Es proverbial el agitprog, cinismo y desvergüenza de Rosa
Aza, presidenta del Puerto de El Musel, y de Belén
Fernández, consejera de Fomento, que nada tiene que ver en El Musel,
salvo como consejera, con las denuncias de la OLAF.
La constructora no engañó, no pudo engañar por la sencilla razón de que estaba sometida al control del director de la obra, Jose Luis Diaz Rato, salvo que este señor, por acción o por omisión, único responsable de las tropelías que se pudieron cometer, no cumpliera con sus obligaciones e hiciera la vista gorda.¡ Esa es su responsabilidad !
La constructora no engañó, no pudo engañar por la sencilla razón de que estaba sometida al control del director de la obra, Jose Luis Diaz Rato, salvo que este señor, por acción o por omisión, único responsable de las tropelías que se pudieron cometer, no cumpliera con sus obligaciones e hiciera la vista gorda.¡ Esa es su responsabilidad !
Es vergonzoso lo que dice la presidenta del Puerto de El Musel: … que “ …todas
las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de El Musel respecto
a la obra de ampliación fueron adoptadas por unanimidad y con los informes
técnicos y jurídicos favorables a las mismas. …”
El agitprop y el confusionismo que esta señora, incompetente por demás para
dirigir y administrar los intereses generales del Puerto, quiere y trata de
introducir en la opinión pública asturiana, no tiene parangón en la historia
del Puerto.
Claro
que las decisiones se adoptaron por unanimidad. ¡No faltaba más! Pero es que
ahí es donde está la culpabilidad de ese Consejo de Administración: jamás pidió
cuentas ni al entonces presidente, Fernando Menéndez Rexach, que se dedicaba a
viajar por el mundo a costa de los dineros públicos portuarios para nada; ni al entonces
director, José Luis Díaz Rato, también director de la obra, que no supo dirigir
la obra, y permitió, en connivencia con el presidente, las barbaridades ya
denunciadas que hicieron ambos con las canteras:
· En
primer lugar, firmando el ilegal convenio de la cantera con Hidroeléctrica del Cantábrico, causa originaria del posterior desastre, probablemente delictivo, en el abastecimiento de áridos a la obra del Puerto.
· En
segundo lugar gastándose cerca de seis (6) millones de euros en la
cantera del Alto de Aboño, que quedó para que anidaran las gaviotas (nidos
carísimos, como se puede ver).¿Autorizó este gasto el Consejo de Administración del Puerto?¿Nos puede aportar el acta de aquella sesión.... ?
· En
tercer lugar, el total desbarajuste y descontrol que el director de la obra,
Jose Luis Díaz Rato, llevó a cabo sobre las pesadas y procedencia de los camiones
que transportaban los áridos a la obra. ¿Cómo se redactaban las “relaciones
valoradas”, soporte y justificación de las subsiguientes “certificaciones de
obra”, si no se controlaba en la obra la entrada y procedencia de los camiones
para dejar constancia de la pesada y procedencia de los mismos, es decir, en
qué canteras cargaban? ¿Consta en la documentación del director de la obra la
procedencia de la carga de los camiones que cargaron en la escombrera de “Mina
La Camocha”… o en otras escombreras…? La responsabilidad del control de estos
materiales transportados por los camiones es, única y exclusiva, del director
de la obra que, para estos menesteres, contaba con el contratista de servicios “UTE
Cabo Torres” cuyo objeto contractual fue, nada más y nada menos, la “Asistencia
técnica para el control de ejecución y de la calidad para la “Obra de
ampliación del Puerto de Gijón. Pero Jose Luis Díaz Rato, director de la obra,
se limitaba a firmar lo que le presentaba la asistencia técnica que, como se
ve, no sabía tampoco cuáles eran sus obligaciones contractuales. ¡Dios los cría
y ellos sólos se juntan! ¡Ignorante el uno e ignorantes los otros! Pero la
ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.
· En
cuarto lugar, para mayor desvergüenza y desacreditación de todos esos
personajes que defiende la presidenta Rosa Aza y que tramitaron el expediente
de contratación, incluido el servicio jurídico, sin saber nada delo que habla, al
contratista de servicios “UTE Cabo Torres”, asistencia técnica a la dirección
de la obra, la pagó, casi doce millones de euros, el contratista de la obra “UTE
Dique Torres”, cuando el pago de ese contrato de servicios lo tenía que haber
hecho el Puerto, como ya ha informado, reiteradamente, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. No se puede poner a la zorra a vigilar al gallinero ... se las come.
· En
quinto lugar ….hay tantas barbaridades que denunciar … como las “actas de nuevos
precios”, completamente ilegales, que, en abril y octubre de2006, firmó con la
contrata el director de la obra Jose Luis Díaz Rato, pasando el precio del
pedraplén todo uno de7,30 € a 26,34 € el m3; y la escollera de 8,25
€ a 29,30 € el m3. ¿Autorizó el Consejo de Administración del Puerto
estos cambios de precios? Téngase en cuenta que el director de la obra no tenía
competencia para alterar los precios unitarios de la adjudicación, por lo que
cometió una auténtica ilegalidad, siendo nula de pleno derecho esa alteración
de precios extracontractual. Sólo vía modificación contractual se pueden
alterar los precios establecidos en el contrato formalizado. ¿Aprobó esos nuevos precios el Consejo de Administración? Eso es lo que dice
la OLAF.
· En
sexto lugar, echar la culpa de los supuestos fraudes de las canteras a la contrata
“UTE Dique Torres” es de un cinismo inimaginable. La contrata tiene la obligación
de ejecutar la obra contratada, pero es obligación y responsabilidad exclusiva
del director de la obra controlar a lacontrata cosa que, parece, nohizo
JoseLuis Díaz Rato …y, encima, ha sido indemnizado por el Puerto, por haber
sido cesado en su puesto de director con unos360.000 €.
· Por
último, denunciar los desatinos de Rosa Aza, Belén Fernández … y de todos
aquellos que defienden a los verdaderos culpables de este fraude monumental al
Puerto de El Musel, y que ahora se hacen las víctimas … cuando han sangrado y
siguen sangrando a todos los asturianos. ¡NO TIENEN VERGÜENZA!
La
Autoridad Portuaria estudia los datos del IVA aportados por la OLAF para
conocer si hubo engaño por parte de las constructoras
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, señaló ayer que está analizando los datos sobre el IVA entre la UTE Dique Torres y sus subcontratistas y suministradores, para considerar si ha habido algún tipo de engaño de las empresas constructoras a la Autoridad Portuaria.
“Eso es lo que estamos estudiando, porque además tengo
que recordar que la UTE nos ha puesto una demanda al Puerto reclamando un
incremento en los pagos porque no consideró que se le pagó toda la cantidad que
satisfacía todos los gastos que tenía. En definitiva, cualquier información de
la OLAF puede ser relevante para la contestación a la demanda de la UTE”,
señaló ayer la presidenta de El Musel.
Aza indicó que la OLAF tiene capacidad para obtener
información que es inaccesible para el Puerto y aludió en concreto a “las
declaraciones de IVA, que para el Puerto es imposible obtenerlas. Por lo tanto,
eso hay que estudiarlo”, en especial “las declaraciones de IVA de los
subcontratistas con la UTE y por lo tanto de las compras realizadas por la UTE”,
que pueden clarificar si los sobrecostes reclamados por Dique Torres tienen o
no un sustento real.
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 |
Fernando Menéndez Rexach, expresidente del Puerto, y, Jose Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto y director de las obras ejecutadas por la contrata "UTE Dique Torres", principales responsables de las denuncias de la OLAF
|
La ampliación de El Musel se llevó a
cabo con decisiones políticas, pero en todo momento estuvieron avaladas por
informes de técnicos cualificados y por la unanimidad en el órgano rector de la
Autoridad Portuaria de Gijón. Es la primera respuesta del Principado, a través
de la consejera Belén Fernández, y del propio puerto, a través de su
presidenta, Rosa Aza, a las acusaciones de la OLAF sobre presuntas
irregularidades en la tramitación y ejecución de los trabajos.
Ni Fernández ni Aza entraron en
pormenores del contenido del informe, pero adelantaron que, de momento, no han
detectado irregularidad alguna, al menos achacable a la Autoridad Portuaria de
Gijón, porque todas sus decisiones se caracterizaron por la unanimidad y el
respaldo explícito de los técnicos, sin que conste reparo ni reserva alguna.
En clave política, Belén Fernández
reprochó a la ministra Ana Pastor que haya responsabilizado directamente a la
gestión de los socialistas de los problemas de El Musel. Por una parte, porque,
dijo, en alguna fase de la ampliación, concretamente el diseño, el protagonismo
correspondió al PP y, por otra, porque, a su juicio, no es justo ni razonable
«poner en tela de juicio a profesionales públicos», ingenieros o juristas, que
avalaron o indujeron las decisiones políticas. «Estamos en precampaña y es
difícil sustraerse a la tentación de buscar rédito político -dijo la
consejera-, pero espero que el Gobierno del Estado realice una defensa firme y
certera de los intereses de España». Sobre la entrega a los grupos políticos
parlamentarios de una copia del informe, Belén Fernández supeditó la decisión
al informe que haga al respecto el Consejo Consultivo, ya que, al parecer, el
documento contiene datos confidenciales de algunas empresas.
El posicionamiento de la presidenta
portuaria fue más técnico y económico. Aza dejó claro, por una parte, que no
acudirá a la Junta General del Principado, como solicitó el PP, porque
«Hacienda es la autoridad competente en este caso».
Sobre las quejas de la OLAF por el
control de la obra, la presidenta de El Musel manifestó: «Por lo que he visto
hasta ahora, creo que el control y las actuaciones fueron las adecuadas». Dicho
esto, hizo hincapié en que la OLAF dispuso para su informe de 2014 de datos,
declaraciones de impuestos, por ejemplo, a los que la Autoridad Portuaria no
podía tener acceso en 2008, ya sea por ser ajenos a sus competencias o por
falta de perspectiva temporal.
En ese sentido, Aza indicó que se
«está estudiando si hubo engaño de las empresas al puerto» y defendió que si
otros cometieron irregularidades, «la Autoridad Portuaria sólo sería
responsable si pudo saberlo, pero entiendo que no fuera así».
En el mismo sentido, Rosa Aza indicó
que el informe de la OLAF puede ser utilizado en la demanda presentada por la
UTE Dique Torres para reclamar 350 millones de euros más al puerto, y dijo que
si hay indicios de que la constructora actuó ilícitamente contra los intereses
de la Autoridad Portuaria de Gijón, sería beneficiosa la intervención de la
Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene una copia del informe, enviada por la
OLAF, y estudia si puede contener materia supuestamente delictiva.
En dicha demanda, el papel de El Musel
sí es protagonista, pero en el caso de la OLAF Rosa Aza indicó que Hacienda,
Fomento y la Autoridad Portuaria de Gijón van de la mano y «estamos encontrando
respuestas» para algunas sospechas.
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Publicado por Alejandro Mon