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| Maite Pagazaurtundúa, jefa de la Delegación de UPyD en elParlamento Europeo |
La jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo,
Maite Pagazaurtundúa, reclamó este miércoles a la Comisión Europea explicaciones sobre el presunto fraude en la
adjudicación de cursos de formación por parte del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias (Sepepa).
Ate publicaciones que revelan la investigación
de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea, la diputada de la formación magenta quiere conocer "qué sanciones
podrían desencadenarse contra España si se demuestra el uso fraudulento de
fondos europeos", indican desde UPyD.
Las
pesquisas iniciadas por el Ejecutivo comunitario buscan aclarar si, en el marco
de la concesión de más de 9 millones de euros cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo, varios beneficiarios supieron que se les habían
concedido subvenciones antes incluso de que se publicaran en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias (BOPA).
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| Principado de Asturias |
La convocatoria de ayudas a los cursos de
formación se autorizó en septiembre de 2010, según consta en el BOPA. La
resolución, por su parte, se aprobó el 6 de abril de 2011, siendo publicada el
día 12 del mismo mes.
En ella
se concedían las subvenciones correspondientes a los centros colaboradores --9.233.658 euros-- para la ejecución de
acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados en 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en un 80
por ciento.
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| Susana Díaz Pacheco, presidenta de Andalucia, y Antonio Fernández García, exConsejero de Empleo dela Junta de Andalucia. |
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| Antonio Fernández García, el exConsejero que firmó el decreto subvencionando los cursos de formación, cursos que debieron licitarse por ser auténticos "contratos de servicios". |
Disposición adicional primera.- Régimen jurídico aplicable a las subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 1. Los procedimientos para la concesión de subvenciones, ayudas y becas a que hace mención este Decreto se regirán por lo establecido en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el Título VIII de la Ley 5/1983 General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Será igualmente de aplicación el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los Procedimientos de Concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, en lo que no se oponga a la normativa estatal básica y autonómica andaluza sobre subvenciones y ayudas públicas aprobada con posterioridad al mismo, y demás normativa de desarrollo aplicable”.
ORDEN
de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22
de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para
el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión
del subvenciones y ayudas y otros procedimientos.
Los cursos de formación, prestación de servicios dirigida a la formación de todo un universo de colectivos ... que tiene por objeto facilitar a las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, capacitándolas para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo ... son auténticos "contratos de servicios" que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, que exige una licitación y correspondiente cumplimiento del contrato, pero todas las Comunidades Autónomas y el Estado, desde los tiempos de Felipe González, gestionan los cursos en el marco de la Ley de Subvenciones, dando "a dedo" los fondos a los sindicatos y a las patronales, oganizaciones que se apropian de esos fondos y adjudican los cursos de formación a quien les da la gana,sin licitación alguna, lo que es causa de la profunda corrupción que los fondos destinados a cursos han generado en toda España.
“Contrato de servicios.-Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II” (Art. 10 TRLCSP)
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Anexo II TRLCSPServicios a que se refiere el Art. 10 TRLCSP |
Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía
La Policía cree que existe una «clara connivencia por parte de laJunta de Andalucía» en el que podría llegar a ser el mayor fraude de fondos públicos de la Historia de España. Bajo el paraguas de laoperación Edu, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y la Fiscalía Anticorrupción investigan un «entramado sistemático y continuo en el tiempo» de desvío de fondos para formación de parados a centenares de empresas e intermediarios. Según fuentes de la investigación, en el saqueo han participado activamente gestorías, asesorías, sindicatos y organizaciones empresariales.
«La cuantía del engaño supera
la del escándalo
de los ERE», afirma un alto cargo del Ministerio del Interior.
De hecho, podría hasta duplicarla, pues fuentes policiales creen que puede
alcanzar los 2.000 millones de euros tan sólo entre 2009 y 2011, la mayor parte
de ellos procedentes de la Unión Europea.
Durante estos ejercicios, los
máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad a través de la que se
canalizan las subvenciones, fueron los socialistas Antonio
Fernández, actualmente en libertad provisional por el caso
de los ERE, y Manuel Recio, a
quien la juez Alaya comunicó
ayer la preimputación por la
misma causa.
El origen de la investigación
se sitúa en varias inspecciones rutinarias de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga. Sus
funcionarios detectaron movimientos incoherentes de altas y bajas de empresas y
de empleados, que coincidían con la recepción de ayudas para la formación.
Según las fuentes consultadas,
muchas de ellas eran firmas inactivas que, tras recibir las subvenciones desde
los servicios de Empleo de la
Junta de Andalucía, daban de alta a uno o dos empleados y después desaparecían
o se liquidaban. Los cursos de formación sólo eran simulados, en muy pocas
ocasiones se impartían. Y el dinero se repartía entre empresas, gestorías y,
presuntamente, funcionarios públicos.
La investigación revela adjudicaciones «a dedo» de los cursos de formación
Susana y Griñán ... aplaude-aplaude-aplaude ...
La investigación sobre el presunto fraude
de los cursos de formación para desempleados dependientes de la junta de
Andalucía ha elevado el grado de responsabilidad de la Administración
autonómica. Un nuevo informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso este
periódico, habla sin tapujos de adjudicaciones a dedo y una violación
sistemática de la ley de contratos públicos. Revelaciones que se suman a las
denuncias de falta de control y laxitud por parte del Ejecutivo andaluz que han
recalcado los responsables policiales y que enmarcan dentro de un entramado con
connotaciones políticas e intenciones electoralistas.
Las nuevas conclusiones de los investigadores se sitúan dentro
del llamado «caso Edu» que indaga en las irregularidades producidas en Málaga
-en cada provincia andaluza se ha abierto una investigación independiente- y
profundiza en una trama que deja en mal lugar la labor fiscalizadora de la
Junta de Andalucía.
Al margen de los presuntos ilícitos cometidos por los
empresarios del sector de la formación investigados, el documento policial -de
140 páginas- dedica un apartado a analizar el papel de la Administración
autonómica y donde se hace hincapié en supuestos comportamientos sospechosos.
Resolución de
diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) - se utilizó la fórmula de «concurrencia
competitiva», o lo que es lo mismo: adjudicaciones «a dedo». Un mecanismo con el que se
obviaban los requisitos legales exigidos previamente para la concesión de
dichas subvenciones.
Esta práctica, aseguran en su informe, no era «excepcional o
puntual» y, a modo de ejemplo, destacan que un «pequeño sondeo» en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) revela cuatro resoluciones diferentes
por las que se conceden seis millones de euros sólo en la provincia malagueña
durante 2010.
La Policía ignora dónde están las
partidas millonarias de la Junta para cursos a parados
Los agentes de la Policía
Nacional que investigan el presunto fraude masivo
con fondos públicos para formación de desempleados en toda Andalucía
están teniendo serias dificultades para localizar partidas
multimillonarias que nunca llegaron a ejecutarse. Fuentes cercanas a la Operación Edu,
el nombre que han recibido estas pesquisas, precisan que los investigadores no
encuentran remesas por valor de hasta 500 millones de euros que en lugar de ser
utilizadas para instruir a parados habrían sido desviadas por la Junta de
Andalucía a capítulos opacos de su presupuesto.
La investigación, cuyo alcance fue adelantado por El
Confidencial este martes, arrancó hace dos años tras
una denuncia de la inspección de la Seguridad Social. Los efectivos de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de
la Policía calculan que los fondos presuntamente malversados con la ayuda de
altos cargos de la Junta de Andalucía podrían superar en total los 2.000 millones de euros,
la cantidad más alta investigada por corrupción en toda la historia de
España. De confirmarse las sospechas de los agentes, el importe
defraudado casi doblaría al célebre "fondo de reptiles" del caso
de los ERE (1.350 millones de euros) y multiplicaría hasta 40 veces los 49
millones de euros que Luis Bárcenas llegó a tener en Suiza.
La UDEF
no encuentra 1.000 millones de los cursos y cree que los malversó la Junta
La investigación de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía sobre el fraude en las subvenciones para la
formación de
trabajadores en Andalucía ya ha entrado en su recta final, pero algunas de las
principales incógnitas del caso aún no han podido ser resueltas. La duda más
relevante afecta al destino del 25% de los fondos públicos que nunca fue
transferido a los
supuestos organizadores de los cursos, según fuentes cercanas a la
investigación consultadas por El Confidencial. Esos
fondos por ahora ocultos sumarían en torno a 1.000 millones de euros.
Los agentes sospechan, más de medio año después del inicio de la Operación
Edu, que el dinero pudo ser malversado por altos cargos de la
Junta y sigue estrechando el cerco para dar con ellos.
Las pesquisas arrancaron hace dos
años y medio, aunque los primeros interrogatorios no comenzaron hasta la pasada
Semana Santa. Desde entonces, los expertos en delitos económicos de la Policía han
entrevistado a más de 4.000 personas con diferente grado de implicación en
la causa. Los últimos en serlo han sido casi 3.500 alumnos de presuntos cursos
fraudulentos de toda Andalucía, y en los próximos días será el turno de 700
profesores de esos programas de formación presuntamente irregulares.
Por lo pronto, la UDEF ya
ha imputado a medio centenar de empresarios por su presunta vinculación
con el fraude, entre ellos el exconsejero de Hacienda de la Junta
Ángel Ojeda Avilés. La Policía le acusa de haber creado un
entramado societario que recibió más de 50 millones de euros en subvenciones
para cursos que, o bien no reunían las condiciones para ser financiados, o
directamente nunca llegaron a realizarse.
Griñán aprobó una ley en 2009 que facilitó el fraude masivo de los fondos de formación
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| Susana y Griñán |
La investigación para esclarecer
el alcance del presunto fraude masivo de las subvenciones para formación de
desempleados en toda Andalucía está dando los primeros pasos, pero los agentes
de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya manejan
numerosos indicios que apuntan a que la estafa habría contado con la
colaboración imprescindible de los diferentes Ejecutivos socialistas que han gobernado
la Junta en los
últimos años. Según fuentes próximas a las pesquisas consultadas por El
Confidencial, el Ejecutivo socialista que presidía José Antonio Griñán aprobó en 2009 una nueva regulación de
las ayudas a la formación que habría favorecido intencionadamente el reparto
descontrolado de esos fondos. Los agentes de la UDEF estiman que el fraude
total podría
acabar superando los 2.000 millones de euros, la
mayor malversación de dinero público que se haya producido nunca en la historia
de España.
La modificación legal que ha
despertado la sospechas de los investigadores se produjo en el otoño de 2009,
medio año después de que Griñán relevara a Manuel Chaves al
frente de la Junta. La Consejería de Empleo sacó adelante una orden que
estableció unos procedimientos completamente nuevos para la tramitación de las
subvenciones de los cursos a desempleados. En teoría, esa orden tenía como
único objetivo adaptar a la normativa andaluza un Real Decreto sobre la misma
materia aprobado dos años antes por el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (RD
395/2007). Pero,
según fuentes de la investigación consultadas por este diario, “la Junta
aprovechó esa orden para derogar toda la legislación previa sobre esta cuestión
y colar agujeros legales que permitieron institucionalizar el fraude masivo con
los fondos de la formación”. “En la práctica”, prosiguen estas fuentes, “la
Junta eliminó cualquier tipo de control sobre estas ayudas”.
Publicado por Alejandro Mon