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INTERVENTORES MUNICIPALES: INTERVENTOR DE OVIEDO: RESPALDÓ LA DEVOLUCIÓN DEL AVAL ... FUE LEGAL EL INFORME DEL INTERVENTOR?



El interventor de Oviedo respaldó la devolución del aval a Aquagest que firmó Caunedo
José Luis González, Interventor municipal del Ayuntamiento de Oviedo: Caso Aquagest
El Interventor, en el ejercicio de su función FISCALIZADORA, ante la propuesta de devolución, formulada al Örgano de Contratación, de la garantia constituida por el Contratista en un CONTRATO PÚBLICO,  lo que tiene que hacer es comprobar si el contrato se ha cumplido en su TOTALIDAD según lo pactado,  de lo que obtendrá EVIDENCIA si se han cumplido los trámites contractuales exigidos por la Ley de Contratos Públicos, entre otros trámites, que haya en el expediente un informe del RESPONSABLE DEL CONTRATO/DIRECTOR DE LA OBRA indicando que no hay responsabilidades del Contratista que impidan su devolución. Todas las demás consideraciones SOBRAN,  ya que no forman parte de la FUNCIÓN INTERVENTORA. Comprobar si el contrato se cumplió o no se cumplió le corresponde al Órgano de Contratación, no al Interventor. Las alegaciones que formule el Contratista, en su caso, las ha de resolver el Órgano de Contratación, NO el Interventor. Al Örgano de Contratación le corresponde exigir el estricto CUMPLIMIENTO  del contrato, de lo que dejará constacia, en tiempo y forma, con ese INFORME  que ha de emitir, antes de que se proponga la devolución de la garantía, el RESPONSABLE DEL CONTRATO/DIRECTOR DE LA OBRA. ¿Comprobó todo eso el Interventor? Por eso, los seis folios que dice le llevaron para justificar la devolución de la garantía, SOBRAN: en un cuarto de folio, COMO MUCHO, tiene que entrar el informe del Interventor, DANDO VIA LIBRE, en su caso, a la devolución de la garantia, devolución que, por otra parte, ha de tramitarse de oficio por el Órgano de Contratación, y no a instancia de parte.


Agustín Iglesias Caunedo no ha sido imputado por la juez del "caso Pokémon", Pilar de Lara, pero vive en el ojo de la tormenta política desatada por el sumario, al que no tiene acceso. Mientras los agentes de Vigilancia Aduanera recaban por orden judicial expedientes municipales, buscando pruebas de posible tráfico de influencias, Iglesias Caunedo intenta, casi a tientas, armar su defensa, que ya ha puesto en manos de un experto en derecho penal. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exalcalde guarda un mutismo completo sobre las acciones que adoptará en el ámbito judicial para sostener su inocencia y no ha desvelado la documentación que remitirá a la juez Pilar de Lara, que la pasada semana dictó una providencia instándole a que justificase con documentos si había pagado los viajes a Nueva York, Croacia y Florida, que realizó en 2009 y que presuntamente fueron abonados por empresas de la trama. Iglesias Caunedo recibió la notificación ayer, así que aún está en plazo.
La juez ordenó el pasado día 10 la búsqueda de nuevos documentos sobre una de las actuaciones municipales que están bajo la lupa: la devolución de una fianza a Tribugest-Aquagest, cifrada en 403.000 euros (la correspondiente a las fianzas de dos contratos). Ese aval había sido presentado por la empresa como garantía del contrato de recaudación, que prestaba con el nombre comercial de Gestión de Ingresos. El convenio para devolver parte de esa fianza total (la correspondiente a 140.000.000 pesetas, ya que fue depositada en 1997, cuando aún el euro no había entrado en vigor) fue firmado por Iglesias Caunedo, que era concejal de Economía, lo que ha llevado a la juez instructora a indagar si hubo un posible cohecho o tráfico de influencias.
Según el expediente municipal, sin embargo, fue el interventor el que decidió la devolución de la fianza. En principio, en 2008, en cumplimiento de un informe del alto funcionario, la Junta de Gobierno decidió rechazar la petición de la empresa de que se levantase la caución, un dinero depositado en forma de aval en una entidad bancaria, que el Ayuntamiento podría incautar si había incumplimientos en el contrato. En principio, el interventor detectó varios, y propuso no devolver el aval. Ya en 2009 (año de los viajes, lo que ha impulsado las sospechas) la empresa recurrió la decisión y presentó alegaciones. En un informe de seis folios, el funcionario detalla qué alegaciones acepta y cuáles no y finalmente, resuelve devolver dos fianzas, correspondientes al contrato inicial, que acabó en 2002, porque "no causa perjuicio al erario público" y, "al contrario, puede ahorrar costes y dedicación a una eventual litigiosidad".
La retirada de un recurso de apelación contra la nueva adjudicación del contrato (que el Ayuntamiento había ganado en primera instancia) también pesó, según el informe técnico, en la posición del funcionario.


Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde del Ayuntamiento de Oviedo,  y el Interventor del Ayuntamiento, José Luis González.
El  "no causa perjuicio al erario público" y, "al contrario, puede ahorrar costes y dedicación a una eventual litigiosidad", son considerraciones totalmente ajenas a la función interventora en su función fiscalizadora para la devolución o no de la garantia del Contratista. ¿Cuándo la devolución de la garantia que prestó el Contratista es causa de perjuicio al erario público? y... de dónde se saca eso de ahorrar costes y la dedicación a una eventual litigiosidad?. Todo eso sobra, por innecesario, en el informe fiscal que el Interventor ha de emitir frente a la propuesta de devolución de la garantia contractual.





Artículo 102. Devolución y cancelación de las garantías.
1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.
2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.
3. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.


Los interventores municipales denuncian el control de los alcaldes

COMUNICADO DE PRENSA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ESPAÑA

Fernando Urruticoechea es interventor municipal. Por su labor de fiscalización, y tras una denuncia de Esquerra, se ha cerrado la planta de reciclaje de Crevillent (Valencia), según el Observatorio de la Ciudadanía contra la corrupción. A cambio, Urruticoechea, “ha sufrido múltiples presiones”, según este organismo. No es un caso aislado, denuncia el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital). Cada año cientos de profesionales denuncian presiones de sus alcaldes, porque las personas a las que deben controlar son al mismo tiempo sus jefes. Su situación ha llegado hasta la primera línea política. "Deben tener una carrera independiente del alcalde", ha dicho este lunes Luis Garicano, de Ciudadanos.

"El controlador está controlado por el controlado", dice Eulalio Ávila, presidente de Cosital, que vio comoun avance un cambio legal de 2013 por el que los expedientes por falta grave y muy grave dejaron de ser tramitados por los alcaldes, y pasaron a manos de Comunidades y Gobierno, respectivamente. "El alcalde tiene una potestad, como jefe, para otorgar permisos, subir o bajar funciones y aprobar el complemento de productividad, que es una parte de su retribución. También aprueba en el pleno el complemento específico, y tiene la capacidad de organización: es él quien da los medios, y por eso muchas veces son muy escasos y el control de las cuentas públicas se puede resentir", añade el presidente de Cosital, que propone crear un organismo independiente de funcionarios para instruir los expedientes y resolver las discrepancias que enfrenten a interventores y alcaldes.

Esta es la situación actual. El alcalde decide parte del sueldo, las condiciones de trabajo y los medios de los que dispone la persona que le fiscaliza. Frente a eso, los funcionarios apenas tienen medios de defensa, según denuncia Cosital. Las actas de reparo que presentan los interventores cuando observan alguna irregularidad en un contrato público no son vinculantes, a excepción de las suspensivas, que han de debatirse en pleno. Cuando son desestimadas, quedan, en el mejor de los casos, como un aviso entre miles para la posterior revisión del Tribunal de Cuentas. …










Publicado por Alejandro Mon