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| Carta
de Bruselas al Reino de España Carta de la DG REGIO: graves irregularidades y/o fraude en la Ampliación de El Musel e inactividad de las autoridades españolas |
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| Irregularidades y fraude: delitos en la Ampliación del Puerto de Gijón |
DEMANDA
DE ANTIFRAUDE CONTRA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE EL MUSEL.
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“Lo sorprendente del caso, es que ante el informe de la OLAF, ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos en conocimiento judicial”(Daniel Ripa)
Se trata de una denuncia
por la vía penal fundamentada en la investigación de la Oficina de
Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) sobre la
contratación y la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel,
remitida al Gobierno español en el mes de marzo del año pasado, en la que se
aprecia la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos y
fraude contra los intereses financieros de la UE, sancionados con penas
comprendidas entre 1 y 4 años de prisión y multas que pueden ir del 100
% hasta el 600 % del importe del que se trate.
Entre los hechos
presuntamente delictivos detectados por la OLAF destacamos: Indicios de
falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por
algunos camiones:
- Registros de
transportes duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha
transporta exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual ha sido
cargado en el mismo lugar por el mismo transportista. Existen un total de
88.765 registros duplicados.
-Existen transportes por
un total de 17.609, 44 toneladas para las cuales el
transportista no está indicado.
-Hay 1.020
transportes en los que no se menciona ningún transportista.
-Respecto de los
proveedores de materiales, una clasificación de los lugares de origen
de las piedras muestra que 32.562,90 toneladas no tiene lugar de origen.
A ello deben añadirse un
cúmulo de irregularidades graves en materia contractual: favorecer
el suministro de material pétreo de la cantera de Aboño (propiedad de Hidro
Cantábrico), adjudicación directa de un contrato de suministro de piedra , sin
respetar los principios de publicidad y concurrencia; vulneración del principio
de igualdad de trato de los licitadores; modificado del contrato por un
montante superior a 200 millones de euros sin nueva licitación pública;
ausencia sistemática de pesaje de los camiones en las canteras; ausencia de
documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratista de
transporte etc.
¿Por qué se plantea esta
demanda?
La Dirección General de
Política Regional y Urbana de la UE dirigió en el mes de octubre del pasado año
una dura carta al Ministerio de Hacienda en la que le advertía sobre la
inactividad y la pasividad del Estado español ante los indicios de
graves irregularidades y fraudes, indicando expresamente que no se había
hecho lo suficiente para comprobar las irregularidades y que se estaba
demorando la acción penal a la espera de una eventual presentación de una
querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía
Anticorrupción, sin que la UE observase ninguna razón que explicara dicha
demora, que podría dificultar la prueba de los presuntos delitos y facilitar su
eventual prescripción.
La acusación de la UE
hacia el Estado Español es muy grave y precisamente, con el fin de evitar la
prescripción de los delitos sobre la que alerta, decidimos plantear la denuncia
de los hechos ante la Audiencia Nacional.
¿Sobre qué se
fundamenta?
Como ya hemos dicho, el
fundamento de la denuncia es el extenso y prolijo informe de la OLAF,
realizado por funcionarios independientes, pertenecientes a una Institución
europea especializada en la lucha contra el fraude, alejada de los focos
de presión política y económica que puede padecer los Organismos e
Instituciones internas de los Estados y, por ello, con un plus de objetividad e
imparcialidad en la persecución de conductas irregulares y fraudulentas.
Lo sorprendente del caso, por emplear un adjetivo suave, es que
ante un informe de investigación con la contundencia del emitido por la OLAF,
ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos
en conocimiento judicial
¿Por qué la han
presentado?
Debe tenerse en cuenta
que la ampliación El Musel es la principal obra pública ejecutada en
Asturias en la última década: el contrato se adjudicó en 579 millones de
euros y fue modificado incrementándose en otros 250 millones de euros.
El importe total del
dinero gastado en esta obra faraónica de muy dudosa necesidad supera el doble
del coste real del recién inaugurado Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA).
Parece obvio que ante
una inversión pública de tanta importancia, debe exigirse un especial escrúpulo
en la gestión de los fondos públicos, particularmente en una situación de
crisis con unos efectos sociales y humanos tan devastadores como la que
padecemos.
Es
absolutamente reprobable que el Estado tolere casos de corrupción económica –
malversación de fondos públicos etc. - mientras recorta gastos y
servicios públicos que condenan a miles ciudadanos a la pobreza y la miseria.
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El fiscal
general manda a Anticorrupción el informe europeo sobre la obra de El Musel
La
oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para
la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el
informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de
ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas
irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del
puerto exterior gijonés.
Anticorrupción
"está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un
portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en
sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en
los juzgados, si considera que hay materia para ello.
Entre
las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se
obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la
cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados,
Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres,
la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.
La OLAF
remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones
judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido
delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la
Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha
sido remitido a las administraciones comunitaria y española.
Se
trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia
sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón
archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en
Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria. El
informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su
mayor parte anexos.
La obra
de ampliación de El Musel fue adjudicada a Dique Torres en 2005 en 499 millones
de euros. La Autoridad Portuaria asumió posteriormente un modificado de 124
millones de euros incluyendo sobrecostes y ampliaciones de obra. Además, pagó
otros 85,67 millones en concepto de actualización de precios. El coste final de
la obra rondó los 710 millones.
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La UE
acusa a España de facilitar el archivo del supuesto fraude en la ampliación de
El Musel
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| UNIÓN EUROPEA |
La
Comisión Europea considera que la demora de España en ejercer acciones penales
ante el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel facilita que
queden impunes los supuestos delitos que se desprenden, indiciariamente, de la
investigación efectuada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
(OLAF). Para Bruselas, esa demora dificulta la prueba de los supuestos delitos
y facilita su prescripción. Éste es uno de los motivos que ha llevado a la UE a
retirar la totalidad de la subvención a la obra de ampliación de El Musel,
247,5 millones, dado que la interposición de una querella o denuncia es la
única vía para "realizar de manera eficaz el control financiero" de
la obra. Un control exhaustivo que ha sido imposible ante la negativa de la Ute
que ejecutó los trabajos (Dique Torres, Dragados, Drace, Sato, FCC y
Alvargonzález Contratas), a facilitar su contabilidad a la OLAF.
En la
carta remitida el pasado viernes por la Comisión a Hacienda se reprocha a
España que "no ha hecho lo suficiente para comprobar la irregularidad
denunciada por la OLAF y recuperar la cantidad perdida".
El
informe final de la OLAF aludía a una serie de irregularidades y/o fraude
supuestamente cometidos por la Autoridad Portuaria o por Dique Torres en
connivencia con el Puerto. En relación, por ejemplo, con la contratación de la
obra, elevación del precio pagado a Dique Torres por los materiales cuando ésta
obtenía sin contraprestación económica directa gran parte de la piedra y
rellenos usados en la ampliación y supuesta falta de control en la cantidad de
materiales empleados. Estas son sólo algunas de las pinceladas del informe de
la OLAF sobre una obra por la que el Puerto ha pagado 710 millones y pendiente
de una reclamación judicial por parte de Dique Torres de otros 350.
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| Los sobrecotes de EL MUSEL Foto ilustrativa de los culpables ... ¿Sinvergüenzas, insensatos, delincuentes, prevaricadores, malversadores de fondos públicos ...? Lo que diga el juez. |
Denuncian ante los
tribunales las obras de ampliación de El Musel
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| Raimundo Abando Tartiere, presidente de Ciudadanos por Asturias |
La asociación civil Ciudadanos por
Asturias, presidida por Raimundo Abando Tartiere, ha presentado una denuncia
contra los responsables de la Autoridad Portuaria, los miembros del Consejo de
Administración y de la UTE Dique Torres.
La
asociación civil Ciudadanos
por Asturiasha presentado en los juzgados de Gijón una denuncia contra los responsables de la
Autoridad Portuaria, los miembros del Consejo de Administración y de la UTE
Dique Torres por la presunta
comisión de siete delitos en la ampliación del puerto de El Musel.
La
denuncia fue presentada el pasado 3 de noviembre en el Decanato para que le de
traslado al juzgado correspondiente, según ha informado hoy el presidente de la
Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, y el asesor Francisco Fentales.
La
querella considera que el procedimiento seguido para las obras de ampliación
del puerto ha "violado" el ordenamiento jurídico europeo y también el
español y pide el procesamiento de el expresidente de la Autoridad Portuaria
Fernando Menéndez Rexach, y del ex director José Luis Díaz Rato.
También
pide que sean procesados todos los miembros del Consejo de Administración que
han votado favorablemente las resoluciones de ese organismo y los directivos de
la UTE Dique Torres que realizó las obras.
Según la
asociación se pudieron haber cometido los delitos de corrupción entre
particulares, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico
de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones ...
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El director de El Musel tiene largo recorrido en la gestión portuaria y vivió tiempos mejores en lo salarial. En 2011 fue gerente de la terminal de …
Dirigir
El Musel cuesta 372.000 euros
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| Jose Mª Alcoba, Jefe del Servicio Jurídico en Asturias, además de estar designado como vocal del Consejo de Administración, pilota el asesoramiento jurídico del Puerto en virtud de un Convenio de Asistencia Jurídica, que rondará los 20.000 euros, que tiene firmado la Abogacía General del Estado con el Puerto, como entidad pública empresarial. En realidad este convenio es un "contrato de servicios", adjudicado "a dedo", convenio que tiene prohibido la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 4.1c) TRLCSP). y, por tanto, ilegal. El asesoramiento jurídico del Puerto, de ser necesario, pues tiene abogados en su staff, José Luis Barettino entre otros, debe licitarse como cualquier "contrato de servicios", y publicarse en el "Perfil de contratante" del Puerto, cosa que no se hace. ¿Cuál fue el coste de las asistencias jurídicas, en su conjunto, al Puerto durante el ejercicio 2014? Transparencia. |
La Autoridad Portuaria logró en 2013 una cifra de negocio de 40,3 millones, con 171 trabajadores y una dirección que le supone 371.919,91 euros. El dato suma las retribuciones brutas de su presidenta Rosa Aza, el director general José Antonio Lago, las dietas y gastos de viajes de ambos y las compensaciones a los miembros del consejo de administración.
De todos, quien tiene reconocido un mayor sueldo es Lago. En aplicación de la Ley de Transparencia, el Puerto remitió a EL COMERCIO una documentación según la cual los nueve trienios del director elevan su retribución bruta a 114.319,14 euros.
La cifra le sitúa entre los asturianos mejor pagados del sector público. Le superan la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, con 153.416,15 euros de sueldo anual bruto y Santiago Fernández, gerente del consorcio de residuos (Cogersa), a quien el PP atribuyó recientemente una percepción anual de 118.000 euros.
Con todo, la nómina excede a la del director general de la Agencia Tributaria, el gijonés Santiago Menéndez (113.803,7 euros) y al ovetense Álvaro Cuesta, vocal del Poder Judicial (112.249 euros). El director artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Rossen Milanov, también queda por debajo, con una retribución máxima de 95.000 euros. Entre los cargos públicos, el delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo (81.584,88 euros) y el presidente del Principado Javier Fernández (63.704,9 euros) ganan también menos que José Antonio Lago.
El director de El Musel tiene largo recorrido en la gestión portuaria y vivió tiempos mejores en lo salarial. En 2011 fue gerente de la terminal de …
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Ampliación puerto de Rotterdam por trucosymanualidades
Publicado por Alejandro Mon