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CURSOS DE FORMACIÓN: LEY DE CONTRATOS: CONTRATOS DE SERVICIOS: NO LEY DE SUBVENCIONES: NO SUBVENCIONES DESCONTROLADAS: ANDALUCÍA: FRAUDE :ASTURIAS :FRAUDE ... ESPAÑA ENTERA: FRAUDE


Maite Pagazaurtundúa, jefa de la Delegación de UPyD en elParlamento Europeo
La jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, reclamó este miércoles a la Comisión Europea explicaciones sobre el presunto fraude en la adjudicación de cursos de formación por parte del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

Ate publicaciones que revelan la investigación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, la diputada de la formación magenta quiere conocer "qué sanciones podrían desencadenarse contra España si se demuestra el uso fraudulento de fondos europeos", indican desde UPyD.

Las pesquisas iniciadas por el Ejecutivo comunitario buscan aclarar si, en el marco de la concesión de más de 9 millones de euros cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo, varios beneficiarios supieron que se les habían concedido subvenciones antes incluso de que se publicaran en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Principado de Asturias
Desde UPyD quieren conocer, a través de una pregunta parlamentaria, qué medidas pretende poner en marcha la Comisión Europea para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.

La convocatoria de ayudas a los cursos de formación se autorizó en septiembre de 2010, según consta en el BOPA. La resolución, por su parte, se aprobó el 6 de abril de 2011, siendo publicada el día 12 del mismo mes.

En ella se concedían las subvenciones correspondientes a los centros colaboradores --9.233.658 euros-- para la ejecución de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en un 80 por ciento.



Susana Díaz Pacheco, presidenta de Andalucia, y Antonio Fernández García, exConsejero de Empleo dela Junta de Andalucia.

Antonio Fernández García, el exConsejero que firmó el decreto subvencionando los cursos de formación, cursos que debieron licitarse por ser auténticos "contratos de servicios".

Disposición adicional primera.- Régimen jurídico aplicable a las subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 1. Los procedimientos para la concesión de subvenciones, ayudas y becas a que hace mención este Decreto se regirán por lo establecido en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el Título VIII de la Ley 5/1983 General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Será igualmente de aplicación el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los Procedimientos de Concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, en lo que no se oponga a la normativa estatal básica y autonómica andaluza sobre subvenciones y ayudas públicas aprobada con posterioridad al mismo, y demás normativa de desarrollo aplicable”.


ORDEN de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión del subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

 

Los cursos de formación, prestación de servicios dirigida a la formación de todo un universo de colectivos  ... que tiene por objeto facilitar a las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, capacitándolas para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo ... son auténticos "contratos de servicios" que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, que exige una licitación y correspondiente cumplimiento del contrato, pero todas las Comunidades Autónomas y el Estado, desde  los tiempos de Felipe González, gestionan los cursos en el marco de la Ley de Subvenciones, dando "a dedo" los fondos a los sindicatos y a las patronales, oganizaciones que se apropian de esos fondos y adjudican los cursos de formación a quien les da la gana,sin licitación alguna, lo que es causa de la profunda corrupción que los fondos destinados a cursos han generado en toda España.   

Contrato de servicios.-Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II” (Art. 10 TRLCSP)
Anexo II TRLCSP

Servicios a que se refiere el Art. 10 TRLCSP

Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía

La Policía cree que existe una «clara connivencia por parte de laJunta de Andalucía» en el que podría llegar a ser el mayor fraude de fondos públicos de la Historia de España. Bajo el paraguas de laoperación Edu, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y la Fiscalía Anticorrupción investigan un «entramado sistemático y continuo en el tiempo» de desvío de fondos para formación de parados a centenares de empresas e intermediarios. Según fuentes de la investigación, en el saqueo han participado activamente gestorías, asesorías, sindicatos y organizaciones empresariales.

«La cuantía del engaño supera la del escándalo de los ERE», afirma un alto cargo del Ministerio del Interior. De hecho, podría hasta duplicarla, pues fuentes policiales creen que puede alcanzar los 2.000 millones de euros tan sólo entre 2009 y 2011, la mayor parte de ellos procedentes de la Unión Europea.

Durante estos ejercicios, los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad a través de la que se canalizan las subvenciones, fueron los socialistas Antonio Fernández, actualmente en libertad provisional por el caso de los ERE, y Manuel Recio, a quien la juez Alaya comunicó ayer la preimputación por la misma causa.

El origen de la investigación se sitúa en varias inspecciones rutinarias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga. Sus funcionarios detectaron movimientos incoherentes de altas y bajas de empresas y de empleados, que coincidían con la recepción de ayudas para la formación.

Según las fuentes consultadas, muchas de ellas eran firmas inactivas que, tras recibir las subvenciones desde los servicios de Empleo de la Junta de Andalucía, daban de alta a uno o dos empleados y después desaparecían o se liquidaban. Los cursos de formación sólo eran simulados, en muy pocas ocasiones se impartían. Y el dinero se repartía entre empresas, gestorías y, presuntamente, funcionarios públicos. 

La investigación revela adjudicaciones «a dedo» de los cursos de formación 

Susana y Griñán ... aplaude-aplaude-aplaude ...

La investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación para desempleados dependientes de la junta de Andalucía ha elevado el grado de responsabilidad de la Administración autonómica. Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso este periódico, habla sin tapujos de adjudicaciones a dedo y una violación sistemática de la ley de contratos públicos. Revelaciones que se suman a las denuncias de falta de control y laxitud por parte del Ejecutivo andaluz que han recalcado los responsables policiales y que enmarcan dentro de un entramado con connotaciones políticas e intenciones electoralistas.

Las nuevas conclusiones de los investigadores se sitúan dentro del llamado «caso Edu» que indaga en las irregularidades producidas en Málaga -en cada provincia andaluza se ha abierto una investigación independiente- y profundiza en una trama que deja en mal lugar la labor fiscalizadora de la Junta de Andalucía.

Al margen de los presuntos ilícitos cometidos por los empresarios del sector de la formación investigados, el documento policial -de 140 páginas- dedica un apartado a analizar el papel de la Administración autonómica y donde se hace hincapié en supuestos comportamientos sospechosos.

Resolución de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) - se utilizó la fórmula de «concurrencia competitiva», o lo que es lo mismo: adjudicaciones «a dedo». Un mecanismo con el que se obviaban los requisitos legales exigidos previamente para la concesión de dichas subvenciones.

Esta práctica, aseguran en su informe, no era «excepcional o puntual» y, a modo de ejemplo, destacan que un «pequeño sondeo» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) revela cuatro resoluciones diferentes por las que se conceden seis millones de euros sólo en la provincia malagueña durante 2010.

La Policía ignora dónde están las partidas millonarias de la Junta para cursos a parados


Los agentes de la Policía Nacional que investigan el presunto fraude masivo con fondos públicos para formación de desempleados en toda Andalucía están teniendo serias dificultades para localizar partidas multimillonarias que nunca llegaron a ejecutarse. Fuentes cercanas a la Operación Edu, el nombre que han recibido estas pesquisas, precisan que los investigadores no encuentran remesas por valor de hasta 500 millones de euros que en lugar de ser utilizadas para instruir a parados habrían sido desviadas por la Junta de Andalucía a capítulos opacos de su presupuesto.

La investigación, cuyo alcance fue adelantado por El Confidencial este martes, arrancó hace dos años tras una denuncia de la inspección de la Seguridad Social. Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía calculan que los fondos presuntamente malversados con la ayuda de altos cargos de la Junta de Andalucía podrían superar en total los 2.000 millones de euros, la cantidad más alta investigada por corrupción en toda la historia de España. De confirmarse las sospechas de los agentes, el importe defraudado casi doblaría al célebre "fondo de reptiles" del caso de los ERE (1.350 millones de euros) y multiplicaría hasta 40 veces los 49 millones de euros que Luis Bárcenas llegó a tener en Suiza.


La UDEF no encuentra 1.000 millones de los cursos y cree que los malversó la Junta


La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía sobre el fraude en las subvenciones para la formación de trabajadores en Andalucía ya ha entrado en su recta final, pero algunas de las principales incógnitas del caso aún no han podido ser resueltas. La duda más relevante afecta al destino del 25% de los fondos públicos que nunca fue transferido a los supuestos organizadores de los cursos, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. Esos fondos por ahora ocultos sumarían en torno a 1.000 millones de euros. Los agentes sospechan, más de medio año después del inicio de la Operación Edu, que el dinero pudo ser malversado por altos cargos de la Junta y sigue estrechando el cerco para dar con ellos.

Las pesquisas arrancaron hace dos años y medio, aunque los primeros interrogatorios no comenzaron hasta la pasada Semana Santa. Desde entonces, los expertos en delitos económicos de la Policía han entrevistado a más de 4.000 personas con diferente grado de implicación en la causa. Los últimos en serlo han sido casi 3.500 alumnos de presuntos cursos fraudulentos de toda Andalucía, y en los próximos días será el turno de 700 profesores de esos programas de formación presuntamente irregulares. 

Por lo pronto, la UDEF ya ha imputado a medio centenar de empresarios por su presunta vinculación con el fraude, entre ellos el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés. La Policía le acusa de haber creado un entramado societario que recibió más de 50 millones de euros en subvenciones para cursos que, o bien no reunían las condiciones para ser financiados, o directamente nunca llegaron a realizarse.


Griñán aprobó una ley en 2009 que facilitó el fraude masivo de los fondos de formación
Susana y Griñán
La investigación para esclarecer el alcance del presunto fraude masivo de las subvenciones para formación de desempleados en toda Andalucía está dando los primeros pasos, pero los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya manejan numerosos indicios que apuntan a que la estafa habría contado con la colaboración imprescindible de los diferentes Ejecutivos socialistas que han gobernado la Junta en los últimos años. Según fuentes próximas a las pesquisas consultadas por El Confidencial, el Ejecutivo socialista que presidía José Antonio Griñán aprobó en 2009 una nueva regulación de las ayudas a la formación que habría favorecido intencionadamente el reparto descontrolado de esos fondos. Los agentes de la UDEF estiman que el fraude total podría acabar superando los 2.000 millones de euros, la mayor malversación de dinero público que se haya producido nunca en la historia de España.

La modificación legal que ha despertado la sospechas de los investigadores se produjo en el otoño de 2009, medio año después de que Griñán relevara a Manuel Chaves al frente de la Junta. La Consejería de Empleo sacó adelante una orden que estableció unos procedimientos completamente nuevos para la tramitación de las subvenciones de los cursos a desempleados. En teoría, esa orden tenía como único objetivo adaptar a la normativa andaluza un Real Decreto sobre la misma materia aprobado dos años antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (RD 395/2007). Pero, según fuentes de la investigación consultadas por este diario, “la Junta aprovechó esa orden para derogar toda la legislación previa sobre esta cuestión y colar agujeros legales que permitieron institucionalizar el fraude masivo con los fondos de la formación”. “En la práctica”, prosiguen estas fuentes, “la Junta eliminó cualquier tipo de control sobre estas ayudas”.


 












Publicado por Alejandro Mon