Pagamos
ahora, tarde y mal, una desidia de décadas: no haber hecho ejecutivas las sentencias del Tribunal Constitucional.
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Tribunal Constitucional ... "¿... en qué país democrático y en qué Estado de Derecho sus resoluciones no se cumplen?": ESPAÑA |
Que
hayamos tenido que llegar hasta aquí y que, a estas alturas, un gobierno
democrático se vea en la necesidad de reforzar aprisa y corriendo la capacidad
sancionadora del tribunal constitucional de su país, sólo demuestra la inadmisible lenidad
en la que han incurrido sistemáticamente todos nuestros responsables políticos
desde que la Transición se culminó.
Porque
en el resto de las naciones civilizadas con las que España se relaciona en
términos de igualdad no se producen desafíos como el que los independentistas
catalanes han lanzado al Estado español. Pero es que en los países que pudieran
correr un riesgo, aunque remoto, de ruptura de la cohesión y unidad nacionales,
esta eventualidad está prevista, afrontada y resuelta en la legislación desde
el minuto uno de la aprobación de sus constituciones.
Pero
en España no. En España un gobierno
socialista derogó el recurso previo de inconstitucionalidad, que estaba
vigente en la legislación española. Veinte años más tarde nos encontramos con
que un Estatuto rechazado por el principal partido de la oposición y recurrido
ante el Tribunal Constitucional, era votado en referéndum antes de que ese
Tribunal emitiera sentencia sobre la constitucionalidad de ese texto
estatutario. El sistema democrático había quedado deliberadamente debilitado
ante conflictos que eran posibles en el 85 y que fueron reales en 2006.
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¿Por qué la ley reguladora del Tribunal Constitucional no contiene un artículo que dote de carácter ejecutivo sus resoluciones? A ningún presidente, aún viendo y constatando que no se cumplian las sentencias del Constitucional, le importó un bledo ... ¡Ellos son culpables!, pero el más culpable Zapatero, que dió alas al independentismo catalán ... |
Más
tarde, en 2003, un gobierno popular introdujo como ahora, es decir,
deprisa y corriendo, una modificación del Código Penal por la que se sancionaba
con penas de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convocara un referéndum
careciendo de competencias. En 2005 esa modificación fue derogada por un gobierno
socialista con el argumento de que «no está en juego la protección del Estado
de Derecho frente amenazas secesionistas». Y así nos vemos ahora.
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El
Grupo Popular en el Congreso tramitará por el procedimiento de urgencia en este
mes de septiembre una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
que dota a éste de capacidad de imponer sanciones cautelares para obligar a la
ejecución de sus sentencias, ya que, con la regulación actual, sus sentencias no son EJECUTIVAS.
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La
capacidad de atisbar los problemas futuros que pudieran amenazar a España y la
valentía para dotar a la democracia de instrumentos para defenderse ha brillado
por su ausencia o se ha abordado en términos de magna chapuza, como la que hoy
nos ocupa. Hace muchos años que nuestra legislación debería haber estado
preparada para eventualidades como la que ahora tenemos delante. Pero el
beatífico pensamiento impecable con la que tradicionalmente se han adornado
nuestros políticos, tan escandalosamente miopes, hace posible esto: que un Gobierno que
lleva cuatro años dirigiendo el país con mayoría absolutísima, tome en el
último instante una medida que era necesaria pero que ha resultado
absolutamente torpe en los modos y en las circunstancias en que se ha tomado,
empezando por el momento –¡a menos de un mes de las elecciones que los
independentistas pretenden vender como un plebiscito!– y terminando por la invasión
del candidato del PP en el escenario donde se anuncia la medida.
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La tuneladora de la reforma se pone en marcha por el PP
… durante los gobiernos en los que los nacionalistas
eran socios del PP o del PSOE no se realizaron propuestas para hacer cumplir
las sentencias del TC
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No se
podía haber hecho peor. Pero hay que decir que ésta, igual que otras tantas
medidas que puedan paliar la indefensión de nuestra democracia ante los ataques
desde dentro de sus enemigos, son tan necesarias como exigibles.
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Una reforma justificada en el fondo, pero incorrecta en la forma (2.09.2015)
¡Ya era hora! (2.09.2015)
Publicado por Alejandro Mon