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CONTRATOS PUBLICOS: DIPUTADOS AUTONÓMICOS: INCOMPATIBILIDAD TOTAL: NULIDAD CONTRACTUAL


El Ministerio impone 2.000 euros de sanción a la firma Cook por recurrir "sin ningún argumento nuevo" su exclusión de un contrato público del Sespa

... Apreciar la concurrencia de mala fe y temeridad en la interposición del recurso e imponer a la recurrente COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L. una multa de dos mil euros (2.000 €) al tratarse de un segundo recurso interpuesto contra una cuestión que fuedefinitivamente resuelta por este Tribunal...
Resolución sancionadora del TACReC 
Educación plantea anular contratos de 'catering' con una empresa propiedad del diputado de Foro José Antonio Martínez

Ana González, consejera de Educación en Asturias, y José Antonio Martínez, diputado de Foro en el Parlamento de Asturias. Falseó la declaración de compatibilidad al formular su propuesta como liicitador. Dijo ser "compatible" como contratista de las Administraciones Públicas,cuando la LOREG (Art.159) le declara abiertamente "incompatible" por su condición de Diputado. No puede contratar con las Administraciones Públicas a menos que DIMITA como diputado de ForoAsturias en el Parlamento de Asturias. La falsedad en la declaración acarrea su"nulidad contractual", abocando, inexorablemente, a su liquidación ( Art. 35 TRLCSP )


Modelo de "Declaración Responsable" (Página 27 PCAP)  de ser compatible como CONTRATISTA  de las Administraciones Públicas, según el "Pliego de cláusulas" de la licitación del contrato.

La Consejería de Educación plantea anular contratos de suministro alimenticio a colegios públicos con la empresa Cook Gastronomía Integral, propiedad del diputado del Grupo Parlamentario de Foro José Antonio Martínez Fernández.

La causa esgrimida es la posibilidad de incurrir en supuestas incompatibilidades al cubrir con sociedades vinculadas a cargos políticos servicios de la Administración regional, según las conclusiones que han llevado a plantear tal decisión.

El Gobierno autonómico comunicó la intención de rescindir el contrato a la sociedad, a la dirección y las asociaciones de madres y padres de los colegios públicos ovetenses La Gesta I y II esta semana. Esa contratación se firmó en 2012 por un periodo de cuatro años, por lo que no vencería hasta 2016.


Sin embargo, el recelo del Principado tras destaparse casos de presuntas incompatibilidades le llevan a intentar anular dicha adjudicación. Como muy tarde, con fecha de mediados de junio, para evitar perjuicios añadidos a la comunidad escolar.

Una segunda posibilidad planteada, adelantándose al final de próximo curso, es el 28 de febrero de 2015. Esto obligaría a resolver al contrato, algo con lo que Cook no estará de acuerdo y, en plena actividad escolar, contratar a otras empresas y subrogar el personal encargado del servicio en ambos centros.


Perfil de contratante del SESPA: Licitación contrato

Pliego de Cláusulas del Contrato
Prohibiciones de contratar de diputados y senadores, incluidos los diputados autonómicos

1.- No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
§ Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.
§Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
§Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del mismo, o por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
§ No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.
§Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 130.1.c o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 59.4 y en el artículo 305.
§Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.
§Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.
2.-Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes:
§ Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública.
§ Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.
§ Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
§  Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 135.2 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
§Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario.
3.- Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas”(Art. 49 LCSP)

INCOMPATIBILIDADES DE DIPUTADOS Y SENADORES, INCLUIDOS LOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE NO TENGAN REGULACIÓN PROPIA

1.-De conformidad con lo establecido en el artículo 157, el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas.
2.- En particular, es en todo caso incompatible la realización de las conductas siguientes:

·  a) Las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local, respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.
                
· b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades.
          
· c) El desempeño de puestos o cargos que llevan anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios.            
· d) La prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole con titularidad individual o compartida, en favor de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local. …(Art. 159 LOREG)

"Declaración de compatibilidad" del licitador a presentar al formular su proposición al Órgano de Contratación.

Resolución del Órgano de Contratación adjudicando el contrato a Cook S. L.
Resolución del TACRC sobre recurso COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L.

" ... Partiendo de lo anterior, cuestión previa y fundamental es determinar si efectivamente, D. J.A. M. F., administrador único de COOK, está incurso en prohibición de contratar por su condición de diputado autonómico.



Del precepto anteriormente transcrito se desprende que están incursas en prohibición de contratar las personas jurídicas cuyo administrador sea cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en los términos establecidos en la misma.



Analizado el ámbito de aplicación de la LOREG, artículo 1.2, resulta que la misma es de
aplicación, en los términos que establece la Disposición Adicional Primera de la presente Ley, a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y tiene carácter supletorio de la legislación autonómica en la materia.

Del contenido de la citada Disposición Adicional Primera, interesa destacar el apartado cuartoque literalmente señala que “4. El contenido de los Títulos II, III, IV y V de esta Ley Orgánica no pueden ser modificados o sustituidos por la Legislación de las Comunidades Autónomas”.

Por tanto, resulta plenamente aplicable a los diputados autonómicos el contenido del Capítulo II del Título II de la Ley que se refiere al régimen de incompatibilidades, señalando expresamente el artículo 159.1 que “ de conformidad con lo establecido en el artículo 157 , el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas” especificando el apartado 2.b que, en particular, es incompatible con “la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades.”

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que la condición de diputado de un parlamento autonómico, en este caso la Junta General del Principado de Asturias, es un cargo electivo regulado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, es evidente que la empresa recurrente, COOK GASTRONOMÍA INTEGRAL, se encuentra incursa en prohibición de contratar en los términos del artículo 60.1.f de la LCSP al ser su administrador único, D. J. A. M. F., diputado autonómico lo que, conforme a los preceptos transcritos, supone la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.

A lo que cabe añadir, a mayor abundamiento, que como señala el informe del órgano de
contratación, la norma que regula las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias, es la Ley del Principado de Asturias 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General, que no prevé un régimen de incompatibilidades en el ejercicio del mandato de Diputado, en su disposición final remite a la LOREG en todo lo no previsto específicamente.

De notarse que la citada Ley autonómica prevé, en su artículo 6, únicamente un régimen de
incompatibilidades para la titularidad del derecho al sufragio pasivo, esto es, para ser elegible pero, en contra de lo que se afirma en el informe del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias que se aporta por la demandante, no se regula un régimen de incompatibilidades en el ejercicio del cargo de diputado autonómico, por lo que necesariamente debe aplicarse de manera supletoria la LOREG.

En cuanto a la apreciación de esta causa de prohibición, señala el artículo 60.1 del TRLCSP que “Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo anterior, y c) de su apartado 2, se apreciarán directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.”

En consecuencia, no siendo un defecto de carácter subsanable, el mismo pudo ser apreciado de oficio y directamente por el órgano de contratación sin necesidad de solicitar subsanación al licitador para que presentara “Certificación emitida por el órgano competente de la Junta General del Principado de Asturias que acredite que la condición de diputado regional no es incompatible con ser contratista (o administrador de una sociedad contratista) del sector público autonómico.”

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Efectos de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Arts. 40 a 49 TRLCSP)

"Efectos de la resolución.-1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo 41. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente ejecutiva resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre." (Art. 59 TRLCSP)

Foro desmiente que el diputado José Antonio Martínez incurra en incompatibilidades por su actividad empresarial
Jose Antonio Martínez, Cristina Coto y Pelayo Roces, diputados de ForoAsturias
La portavoz de FORO en la Junta General, Cristina Coto y el diputado José Antonio Martínez, han convocado en el día de hoy una rueda informativa, en la que la portavoz ha manifestado que “en primer lugar quiero decirles que como portavoz y en nombre del Grupo Parlamentario de FORO, suscribo por completo todo lo que en la tarde de ayer afirmó el presidente de FORO, en una rueda informativa donde le acompañaban Pelayo Roces, José Antonio Martínez y Rafael Felgueroso, y a la que yo asistí”.

Cristina Coto subrayó que “en FORO damos la cara, a diferencia de Javier Fernández, que mientras se conocía toda la situación de su Consejera de Bienestar permaneció callado, sin apoyarla en ningún momento, y cuidándose mucho de aparecer en un foto con ella”.

Lo primero que quiero decirles es que es rotundamente falso que José Antonio Martínez esté incurso en ninguna incompatibilidad, como diputado, ni su empresa como concursante ante las administraciones públicas”, destacó.

“Estamos ante una represalia del Gobierno de Javier Fernández para tratar de presentar a todos como iguales en los incumplimientos de la legislación de altos cargos que no es aplicable a los diputados, para tratar en última instancia de crear en la opinión pública la percepción de que todas las personas que nos dedicamos a la actividad política somos iguales, y peor aún, iguales a los socialistas”, explicó la portavoz.

Coto apunta que, “quiero señalar la primera diferencia entre la situación de la Consejera de Bienestar, que acabó con su dimisión y ante la que se ha puesto en marcha el ventilador por el Partido Socialista, y la de los diputados de FORO que hoy me acompañan: Esther Díaz ocultó su participación en Davelco a la hora de rellenar su declaración de incompatibilidades, dejó la casilla en blanco, como ha recogido algún medio de comunicación. Y luego se justificó diciendo que nunca fue requerida  ni advertida de un posible reparo o incompatibilidad. ¿Cómo la iban a advertir si había ocultado la información?”.

“Curiosamente, desde el principio dijo que lo sabía todo el mundo, suponemos que también el Presidente del Principado, que por cierto, solo lanzó algún mensaje sobre ‘listones’ altos una vez que su Consejera dimitió. Y por cierto, aún estamos esperando que le incoe el oportuno expediente por haber incumplido flagrantemente los artículos 4 y 5 de la Ley asturiana de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias”, señaló.



El presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha dicho hoy que detrás de las "intenciones perversas que afloran en la persecución" de Javier Fernández y su "camarilla" a su partido hay "desprecio total" para distinguir una sentencia judicial de una mera resolución administrativa.

Así lo asegura el político de Foro en un comunicado tras el cruce de acusaciones mantenido ayer con el máximo responsable del Principado en un debate parlamentario en el que ha salido a relucir la revisión del contrato del Principado con la empresa del diputado forista José Antonio Martínez por posible incompatibilidad.

Álvarez-Cascos recuerda que Javier Fernández le preguntó ayer en la Junta General qué haría él o un responsable público "si tuviera una sentencia, de marzo, del Tribunal Superior Administrativo de Recursos Contractuales (TCRC) en la que dice que una determinada persona, administrador único, está incurso en prohibición de contratar". "Pues lo primero que haría sería sacar a Javier Fernández de su ignorancia para explicarle que el TCRC no dicta sentencias", puntualiza el presidente de Foro, que agrega que se trata de un órgano administrativo y no judicial, adscrito al Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. Puntualiza que "lo que dicta el TCRC son simples resoluciones", susceptibles de ser revisadas en los procesos judiciales mediante las oportunas sentencia por los Tribunales Contencioso-Administrativos tras el correspondiente procedimiento.

Además, recuerda que ningún funcionario público puede "saltarse a la torera" el Estado de Derecho "sin más fundamento" que una resolución administrativa "manipulada como si fuera una sentencia porque eso es propio de los sistemas totalitarios". Álvarez-Cascos añade que "cada día que pasa es más evidente que la ignorancia es muy atrevida", y apunta que no se trata de "exigir a un gobernante que sea especialista en todo, sino que para hablar de todo cualquier gobernante responsable tiene que trabajar e informarse". Acusa a Fernández de que "ni siquiera se toma la molestia de informarse" antes de hablar en la tribuna del parlamento.

Álvarez-Cascos reitera que la "incompetencia" del presidente del Principado está "agravando profundamente la decadencia" de la región, y sostiene que la "arbitrariedad que domina de su conducta y sus acciones" constituye una "seria amenaza para la convivencia" de los asturianos".


Javier Fernández, presidente del Gobierno del Principado de Asturias

Cristina Coto, portavoz de ForoAsturias. 
... La portavoz destaca que “a diferencia de otras personas, Pelayo Roces y José Antonio Martínez declararon con precisión las actividades de sus empresas. Y tras ofrecer toda esa información solicitaron un informe a los órganos de la Junta General a los que compete el control de las compatibilidades, y estos órganos: Comisión de Reglamento, Mesa de la Cámara y Pleno de la Junta General emitieron ese informe favorable, y todos los diputados, los 45 votaron favorablemente, entendiendo que no estaban incursos en ninguna incompatibilidad”... ¿¿¿....???

Alberto Arce Janáriz, Letrado Mayor 

de la Junta, se equivoca gravemente.

Debería dimitir.

“Es decir, la Cámara en su conjunto aprobó la compatibilidad. Y el 28 de diciembre de 2011 el letrado mayor de esta Junta General, concluye que ‘la condición de Diputado de la Junta General no es impedimento para ser contratista del sector público, ni estatal, ni autonómico ni local’”, anunció.

Cristina Coto manifiesta además que “evidentemente, en base a todo este acervo: informe de letrado mayor, vistos buenos de la Mesa, de la Comisión de Reglamento y del Pleno, Pelayo Roces y José Antonio Martínez accedieron a sus escaños, algo que nunca habrían hecho si la respuesta jurídica de esta Junta General hubiera sido otra. Por lo tanto, ellos son los únicos que pueden hablar de incumplimientos, al pretender ahora impedirles realizar unas actividades para las que primero se les... 

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Álvarez-Cascos: “El caso de un medio que lanza insidias contra personas honradas no me atrevo a tipificarlo pero estoy seguro que los Tribunales también pondrán en su sitio al Sr. Vaquero y a La Nueva España”


Contrato con el Ayuntamiento de Oviedo (Nº 26), incurso en incompatibilidad según la LOREG (Art.159)

Las citas de la Biblia sobre la corrupción que harán temblar a los políticos


Caso Púnica, Gürtel, ERE, Pujol, Nóos, Malaya, Millet, Madeja, Enredadera, Brugal, Pokemon, Palau, ITV, cursos de formación, Campeón, Malaya, Guateque, Pallerols, etcétera, etcétera. Estos son solo una pequeña muestra de los innumerables casos de corrupción que asolan España, tramas que llenan los periódicos y gracias a las cuales sus responsables han conseguido de manera ilícita miles de millones de euros.


La corrupción no entiende ni de regiones ni de siglas políticas. Los escándalos se han producido en todas las comunidades y en todos los partidos. Donde ha habido poder ha habido corrupción. Los últimos y graves escándalos han calado como nunca en la ciudadanía y han colocado a la corrupción de manera destacada como la segunda preocupación de los españoles tan sólo por detrás del paro, tal y como refleja el último barómetro del CIS.
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Publicado por Alejandro Mon