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PODEMOS:DENUNCIA PENAL PUERTO DE GIJÓN: OBRAS AMPLIACIÓN: INACTIVIDAD Y PASIVIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL ANTE POSIBLE FRAUDE Y MALVERSACIÓN FONDOS PÚBLICOS.


Carta de Bruselas al Reino de España 
Carta de la DG REGIO: graves irregularidades y/o fraude en la Ampliación de El Musel e inactividad de las autoridades españolas 

Irregularidades y fraude: delitos en la Ampliación del Puerto de Gijón


DEMANDA DE ANTIFRAUDE CONTRA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE EL MUSEL.



“Lo sorprendente del caso, es que ante el informe de la OLAF, ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos en conocimiento judicial”(Daniel Ripa)


Se trata de una denuncia por la vía penal fundamentada en la investigación de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) sobre la contratación y la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel, remitida al Gobierno español en el mes de marzo del año pasado, en la que se aprecia la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos y fraude contra los intereses financieros de la UE, sancionados con penas comprendidas entre 1 y 4 años de prisión y multas que pueden ir del 100 % hasta el 600 % del importe del que se trate.

Entre los hechos presuntamente delictivos detectados por la OLAF destacamos: Indicios de falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por algunos camiones:

Registros de transportes duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha transporta exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual ha sido cargado en el mismo lugar por el mismo transportista. Existen un total de 88.765 registros duplicados.
-Existen transportes por un total de 17.609, 44 toneladas para las cuales el transportista no está indicado.
-Hay 1.020 transportes en los que no se menciona ningún transportista.
-Respecto de los proveedores de materiales, una clasificación de los lugares de origen de las piedras muestra que 32.562,90 toneladas no tiene lugar de origen.

A ello deben añadirse un cúmulo de irregularidades graves en materia contractual: favorecer el suministro de material pétreo de la cantera de Aboño (propiedad de Hidro Cantábrico), adjudicación directa de un contrato de suministro de piedra , sin respetar los principios de publicidad y concurrencia; vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores; modificado del contrato por un montante superior a 200 millones de euros sin nueva licitación pública; ausencia sistemática de pesaje de los camiones en las canteras; ausencia de documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratista de transporte etc.

¿Por qué se plantea esta demanda?
La Dirección General de Política Regional y Urbana de la UE dirigió en el mes de octubre del pasado año una dura carta al Ministerio de Hacienda en la que le advertía sobre la inactividad y la pasividad del Estado español ante los indicios de graves irregularidades y fraudes, indicando expresamente que no se había hecho lo suficiente para comprobar las irregularidades y que se estaba demorando la acción penal a la espera de una eventual presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía Anticorrupción, sin que la UE observase ninguna razón que explicara dicha demora, que podría dificultar la prueba de los presuntos delitos y facilitar su eventual prescripción.
La acusación de la UE hacia el Estado Español es muy grave y precisamente, con el fin de evitar la prescripción de los delitos sobre la que alerta, decidimos plantear la denuncia de los hechos ante la Audiencia Nacional.

¿Sobre qué se fundamenta?
Como ya hemos dicho, el fundamento de la denuncia es el extenso y prolijo informe de la OLAF, realizado por funcionarios independientes, pertenecientes a una Institución europea especializada en la lucha contra el fraude,  alejada de los focos de presión política y económica que puede padecer los Organismos e Instituciones internas de los Estados y, por ello, con un plus de objetividad e imparcialidad en la persecución de conductas irregulares y fraudulentas.

Lo sorprendente del caso, por emplear un adjetivo suave, es que ante un informe de investigación con la contundencia del emitido por la OLAF, ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos en conocimiento judicial

¿Por qué la han presentado?
Debe tenerse en cuenta que la ampliación El Musel es la principal obra pública ejecutada en Asturias en la última década: el contrato se adjudicó en 579 millones de euros y fue modificado incrementándose en otros 250 millones de euros.
El importe total del dinero gastado en esta obra faraónica de muy dudosa necesidad supera el doble del coste real del recién inaugurado Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Parece obvio que ante una inversión pública de tanta importancia, debe exigirse un especial escrúpulo en la gestión de los fondos públicos, particularmente en una situación de crisis con unos efectos sociales y humanos tan devastadores como la que padecemos.

Es absolutamente reprobable que el Estado tolere casos de corrupción económica – malversación de fondos públicos etc. -  mientras recorta gastos y servicios públicos que condenan a miles ciudadanos a la pobreza y la miseria. 


El fiscal general manda a Anticorrupción el informe europeo sobre la obra de El Musel

La oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del puerto exterior gijonés.


Anticorrupción "está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en los juzgados, si considera que hay materia para ello.


Entre las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados, Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres, la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.


La OLAF remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha sido remitido a las administraciones comunitaria y española.


Se trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria. El informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su mayor parte anexos.


La obra de ampliación de El Musel fue adjudicada a Dique Torres en 2005 en 499 millones de euros. La Autoridad Portuaria asumió posteriormente un modificado de 124 millones de euros incluyendo sobrecostes y ampliaciones de obra. Además, pagó otros 85,67 millones en concepto de actualización de precios. El coste final de la obra rondó los 710 millones.

La UE acusa a España de facilitar el archivo del supuesto fraude en la ampliación de El Musel
UNIÓN EUROPEA

La Comisión Europea considera que la demora de España en ejercer acciones penales ante el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel facilita que queden impunes los supuestos delitos que se desprenden, indiciariamente, de la investigación efectuada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Para Bruselas, esa demora dificulta la prueba de los supuestos delitos y facilita su prescripción. Éste es uno de los motivos que ha llevado a la UE a retirar la totalidad de la subvención a la obra de ampliación de El Musel, 247,5 millones, dado que la interposición de una querella o denuncia es la única vía para "realizar de manera eficaz el control financiero" de la obra. Un control exhaustivo que ha sido imposible ante la negativa de la Ute que ejecutó los trabajos (Dique Torres, Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), a facilitar su contabilidad a la OLAF.


En la carta remitida el pasado viernes por la Comisión a Hacienda se reprocha a España que "no ha hecho lo suficiente para comprobar la irregularidad denunciada por la OLAF y recuperar la cantidad perdida".


El informe final de la OLAF aludía a una serie de irregularidades y/o fraude supuestamente cometidos por la Autoridad Portuaria o por Dique Torres en connivencia con el Puerto. En relación, por ejemplo, con la contratación de la obra, elevación del precio pagado a Dique Torres por los materiales cuando ésta obtenía sin contraprestación económica directa gran parte de la piedra y rellenos usados en la ampliación y supuesta falta de control en la cantidad de materiales empleados. Estas son sólo algunas de las pinceladas del informe de la OLAF sobre una obra por la que el Puerto ha pagado 710 millones y pendiente de una reclamación judicial por parte de Dique Torres de otros 350.


Los sobrecotes de EL MUSEL Foto ilustrativa de los culpables ...
¿Sinvergüenzas, insensatos, delincuentes, prevaricadores, malversadores de fondos públicos ...? Lo que diga el juez.

Denuncian ante los tribunales las obras de ampliación de El Musel

Raimundo Abando Tartiere, presidente de Ciudadanos por Asturias
La asociación civil Ciudadanos por Asturias, presidida por Raimundo Abando Tartiere, ha presentado una denuncia contra los responsables de la Autoridad Portuaria, los miembros del Consejo de Administración y de la UTE Dique Torres.
 
La asociación civil Ciudadanos por Asturiasha presentado en los juzgados de Gijón una denuncia contra los responsables de la Autoridad Portuaria, los miembros del Consejo de Administración y de la UTE Dique Torres por la presunta comisión de siete delitos en la ampliación del puerto de El Musel.


La denuncia fue presentada el pasado 3 de noviembre en el Decanato para que le de traslado al juzgado correspondiente, según ha informado hoy el presidente de la Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, y el asesor Francisco Fentales.


La querella considera que el procedimiento seguido para las obras de ampliación del puerto ha "violado" el ordenamiento jurídico europeo y también el español y pide el procesamiento de el expresidente de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach, y del ex director José Luis Díaz Rato.


También pide que sean procesados todos los miembros del Consejo de Administración que han votado favorablemente las resoluciones de ese organismo y los directivos de la UTE Dique Torres que realizó las obras.


Según la asociación se pudieron haber cometido los delitos de corrupción entre particulares, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones ...

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Dirigir El Musel cuesta 372.000 euros

Jose Mª Alcoba, Jefe del Servicio Jurídico en Asturias, además de estar designado como vocal del Consejo de Administración, pilota el asesoramiento jurídico del Puerto en virtud de un Convenio de Asistencia Jurídica, que rondará los 20.000 euros, que tiene firmado la Abogacía General del Estado con el Puerto, como entidad pública empresarial. En realidad este convenio es un "contrato de servicios", adjudicado "a dedo", convenio que tiene prohibido la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 4.1c) TRLCSP).  y, por tanto, ilegal. El asesoramiento jurídico del Puerto, de ser necesario, pues tiene abogados en su staff, José Luis Barettino entre otros, debe licitarse como cualquier "contrato de servicios", y publicarse en el "Perfil de contratante" del Puerto, cosa que no se hace. ¿Cuál fue el coste de las asistencias jurídicas, en su conjunto, al Puerto durante el ejercicio 2014? Transparencia.
 La Autoridad Portuaria logró en 2013 una cifra de negocio de 40,3 millones, con 171 trabajadores y una dirección que le supone 371.919,91 euros. El dato suma las retribuciones brutas de su presidenta Rosa Aza, el director general José Antonio Lago, las dietas y gastos de viajes de ambos y las compensaciones a los miembros del consejo de administración.

De todos, quien tiene reconocido un mayor sueldo es Lago. En aplicación de la Ley de Transparencia, el Puerto remitió a EL COMERCIO una documentación según la cual los nueve trienios del director elevan su retribución bruta a 114.319,14 euros.

La cifra le sitúa entre los asturianos mejor pagados del sector público. Le superan la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, con 153.416,15 euros de sueldo anual bruto y Santiago Fernández, gerente del consorcio de residuos (Cogersa), a quien el PP atribuyó recientemente una percepción anual de 118.000 euros.

Con todo, la nómina excede a la del director general de la Agencia Tributaria, el gijonés Santiago Menéndez (113.803,7 euros) y al ovetense Álvaro Cuesta, vocal del Poder Judicial (112.249 euros). El director artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Rossen Milanov, también queda por debajo, con una retribución máxima de 95.000 euros. Entre los cargos públicos, el delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo (81.584,88 euros) y el presidente del Principado Javier Fernández (63.704,9 euros) ganan también menos que José Antonio Lago.

El director de El Musel tiene largo recorrido en la gestión portuaria y vivió tiempos mejores en lo salarial. En 2011 fue gerente de la terminal de …

 


Ampliación puerto de Rotterdam por trucosymanualidades






Publicado por Alejandro Mon