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PUERTO DE GIJÓN (II): PRESUNTO FRAUDE COMUNITARIO Y NACIONAL EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL MUSEL (II)

Oficina de Lucha contra  el fraude (OLAF)

De la OLAF (UE) al FISCAL GENERAL DEL ESTADO (ESPAÑA) y FISCALIA ANTICORRUPCIÓN


La ingenieria financiers de Rosa Aza, actual presidenta del Musel, es proverbial.
¿Con cargó a qué ingresos devolverá los 25 millones de euros al Banco de Bilbao pero no provisionados, y que habrán de ir directamente a pérdidas en la cuenta de resultados portuaria?

El Puerto de Gijón tendrá que devolver los 199 millones de euros cobrados de la UE, y amortizar, además, con cargo a sus propios fondos el préstamo de 25 millones, cobrados y no provisionados contablemente, que obtuvo del Banco de Bilbao en tiempos de Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, y avalados con los 50 millones que consideraba pendientes de cobro de la subvención comunitaria, pero que ya jamás cobrará. La ingeniería financiera de Rosa Aza , actual presidenta del Puerto, manipulando la contabilidad portuaria y reformulando cuentas para dar unas pérdidas mínimas, pero falsas, se le viene abajo. Ya no podrá ser engañando a su Consejo de Administración, al que le veda toda información, persiguiendo a los que no son de su cuerda, en la medida estalinista de sus posibilidades. En el Puerto todo es ocultación y falta de transparencia. Pero la falsedad y la mentira, con la pasiva complicidad de la presidenta del Puerto, Rosa Aza, y el su periódico cómplice LNE, no tardando mucho, se esclarecerá.

Puerto de Gijón: Fernando Menéndez Rexach (PSOE), expresidente , y Jose Luis Díaz Rato (PSOE ... ?), Director, los malhadados e irresponsables gestores de la nefasta "Obra de Ampliación del Musel", patrocinados por Vicente Alvarez Areces (PSOE) , entonces presidente de la Comunida autónoma "Principado de Asturias" y apoyados por el entonces, y ahora, presidente de Puertos del Estado José Pérez Llorca (PP)
Vicente Álvarez Areces, expresidente de Asturias, y José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, entonces y ahora, los tuteladores de la "Obra de Ampliación del Musel" (Gijón-Asturias) ... ¿Cómo pudieron desbarar hasta estos extremos?

La Oficina Contra el Fraude remite al fiscal general del Estado su informe para que actúe

La OLAF considera que se han podido cometer delitos que afectan a los intereses financieros de la UE

El PSOE, con Vicente Alvarez Areces, expresidente de Asturias, celebra la terminación de la presunta fraudulenta y delictiva "Obra de Ampliación del Musel"
¿En qué manos, de gestores inútiles e ignorantes de su cometido, se puso la ejecución de una infraestructura tan innecesaria, pero tan costosa?

¿Cómo pudo ser que el servicio jurídico del Puerto no alertara a sus gestores jefes de tamañas y posibles irregularidades?
Los culpables han de indemnizar al Puerto por los daños causados a su patrimonio.
De ello se encargará la Fiscalia Anticorrupción . 


La función no ha hecho nada más que comenzar.
La OLAF ha entregado en la oficina del fiscal general del Estado una copia de su informe sobre la ampliación del puerto de El Musel, según han confirmado fuentes comunitarias. El informe de la OLAF propone tanto la toma de medidas administrativas como de corte judicial ante las supuestas irregularidades y fraudes detectados en la obra de ampliación de El Musel, en especial en su contratación.
Según personas conocedoras del informe, el motivo de remitir el mismo al fiscal general es que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude considera que "existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea".
Antifraude ha remitido su informe a la Dirección General de Política Regional, al Ministerio de Hacienda y al fiscal general del Estado, recomendando a los dos primeros medidas de tipo financiero y al último el ejercicio de acciones judiciales.
Además del reintegro de los 198 millones de euros de fondos de cohesión comunitarios, la OLAF también considera que España debería recuperar todo el "gasto elegible", que asciende a 531 millones de euros.
Aparte de las medidas que pueda tomar de oficio la Fiscalía, si así lo considera, el Ministerio de Fomento también ha recurrido a la abogacía general del Estado para que estudie la fórmula para "depurar posibles responsabilidades y también recuperar el patrimonio público que pudiera haberse visto perjudicado", según había explicado el martes un portavoz del Ministerio.
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El Puerto tranquiliza a su plantilla y a los clientes, a los que garantiza actividad

Rosa Aza, presidenta del Puerto, engaña a los empleados y a los clientes del Puerto.
El informe de la OLAF es letal y puede dar la puntilla al Puerto por culpa, exclusivamernte,  de los socialistas que estuvieron al frente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach y Jose Luis Díaz Rato,  de los que ella es heredera. Que no engañe al personal.
El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que recomienda a la Comisión Europea que recupere los 198 millones de euros en subvenciones con que financió la obra de ampliación de El Musel, movió ayer a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosa Aza, a contactar con los principales clientes del puerto gijonés para tranquilizarlos y garantizarles que no se verán afectadas sus actividades en la dársena gijonesa. Entre los usuarios del Puerto con los que contactó la presidenta está Arcelor-Mittal, que genera el mayor volumen de tráficos portuarios en Gijón y para el que El Musel y sus costes son claves para mantener la competitividad.
El proceso de reclamación de subvenciones será largo y antes de ponerlo en marcha, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea evaluará tanto el informe de la OLAF y los de sus otros servicios, como la información remitida por España. Contra su decisión, el Gobierno español podrá formular alegaciones en un plazo de dos meses y si no hay acuerdo al respecto, quedaría la opción de impugnar judicialmente el recorte de los fondos de cohesión. Además de la devolución de los 198 millones de euros, la propuesta del informe de la OLAF también supone, de aceptarla la Comisión, que el Puerto tampoco recibiría los 49 millones de ayudas inicialmente concedidas y aún no abonadas por la UE a El Musel.
Aza no sólo se dirigió a los grandes usuarios del puerto gijonés, sino que también explicó la situación telefónicamente a los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y, en persona, a 156 trabajadores de la Autoridad Portuaria. Esto último tuvo lugar a la una de la tarde en una reunión a la que los convocó y en la que Aza estuvo acompañada del director del Puerto, José Antonio Lago.
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Rosa Aza dice falsedades: el Reino de España, si es sancionado a reintegrar la subvención por la Unión Europea, irá, en vía de regreso, contra el Puerto de Gijón, que ha sido el beneficiario de la subvención comunitaria. Señora Aza, nos trata de tontos a los asturianos, pero la necia es usted.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, intentó ayer transmitir tranquilidad a los trabajadores de El Musel en el sentido de que el riesgo de perder las ayudas europeas a las obras de ampliación no tendrá repercusión ni en el empleo ni en los salarios. En todo caso, Rosa Aza defendió que el problema supera el ámbito de actuación de la Autoridad Portuaria y dijo: «Estamos ante una cuestión de Estado».

Aza aprecia en el Organismo Público Puertos del Estado voluntad de «pelear hasta el final» y considera imprescindible esa actitud, siempre que se cuente con la conformidad de la Abogacía del Estado, para defender una financiación de El Musel ya de por sí complicada sin perder los 49,5 millones que están pendientes de liquidar ni, mucho menos, devolver los 198 millones cobrados.
Teoría y práctica parecen dar la razón a la presidenta de El Musel en cuanto a que el espinoso asunto debe ser tratado entre Bruselas y Madrid. En lo teórico, porque las ayudas europeas son tramitadas por el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y porque las autoridades portuarias, así como los puertos que gestionan, son de titularidad estatal. En lo práctico, no parece casual que la Oficina de Lucha Contra el Fraude haya enviado su informe al Ministerio de Hacienda, ni que Puertos del Estado haya dejado al Gobierno regional sin copia de las acusaciones presentadas por Europa contra la tramitación del expediente de ampliación del puerto gijonés. La encomienda directa a la Abogacía del Estado del estudio del informe de la Onlaf es otra muestra de que la Administración central no sólo no debe, sino que tampoco quiere, compartir la búsqueda de soluciones al problema.

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La investigación concluye que la adjudicación no respetó las normas europeas. La Comisión Europea otorgó una subvención de 247,5 millones de euros con cargo a los fondos comunitarios.

Los Verdes, socios entonces del Gobierno del Principado, presentaron una denuncia, por posible fraude en las obras de amoliación del Puerto de Gijón, ante la OLAF.

Tanto Los Verdes, socios entonces del Gobierno del Principado, como Andecha Astur denunciaron en distintos momentos un intento de ampliar la subvención europea concedida para la ampliación de El Musel (247,5 millones de euros) con el objetivo de financiar el sobrecoste. La petición por España de nuevos fondos se hizo, en realidad, para una supuesta segunda fase de la obra que nunca existió ni estuvo planificada. La Unión Europea llegó, efectivamente, a conceder el dinero solicitado por España, pero la mera comprobación de que no había tal segunda fase obligó a desviar esos nuevos fondos a otra obra española.

Pero Andecha registró oficialmente su denuncia en la Oficina de Lucha Contra el Fraude, a través del eurodiputado de Europa de los Pueblos, Mikel Irujo, y la investigación fue más allá de esa segunda fase fantasma, y llegó también a la primera. Pronto surgieron discrepancias sobre el procedimiento seguido para la contratación pública, al parecer porque la normativa española es distinta a la europea, pero la Abogacía del Estado defendió siempre, al menos hasta ahora, la corrección del procedimiento seguido.

Ahora trasciende, además, el enfado de la Olaf por lo que considera falta de facilidades para acceder a determinados registros contables durante la investigación.

El resultado es un informe que propone a la Dirección General de Política Regional que recupere las cantidades entregadas (el 80% del total o, lo que es igual, 198 millones).
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Publicado por Alejandro Mon

ANGEL GONZALEZ (IU - ASTURIAS) - EL FRACCIONEMIENO DEL CONTRATO EN CONTRATOS MENORES - INHABILITACIÓN PARA CARGO PÚBLICO

Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada (Edmund Burke)

La "Ley de Contratos del Sector Público" es una ley que, como todas las leyes, hay que cumplir. No hay que olvidar que los contratos públicos se financian con nuestros impuestos, y todo gasto público debe comprometerse, aprobarse y pagarse por los poderes adjudicadores siguiendo un estricto cumplimiento de la ley. 

El enjuiciamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias del anómalo comportamiento del exviceconsejero, hoy dipuitado de IU, Angel González, ha de ser un revulsivo frente a la ligereza de los politiquillos del tres al cuarto en el manejo de los fondos públicos, y, si se confirma la ilegalidad del fraccionamiento del contrato de los monolitos en contratos menores de obras, cuando el contrato a tramitar debía haber sido el de suministro, como acertadamente consideró la funcionaria, su inhabilitación debe servir de  escarmiento a todos estos advenedizos politiquillos que entran a gestionar fondos públicos con manifiesta vulneración de la ley, metiendo la ley, eso sí, en un cajón por si en tiempos venideros hay que utilizarla, como arma arrojadiza, contra algún insignificante funcionario.

El señor Angel González creyó que la consejeria, con sus fondos, era suya, exclusivamente suya, desde el punto de vista de usufructuario, olvidando que se manejan fondos públicos para cuyo manejo ha de seguirse, INEXCUSABLEMENTE,  el procedimiento legalmente establecido.

Sólo los dictadores de pacotilla, estalinistas de procedimiento, echan a un lado las leyes y hacen de su capa un sayo.

A éste respecto, y vista su acendrada ignorancia en materia contractual, hemos de aconsejarle al señor Angel González, paradigma de los falsos y fraccionados contratos menores, la lectura de la muy abundante materia contractual referida a los contratos menores, entre cuyos escritos podemos aconsejarle  los siguientes, en los que se da una amplia visión de su estructura y contenido, sin olvidar el proceso contable al que está sometida su tramitación. presupuestaria. 


CONTRATOS MENORES Y RESPONSABLE DEL CONTRATO


El diputado de IU Angel González, según el fiscal, vulneró la Ley de Contratos del Sector Público al fraccionar el famoso contrato de los monolitos y convertirlos en "contratos menores"

El fiscal mantiene su petición de inhabilitar 7 años al diputado de IU Ángel González


La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de condenar a siete años de inhabilitación para cargo público al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de prevaricación al fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar monolitos en las fosas comunes del franquismo.

Durante la última sesión de la vista oral que celebra la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha mantenido su petición de condena contra González, así como la de cinco años de inhabilitación para Roberto Moro, secretario general técnico de la Consejería cuando el dirigente de IU era viceconsejero de Bienestar Social.

En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha calificado de "barbaridad jurídica" la tramitación realizada con el contrato en el que tanto la Sindicatura como el Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de delito al vulnerarse "todos los principios" de la contratación pública.

Para el fiscal, fueron "las prisas" derivadas de la cercanía de una convocatoria electoral las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para señalizar las fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, "una decisión legítima y encomiable si se quiere".

En las dos sesiones anteriores, González, que se negó a contestar a las preguntas del fiscal, negó haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos ni haber mantenido una conversación con una funcionaria de la Consejería en la que, según el testimonio de ésta, fue advertido de que el sistema de tramitación que proponía para el contrato suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal.

Según la Fiscalía, el entonces viceconsejero "antepuso la urgencia en la necesidad de la contratación" al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la adjudicación admitieron que "jamás" habían concurrido a una licitación "de esa forma".

"No es lo qué se hace sino cómo se hace", ha apuntado el fiscal tras incidir en que González necesitaba los contratos estuvieran adjudicados y se comenzasen a colocar antes de que en marzo de 2011 se convocasen las siguientes elecciones dado que el siguiente Gobierno podía no tener voluntad de desarrollar este programa.

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El fiscal mantiene su petición de inhabilitar siete años a Ángel González

La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de condenar a siete años de inhabilitación para cargo público al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de prevaricación al fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar monolitos en las fosas comunes del franquismo. Durante la última sesión de la vista oral que celebra la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha mantenido su petición de condena contra González, así como la de cinco años de inhabilitación para Roberto Moro, secretario general técnico de la Consejería cuando el dirigente de IU era viceconsejero de Bienestar Social.

En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha calificado de "barbaridad jurídica" la tramitación realizada con el contrato en el que tanto la Sindicatura como el Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de delito al vulnerarse "todos los principios" de la contratación pública. Para el fiscal, fueron "las prisas" derivadas de la cercanía de una convocatoria electoral las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para señalizar las fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, "una decisión legítima y encomiable si se quiere".

En las dos sesiones anteriores, González, que se negó a contestar a las preguntas del fiscal, negó haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos ni haber mantenido una conversación con una funcionaria de la Consejería en la que, según el testimonio de ésta, fue advertido de que el sistema de tramitación que proponía para el contrato suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal. Según la Fiscalía, el entonces viceconsejero "antepuso la urgencia en la necesidad de la contratación" al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la adjudicación admitieron que "jamás" habían concurrido a una licitación "de esa forma".









Publicado por Alejandro Mon