Limpias.
La decisión ahora anunciada no implica el archivo de las diligencias, pero sí el traslado del caso a la Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene el informe de la OLAF en sus manos desde principios del pasado abril.

Fue la propia OLAF la que puso el resultado de sus investigaciones en conocimiento de las autoridades judiciales españolas, además del Ministerio de Hacienda, como gestor de los fondos de cohesión europeos. Mes y medio después, continúa la incógnita sobre si la Fiscalía General del Estado pondrá en marcha alguna iniciativa sobre el caso o lo archivará, como ya ocurrió en ocasión anterior.

En todo caso, la obra de ampliación de El Musel ya se encuentra en los tribunales, pero como consecuencia de la denuncia presentada por la UTE Dique Torres, adjudicataria de los trabajos, por desacuerdo con la liquidación aplicada por la Autoridad Portuaria de Gijón.

Se da la circunstancia, por lo tanto, de que mientras la OLAF considera que en El Musel se pagaron sobrecostes sin justificación alguna, la constructora intentará demostrar en los tribunales que recibió menor pago del acordado.

La Autoridad Portuaria de Gijón ha expuesto ya que algunos datos incluidos en el informe de la OLAF serán utilizados en la defensa de los intereses de El Musel en el juicio promovido por la UTE Dique Torres.

 
Una sospecha de corrupción en El Musel a despejar cuanto antes MuelleNorte.2014

La Oficina Contra el Fraude de la UE considera que la ampliación del puerto de El Musel fue adjudicada de manera irregular y que sus sobrecostes no están justificados. Estamos hablando de la mayor obra civil jamás llevada a cabo en Asturias, con una inversión superior a los 700 millones de euros. La acusación es gravísima, y merece con urgencia las aclaraciones pertinentes. LA NUEVA ESPAÑA desveló ayer que los inspectores han descubierto engaños en el peso y el precio de los áridos usados. Los trabajos estuvieron envueltos en la polémica y en la sospecha desde el primer día. Una infraestructura llamada a relanzar la economía regional puede acabar hundiéndola. Los culpables, si se confirma, deben, por lo menos, quedar retratados.

La ampliación de El Musel fue una iniciativa cuestionada desde el inicio. Observando la inactividad de los muelles durante gran parte del año, era inevitable que los ciudadanos se hicieran preguntas sobre si el tráfico marítimo real de la región merecía un esfuerzo tan descomunal en un gigante portuario. Además, todos los planes para complementarlo y darle sentido -el polo energético, la zona logística- han resultado un fiasco. La crisis los barrió como hojarasca. Los responsables del Puerto y los gobernantes de turno insistieron hasta la saciedad en que sin acometer una remodelación de esa magnitud El Musel sucumbiría a medio plazo frente a sus competidores. Era cuestión de supervivencia.

La obra está culminada, poco sentido tiene seguir flagelándose sobre sus dimensiones. Desmesurada o no, sí ha carecido, en su puesta en escena y en su ejecución, de la solvencia, la seriedad y el rigor que una operación de esta envergadura merece. Mal común, en unos tiempos pasados en los que nada parecía ponerse por delante y cualquier ocurrencia ni siquiera precisaba responder a una necesidad para salir adelante. Sobraba el dinero. Como en el Niemeyer, que vio la luz porque el arquitecto brasileño regaló una maqueta y había que aprovecharla. Como en la Laboral, con una ciudad de la cultura inventada para llenarla. O como en las autopistas radiales de Madrid, una red de peaje al lado de autovías gratuitas destinada al fracaso y ahora nacionalizada. Todo lo arregla el bolsillo del contribuyente. Primero costea las obras. Luego, los desastres.

La Oficina Europea Contra el Fraude, a propósito de El Musel, acaba de dar esta semana un salto cualitativo tras una larga investigación discreta y confidencial. LA NUEVA ESPAÑA reveló ayer en exclusiva las partes sustanciales de su informe, muy duro. La cantera de Aboño, al lado del puerto, siempre estuvo en el punto de mira. El concurso público recomendaba, por cercanía, extraer de ella la mayor parte de los áridos. Una de las empresas concurrente, la que finalmente ganó el concurso, figuraba entre sus propietarios, lo que la colocaba de partida en una posición de ventaja. Los auditores comunitarios hablan de fallos graves de control de las autoridades españolas, de sospechosa falta de colaboración del contratista, de distintos precios aplicados a las piedras y de anomalías en los pesajes. Ya no estaríamos ante meras discrepancias políticas, divergencias en la selección de prioridades eficientes, dudas sobre inversiones productivas o interpretaciones opuestas sobre textos legales, sino directamente ante un caso de supuesta corrupción. …



La UE denuncia 'corrupción' en Fomento en la etapa de Álvarez

He aquí la nefasta y corrupta manía de nuestros políticos de INAUGURAR LAS OBRAS  que hemos pagado los contribuyentes con nuestros impuestos. ¿De qué se ríen?¿Qué pintan Zapatero, Areces y Maleni inaugurando la obra? ¿De qué se ríe? Apropiándose de nuestros impuestos en su beneficio hacen alarde, simulan y hacen creer a la opinión pública, por el acto que protagonizan, que esas obras las han pagado ellos. Es un robo publicitario a los ciudadanos, y un coste adicional, normalmente para el Contratista, gasto que no debe soportar legalmente. Eso, parav el común de los mortales, es CORRUPCIÓN.  La ley no dice que "se inauguren las Obras". La ley lo que ordena a los gestores públicos es que las obras construidas  ... "SE ENTREGUEN AL USO PUBLICO", por supuesto, lo más rápidamnete posible una vez terminadas. Pero la gran soberbia de esos miseros políticos, apropiándose de lo público, les lleva a hacerse fotos y reportajes de si mismos como si fueran dioses hacedores de la obra, cuando lo que son es la encarnación de la mas sórdida corrupción. Terminadas las obras, han de entregarse al uso público, pudiendo ponerlo en conocimiento de los ciudadanos a través de los medios públicos mediáticos y audiovisuales. Lo demás es malversación de fondos públicos y corrupción.
La Unión Europea utiliza con toda su crudeza la palabra maldita «corrupción» para reclamar a España que devuelva 250 millones de euros que considera defraudados durante la construcción del superpuerto de Gijón en «connivencia» con el Ministerio de Fomento que dirigía Magdalena Álvarez, precisamente bajo los focos tras negarse a dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones pese a confirmarse su imputación en el escándalo de los ERE.


El informe emitido por la Oficina Antifraude de la UE (Olaf), que ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias tras haberle sido remitido por el Gobierno, advierte a lo largo de 29 folios de «una seria sospecha de irregularidad, incluso un posible fraude y/o corrupción, en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación del contrato del proyecto». El organismo europeo concluye que «los hechos constatados podrían ser constitutivos de infracciones penales» y habla, en concreto, de «malversación de fondos» y «fraude a los intereses financieros de la UE».


Este viernes, la Comisión Europea anunció que había reclamado al Estado español que comunique en un plazo perentorio -antes del 11 de junio- si va a pagar o aboca la resolución al Tribunal de Luxemburgo. Fuentes de Hacienda señalaron que el Ministerio estudia ahora la delimitación de las concretas administraciones responsables y de la cuantía en la que asume el fraude, protagonizado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, en la que están integradas grandes del sector como Dragados (del Grupo ACS), FCC y Sato (del Grupo Villar Mir), junto a la local Alvargonzález Contratas.


El Ejecutivo de Bruselas acorta de esta manera los plazos que había recomendado la Olaf para «asegurar la recuperación» de 198 millones desembolsados procedentes de los fondos de cohesión yevitar que se abonen otros 49,5 que ya estaban comprometidos con la Autoridad Portuaria de Gijón. La portavoz comunitaria de Política Regional, la británica Shirin Wheeler, confirmó que el pasado 11 de abril se remitió una carta al Ministerio de Hacienda en la que se expresa el deseo de «explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo» y se dan dos meses para responder antes de denunciar el caso al Tribunal de la UE.







Publicado por Alejandro Mon