El juzgado abre una nueva
investigación sobre el fraude en colegios de Asturias
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¿Quién es Mª Jesús Otero Rebollada? Una maestra que se convirtió en la suprema autoridad en compras centralizadas de la Consejeria de Educación, claro está, con el beneplácito de Riopedre, entonces consejero de Educación, y Tini Areces, entonces presidente de Asturias y, hoy, portavoz de los socialistas en el Senado.Mª Jesús, alias la Roldana, llevaba directamente, cual señor feudal, las compras centralizadas: ella encargaba los sumionistros, ella tramitaba las facturas, ella ordenaba los pagos, ella ... hacia todo: nula transparencia y todo opacidad administrativa. Por lo que se ve, no se hacian "ACTAS DE RECEPCIÓN", sólo se conformaban los albaranes, parece ser que, para colmo, falsificados, y el INTERVENTOR, ... lo era entonces Luis Francés, marido de Mercedes Fernández (PP)? ... Repito, el INTERVENTOR, no profesional, como TODOS del Principado de Asturias, no vió NADA, o ... es que no entendia NADA de lo que se estaba haciendo? ¿Cómo se puede fiscalizar de conformidad el reconocimiento de una obligación sin estar justificada la prestación por parte del contratista? El INTERVENTOR también es RESPONSABLE de todo este fraude si tramitó de conformidad los pagos sin estar justificados. Este es el gran problema de la Administración del Principado de Asturias: no hay INTERVENTORES profesionales !!! Mañana, cualquier dia, pueden nombrar INTERVENTOR al xiatero de Argame!!! Y, no digamos, a quien nombran INTERVENTOR GENERAL???!!! Gente que no conoce, y se morirá sin conocer, cuáles son las funciones verdaderas de un INTERVENTOR PROFESIONAL. Pero a Javier Fernández, que conoció la Administración Central, ésta situación del control interno en manos de "no profesionales" le importa un carajo....¿Para qué vamos a nombrar INTERVENTORES profesionales? ¿Para que nos exijan el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria? (Atrs 54 y sgtes)
Un solo juicio no era
suficiente para depurar todo el 'caso Renedo'. El pasado 6 de octubre la fiscal
especial contra la corrupción, Esperanza González Avella, interpuso una segunda
denuncia contra el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex
directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez
(accionista de la desaparecida Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez (dueño
de la quebrada APSA). Les atribuye una serie de indicios que no pudieron
analizarse en el juicio celebrado el año pasado por la tardanza del Principado
en reconocerlos.
La magistrada María del
Carmen Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 4, tiene asumidas las
nuevas pesquisas y ha citado ya a declarar a los cuatro. Deben comparecer el
próximo martes día 21 en calidad de investigados, la actual denominación de los
imputados.
Esta segunda fase del
caso se centrará en el fraude en los colegios. Tal y como destapó EL COMERCIO,
en junio de 2015 la secretaria general técnica de Educación hizo una selección
de todas las facturas pagadas a Igrafo, APSA y sus respectivas filiales durante
parte de la etapa de Riopedre. Concretamente se fijó en las tramitadas entre
enero de 2009 y agosto de 2010, mes en el que el consejero dimite y su 'número
2' se jubila. Los recibos reflejaban el dinero entregado a cambio de pizarras,
ordenadores, pupitres y otro material que, según los documentos, fue entregado
en centros de toda la región.
Para verificar las
operaciones, la funcionaria remitió las facturas a cada uno de esos colegios,
institutos y conservatorios, solicitando le confirmaran si, en efecto, los
productos se encontraban en las aulas. Desde 34 concejos, 87 directores y
exdirectores respondieron que no habían visto esos suministros.
De sus versiones, la
fiscal colige que en unos casos la consejería «entregaba material 'motu propio'
sin que los centros lo pidieran y sin que en ocasiones necesitaran tal
material». «Nunca se daban albaranes de entrega y bajo la excusa de premura,
obligaban a los encargados de los centros a firmar hojas aparte de recepción
del material sin que pudieran realizar comprobación alguna de que coincidía lo
que firmaban con lo que habían recibido», agrega.
Examinados los
albaranes, «en muchos de ellos» se comprueba que «no se había recibido nada en
el centro o el listado era incompleto respecto a lo facturado y pagado por la
consejería». Otros consultados «no reconocen sus firmas o están puestos sellos
que no se corresponden con los del centro». Hay casos donde el propio centro
había pagado por la entrega, y luego la consejería volvía a abonarla. …
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Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba eltexto refundido del Régimen Económico y Presupuestario. |
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Javier Fernández no quiere Interventores profesiinales, es decir, de carrera, quiere nombrarlos "a dedo", gente sin formación financiera-presupuestaria-interventora para, así, hacer más llevadera la gobernanza. Por ejemplo, vayan a la página web del Principado de Asturias y vean la enorma cantidad de "contratos menores" que hacen las consejerias, fraccionándolos prácticamente, sobre todo las de Belén Fernández y Mª Jesús Álvarez, dando "contratos menores", inútiles, totalmente INÚTILES, al INDUROT, cuyo Director es Jorge Marquínez, de triste memoria en la Confederación Hidrográfica del Norte y en AquaNorte S.A., y que tiene montado su chiringuito, apoyado por el Rector de la Univerisdad de Oviedo, chiringuito que funciona como si fuera una CONTRATA de consultoria y asistencia privada. ¡Una vergüenza!... Hay mucho más ....Y, a todo esto, qué dicen los interventores "no profesionales", nombrados "a dedo"? ...NADA. No saben, no contestan.
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Es patético el desastre de administración que reinaba en la Consejeria de Educación, claro está, en manos de una incompetente maestra, ignorante de lo que es la gestión de una Administración Pública. Tal es el desastre que en los expedientes de "reconocimiento de la obligación", es decir, en los que, junto a las facturas, debían figurar los certificados/actas de recepción que reflejaran la prestación realizada/entrega del material por los contratistas -suministradores. Pues, bien, esa documentación no constaba en los expedientes de "reconocimiento de la obliogación", pero el "interventor no profesional", ignorante de lo que es la función interventora, no exigia esa documentación y firmaba en barbecho.Esto es trrible.El desastre de la administración socialista, el decontrol, el poner la intervención en manos de incompetenres, es la CAUSA del robo y saqueo que se generó, según lo publicado, durante el reinado del incompetente Riopedre y de la, aún, más incompetente Mª Jesús Otero, maestra ignorante, que JAMÁS debió ser ascendida al puesto de "directora general" sustrayendo los expedientes a los funcionarios ... pero el incompetente interventor nol decia NADA.
La
investigación judicial sobre el fraude de los colegios que ha motivado la
apertura de una pieza separada del 'caso
Renedo' se centra únicamente en un año y medio de la gestión de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero al frente de la
Consejería de Educación. El informe que ha sacado a la luz las presuntas irregularidades
en la entrega de material a centros educativos analiza las facturas del periodo
comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2010.
El análisis de los datos de contabilidad ha permitido detectar cuatro millones de euros de supuesto descuadre durante los 19 meses investigados. Aunque el montante podría ser muy superior si se tiene en cuenta que los responsables de la supuesta trama ocuparon la dirección de la consejería durante un periodo de siete años.
La
magistrada María del Carmen Blanco,
titular del juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, es la encargada de la
dirección de las investigaciones y ha citado a declarar a los cuatro imputados
el próximo martes, 21 de febrero. Se trata de José Luis Iglesias Riopedre,
consejero de Educación entre 2003 y 2010; María Jesús Otero, exdirectora
general de la misma consejería; y los empresarios Víctor Manuel Muñiz
(accionista de Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (propietario de Almacenes
Pumarín). La fiscalía les atribuye irregularidades en la supuesta compra de
material para colegios, unos indicios que no pudieron ser juzgados en el juicio
celebrado el año pasado por una supuesta demora por parte del Principado para
reconocer el descuadre….
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He aquí los principales CULPABLES, no todos, de la desastrosa y corrupta administración socialista de la era Tini Areces, José Luis Riopedre y Mª Jesús Otero, la maestra ignorante de lo que es una "administración pública" y de cómo debe gestionarse lo que es un "acuerdo marco": nunca lo estudió, nunca lo aprendió y se morirá sin saberlo. ... cómo la pudieron ensalzar hasta una dirección general? ... INCOMPRENSIBLE.
ACUERDOS MARCO - CENTRAL DE COMPRAS- CORRUPCIÓN POLITICA – OPERACIÓN MAREA
Publicado por Alejandro Mon