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IGLESIA CATÓLICA: EXENCIONES TRIBUTARIAS: ICIO: FINALIDAD ESTRICTAMENTE RELIGIOSA



Las exenciones de la Iglesia, sacudidas por el Tribunal de Justicia europeo

 

 José Ramón Chaves García, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y autor de la página delajusticia.com -referente nacional en este campo- hace un análisis, en esta columna, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la cuestión prejudicial planteada por el juez Carlos Gomez Iglesias, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid, por el litigio entre los Escolapios de Getafe y el Ayuntamiento de esa ciudad del sur de Madrid.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de Junio de 2017 se adentra a enjuiciar si se ajusta al Derecho comunitario y a la prohibición de ayudas estatales al ejercicio de actividades económicas, la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que deriva de los Acuerdos con la Iglesia Católica de 1979.


Cuestión sumamente interesante. Contra todo pronóstico, ya que la abogado general ante el Tribunal de Justicia era favorable a la exención de tales ayudas, el Tribunal europeo declara prohibidas las ayudas públicas que se muevan fuera del ámbito estrictamente religioso y particularmente cuando se proyectan sobre actividades ajenas al campo pedagógico subvencionado por el  Estado.

V.      Conclusión de la Abogado General Sra.J.Kokott
102. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia responder a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid en los términos siguientes:
«Una exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras como la que corresponde a la Iglesia Católica en virtud del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979 no vulnera la prohibición de las ayudas estatales del artículo 107 TFUE, apartado 1, siempre que afecte a un edificio escolar utilizado por la Iglesia Católica, no para la prestación comercial de servicios de enseñanza, sino para la prestación de servicios de enseñanza en el marco de su labor social, cultural y educativa

Veamos, razonamiento, matices e implicaciones.

1.- Los antecedentes son claros:


Un colegio de los escolapios (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania) pretendía que el Ayuntamiento de Getafe le devolviese casi 24.000 euros que había abonado en impuestos municipales (el de construcciones, instalaciones y obras, ICIO) por unas obras de reforma del Salón de actos para instalar 400 butacas con el fin de destinarlo a reuniones, cursos y conferencias, amparándose en los Convenios con la Santa Sede. …

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

Una exención fiscal como la controvertida en el litigio principal, de la cual se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, si tales actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.











Publicado por Alejandro Mon

CANAL ISÁBEL II: FINANCIÓ PARAMILITARES COLOMBIANOS: ROBO Y SAQUEO A LOS MADRILEÑOS: RESPONSABLE: PRESIDENTES COMUNIDAD M ADRID



El Canal financió a los paramilitares en Colombia


El Canal debe reducir su actividad a la Comunidad de Madrid: su externalización, además de ILEGAL,  es una auténtica fuente de corrupción, puesta en bandeja a corruptos profesionales, gente que no forma parte del personal de la CM:.Deben cerrarse, URGENTEMENTE,  todas sus filiales y contratos vigentes fuera de la Comunidad de Madrid. Deben ser juzgados todos los consejos de administración que autorizaron su externalización, tanto en España como en América: vulneraron la ley.
El Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Iberoamérica con las que se robaba dinero público 
El Canal de Isabel II no sólo pagó las campañas de políticos colombianos, como publicó este diario y confirman los pinchazos de la operación Lezo, sino que también financió a grupos paramilitares colombianos. 

Todo ello se desprende de la confesión de uno de los líderes de los paramilitares en la costa del país, producida en el marco del proceso de paz de Colombia. José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, actualmente preso, aseguró en 2014 que recibió dinero de Metroagua, una de las filiales controladas por el Canal, en concreto en la localidad de Santa Marta. 

El Canoso afirmó que se reunió habitualmente con Diego García, gerente de Inassa, la matriz del Canal para América Latina, y que recibió dinero y cheques de éste y de Jorge Roa, directivo de Metroagua. 

Empresas públicas: abrevaderos de políticos inútiles
Sobre Diego García pesa una orden internacional de detención emitida por el juez Velasco en la operación Lezo. Y su vivienda fue una de las registradas en Colombia hace dos semanas durante una operación conjunta de las fiscalías Anticorrupción española y colombiana. Además, a este directivo se refiere el ex presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en uno de los pinchazos telefónicos como quien había «pagado campañas de presidentes y alcaldes». 


SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS (OBJETO SOCIAL)
Y
 EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles PÚBLICAS se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado (OBJETO SOCIAL) sirviendo con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso sería una dura y pura prevaricación administrativa.
“Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
“Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)




«Nos financiaron y [...] el señor Diego y el señor Roa, que eran los gerentes en aquel tiempo de 2002 y 2003, me dieron cheques para poder pagarle a la gente de la urbana que se encargaba de controlar que no se conectaran de manera ilícita al agua que bajaba desde la captación que ellos llevaban porque la estaban desviando», afirmó El Canoso, cuyo testimonio reprodujo esta semana el medio Noticias Uno. …

























Publicado por Alejandro Mon