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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: UNA REFORMA VALIENTE: UNA REFORMA NECESARIA: LAS SENTENCIAS HAN DE SER EJECUTIVAS PARA QUE NO DECAIGA EL ESTADO DE DERECHO QUE ARTURO MAS SE HA CARGADO EN CATALUÑA




La reforma del Tribunal Constitucional

La vicepresidenta del Gobierno,Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado esta mañana que la modificación de la ley para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora "no va contra nadie", sino que "fortalece" el Estado de Derecho para que las decisiones de los tribunales se cumplan.
EL GRUPO Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado recientemente una proposición de Ley Orgánica «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho», que introduce en la LeyOrgánica del TC (LOTC) un nuevo art. 82.4.b), en virtud del cual si «las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares», en el plazo que se les fije, incumplen total o parcialmente las resoluciones del Tribunal, éste podrá «[a]cordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal», pudiendo «el Tribunal… requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones» [art. 82.4.c)]. 

Las críticas a esta reforma de la LOTC han sido prácticamente unánimes, tanto por razones de forma como de fondo, no sólo desde los partidos de la oposición, sino también por parte de numerosos líderes de opinión y de profesionales del mundo del Derecho. 
Por lo que se refiere a las objeciones de forma, éstas están cargadas de razón. A pesar de que ha habido tiempo de sobra para acometer esa reforma con tranquilidad, ésta se propone en las últimas semanas de la presente legislatura, por procedimiento de urgencia y con tramitación de lectura única, emanando además del partido que sostiene al Gobierno, y no como proyecto de Ley del Gobierno, con lo que se evita, así, que el texto sea sometido al Consejo de Estado y a otros órganos consultivos. Finalmente, y también con razón, se ha criticado que el portavoz del Grupo Popular registrara en el Congreso dicha proposición de Ley acompañado de García Albiol, una persona en la que no concurre la condición de diputado, sino únicamente la de cabeza de lista del PP a los próximos comicios catalanes, por lo que su injustificada presencia en dicho acto sólo se puede interpretar como el abuso de esa circunstancia para hacer electoralismo. 

Pero esa unánime crítica de la proposición de Ley del Grupo Popular no sólo va dirigida a los aspectos formales, sino que se dirige también al fondo de lo regulado por tal proposición. 

Dentro de esta conexión, se ha afirmado que la reforma es «innecesaria» porque el TC dispone ya de mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones, y que politiza al TC, convirtiéndole en un ejecutor al servicio del Gobierno, ya que, según los catedráticos de Derecho Constitucional Cámara y Montilla, se introducen «nuevos mecanismos de coerción aplicables contra poderes autonómicos por un órgano distinto [el TC] al constitucionalmente previsto [el Gobierno previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, art. 155 CE]».
Además, mientras que el líder socialista Pedro Sánchez considera que, con esta reforma, «Mariano Rajoy legisla para la extrema derecha de su partido», Artur Mas ha afirmado que «se carga al Estado de Derecho», que «lleva incorporada la música de la Inquisición» y que supone «un retroceso histórico muy grande a los años 30 [en referencia a los regímenes autoritarios alemán e italiano]». 

En Derecho, cuando se formula una afirmación, para que se la pueda tomar mínimamente en serio, debe ir seguida de la conjunción «porque». Ninguna de esas afirmaciones críticas con la reforma que acabo de reproducir va seguida de tal conjunción, de tal manera que nos quedamos in albis sobre cuáles son esos mecanismos de los que dispone el TC para hacer cumplir sus resoluciones, sin que tampoco se nos explique por qué la referida reforma convierte al TC en un ejecutor al servicio del Gobierno, ni qué tiene que ver esa modificación de la LOTC con la extrema derecha, con la destrucción del Estado de Derecho o con la Inquisición, ni por qué supone una regresión a los Estados totalitarios alemán e italiano de los años 30 del pasado siglo. 

El art. 117.5 CE atribuye a los juzgados y tribunales la facultad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, facultad que corresponde también constitucionalmente al TC, porque, aunque no sea un órgano integrado en la jurisdicción ordinaria, no por eso deja de ser un Tribunal jurisdiccional. 

Los juzgados y tribunales ordinarios de todos los órdenes (civil, penal, laboral, etc.) tienen a su disposición medios coactivos para ejecutar sus resoluciones, en el caso de que éstas no se cumplan voluntariamente por sus destinatarios, dependiendo de aquéllos la policía judicial, a la que corresponde «la realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coacción y ordenare la autoridad judicial o fiscal» [art. 549.1.c) Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)]. Así, por ejemplo, y para acudir únicamente a resoluciones dictadas dentro del procedimiento penal, si el juez dicta auto de prisión, para el cumplimiento del mismo expedirá dos mandamientos: uno a la policía judicial que haya de ejecutarlo y otro al director del establecimiento penitenciario que debe recibir al preso (art.511.1 LECrim), y, por dar un segundo ejemplo, cuando se condena a un acusado a una pena privativa de libertad, el juez o tribunal hace ejecutar dicha pena, requiriendo para ello «el auxilio de las Autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno» (art.990, párr. 2º LECrim). 






TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SENTENCIAS: NO SON EJECUTIVAS: PRESIDENTES DE ESPAÑA: CULPABLES POR DESIDIA DURANTE SUS MANDATOS.

 










Publicado por Alejandro Mon