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PUERTO DE GIJÓN: ABOGADO DEL ESTADO: JOSÉ Mª ALCOBA ARCE: INVESTIGADO: COLABORADOR NECESARIO (II)






José Mª Alcoba Arce, abogado del Estado chapuzas, emitió "informes jurídicos" “inconsistentes/a la carta” para rebatir a Bruselas. Del ILEGAL "Convenio de Asistencia Jurídica", que formalizó la Abogacía General delEstado con la Autoridad Portuaria de Gijón, trae causa, además, el comportamiento, contrario a los "intereses generales", de los gestores del Puerto de Gijón: Menéndez Rexach, Díaz Rato, Barettino ...etc. ¿Quiénes deben indemnizar al Puerto por los sobrecostes de la obra? En primer luugar, quien informó FAVORABLEMENTE,  los sobrecostes. Luego, quienes aprobaron los sobrecostes.

¡Alcoba debe indemnizar al Puerto de Gijón los 250 millones de euros de sobrecostes!

Anticorrupción cree que Alcoba realizó informes a medida para que el Puerto aprobara los sobrecostes y cuestiona su papel en la adjudicación de la obra
Eso... no es CORRUPCIÓN? No puede seguir de jefe, no puede seguir asistiendo a "Mesas de contratación", no puede seguir emitiendo informes jurídicos "a medida"/corruptos, y debe ser suspendido de empleo y sueldo hasta que el Juez dicte sentencia. Ha sido desleal en la defensa de los "intereses generales" del Estado. No es digno de seguir siendo abogado del Estado al ser un borrón corporativo.

Uno de los informes del Abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba, que ha puesto en cuestión la Fiscalía Anticorrupción, fue realizado expresamente para tratar de frenar el procedimiento abierto en 2008 por la Comisión Europea para revisar las subvenciones que había concedido a la obra de ampliación de El Musel. Los Verdes de Asturias (Equo) habían comunicado a la UE que el Puerto estaba tratando de hacer pasar como una segunda fase de la ampliación lo que en realidad eran sobrecostes, para conseguir más ayudas europeas. 
 
La Abogacia General del Estado , o está remisa o no se ha enterado todavía, de que los "Convenios de Asistencia Jurídica" que tiene, ILEGALMENTE, según jurisprudencia del TJUE, firmados con Entidades Públicas Empresarialñes, Fundaciones y Sociedades Mercantiles Estatales, son ILEGALES, convenios que le reportan ILEGALMENTE, con PROBABLE apropiación indebida de "fondos públicos", unos 20 (veinte) millones de euros al año para retribuir, ILEGALMENTE, en concepto de productividad, al grupo corporativo de los Abogados del Estado. Todos esos convenios deben ser anulados, y devueltos al Tesoro Público los millones de euros que, ILEGALMENTE, han afluido a la Abogacía General del Estado. El ministro de Hacienda, Sr. Montoro, debe tomar cartas en el asunto y esclarecer todo este tinglado. 
El Interventor General, calla, pero debe hablar. La Abogacia General del Estado, ni se inmuta, pero tiene que tomar medidas, aunque se le venga abajo todo el tinglado. ¿Acabará siendo la Fiscalía Anticorrupción la que acabe desenredando la maraña de esta posible corrupción? 
En todo caso, debería ser el Consejo de Estado el que se pronunciara, de una vez por todas, sobre este asunto de la Abogacia General del Estado.
Bruselas había aprobado 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión para la ampliación. El Puerto esperaba obtener otros 135 millones para sufragar los sobrecostes. Al final, otra denuncia de Andecha Astur llevó a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) a abrir una investigación que se saldó con un informe que la fiscalía y Ocan (asociación ligada a Podemos) llevaron a la Audiencia Nacional y con una propuesta de la Comisión Europea para revocar los 247,5 millones con-cedidos a la obra, decisión que no es firme y contra la que alegó el Puerto. Las alegaciones se apoyan, en buena medida, en los informes del Abogado del Estado, cuyo papel pone en duda Anticorrupción. 
 
¿Quién avalaba jurídicamente los "sobrecostes"? El abogado del Estado, Jose Mª ALcoba. ¿Quién defendía los "sobrecostes" de la obra en el Consejo de Administración?Buendia ...etc.¿Quién certificaba los "sobrecostes" de la obra"? El Director de la obra, José Luis Díaz Rato.

El informe elaborado para tratar de frenar la revisión del expediente de la obra en Bruselas es el dictamen rubricado por José María Alcoba el 10 de octubre de 2008, que abunda en las consideraciones que ya había plasmado en un dictamen anterior, del 4 de diciembre de 2007, para justificar la modificación del proyecto de la obra, elevando su presupuesto en 250,9 millones de euros y alargando el plazo de ejecución en 22 meses



Aquel primer informe facilitó la aprobación de los sobrecostes por el Consejo de Administración del Puerto y también se escudaron en ese dictamen los entonces presi-dente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, en su comparecencia conjunta ante la Junta General del Principado. 
Alcoba ha sido citado en la Audiencia Nacional como investigado    


 









Publicado por Alejandro Mon